El Gobierno valenciano prevé multar con hasta 30.000 euros, e incluso podría expropiar, a las entidades bancarias y grandes propietarios que no pongan a disposición de la Generalidad las viviendas vacías que tengan en la Comunidad.
Así lo recoge el anteproyecto de ley por la Función Social de la Vivienda que aprobará el miércoles el Consejo, y que este lunes han presentado el presidente de la Generalidad, Ximo Puig, y la consejera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador.
La norma pretende hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución Española y, para ello, contempla medidas de fomento y estímulo para que salgan al mercado las más de 500.000 viviendas vacías que se calcula que existen en la Comunidad Valenciana.
Además, prevé sanciones a entidades o grandes propietarios que no pongan a disposición sus viviendas vacías, e incluye medidas para evitar desahucios, e incluso, la expropiación de viviendas, aunque esto quedará en suspenso hasta que la ley estatal de segunda oportunidad acabe su vigencia (en mayo de 2017) o se derogue.
Puig ha destacado que el fin de la ley no es expropiatorio sino que pretende activar el derecho subjetivo al acceso a una vivienda y aproximarlo a otros derechos fundamentales como la sanidad, la educación o la dependencia, así como "mover el mercado" y ayudar a sectores como el de la rehabilitación y la construcción.
Para ello, se creará un registro de viviendas vacías, en el que se inscribirán las viviendas de grandes propietarios (aquellos con más de diez residencias) que lleven más de dos años deshabitadas y sean declaradas vacías por una resolución de la Generalidad.
Quedarán excluidos de este registro los particulares, así como las viviendas destinadas a segunda residencia, a usos turísticos o profesionales, los dotacionales, los que se ofrecen en venta o alquiler, los que están pendientes de partición hereditaria o los afectados por traslados temporales.
La Generalidad creará también un registro de oferta y demanda para aquellos particulares que quieran inscribir inmuebles de forma voluntaria, además de establecer ayudas públicas al alquiler y contra la pobreza energética; medidas de estímulo para el fomento del alquiler, y ofrecer mediación.
En caso de que no prosperen estas medidas, la Administración aplicará multas coercitivas en el caso de viviendas que sigan vacías seis meses después de inscribirse en el registro de viviendas vacías, que van desde los 600 a los 30.000 euros. Salvador ha destacado que se busca que "sea menos rentable incumplir la ley que cumplirla", puesto que la finalidad de la norma "no es recaudatoria sino incentivadora" y pretende motivar a los grandes propietarios de vivienda a que dejen de tener inmuebles vacíos.
La ley también contempla acciones en procesos de desahucios de la vivienda habitual que posibiliten la continuidad en la vivienda, aunque todas ellas quedarán en suspenso hasta que se derogue o acabe la vigencia de la ley de segunda oportunidad, con el fin de evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
Salvador ha explicado que la aplicación de todas las medidas tiene un coste estimado de 20 millones anuales y que, una vez en marcha la ley, se podrá determinar el número de viviendas vacías de los grandes propietarios, así como los demandantes.