La parálisis en la que se encuentra la Operación Chamartín no solamente perjudica a los madrileños en términos de inversión (hablamos de la mayor operación urbanística de Europa), empleo (hay 120.000 puestos de trabajo en juego) y movilidad (se trata de un proyecto clave para mejorar el tráfico en el nudo norte de la Castellana).
Hay, además, un cuarto factor que está pasando de puntillas por el debate público pero que tiene una especial significación. Se trata de la aportación fiscal neta que supondría la aprobación de este proyecto para el Ayuntamiento de la capital de España.
Y es que, tal y como explica la memoria de proyecto elaborada por PwC y Hill International, el consistorio que gobierna Manuela Carmena ingresaría 868 millones de euros una vez se ejecuten todas las actuaciones ligadas al llamado Distrito Castellana Norte.
Las cuentas de la Operación Chamartín
Para ser precisos, la actuación implica un gasto de 590 millones por parte del Ayuntamiento, que se repartiría en 274 millones para la inversión en equipamientos públicos, 252 millones para el mantenimiento y los servicios urbanos de la zona y 64 millones para asumir las cargas urbanas ligadas a esta actuación.
No obstante, también está contemplado que la Administración municipal reciba 655 millones por la venta de suelo, 564 millones en concepto de IBI, 138 millones por el ICIO, 36 millones por el IAE y 65 millones por el impuesto municipal de plusvalías. En total, unos ingresos de 1.458 millones de euros.
En términos netos, hablamos de 868 millones de euros que, puestos en perspectiva, permitirían reducir la deuda casi un 20%, pasando de 4.766 a 3.898 millones de euros. Una importante rebaja del pasivo municipal que saldría del bolsillo de BBVA y San José, promotores del proyecto, y aceleraría notablemente el proceso de reducción de la deuda del Ayuntamiento.
Trabas municipales
Como ha explicado Libre Mercado, el Ayuntamiento que gobierna Ahora Madrid no ha dudado en poner todo tipo de trabas al proyecto, con el agravante de que los inversores no están dispuestos a esperar más allá del 31 de diciembre de 2016. Desde el equipo de Manuela Carmena se pone todo tipo de trabas a aspectos tan variados como la edificabilidad o la financiación del proyecto.