Tres semanas después de que la Comisión Europea advirtiera por enésima vez al gobierno español de la necesidad de atajar el déficit de nuestras comunidades autónomas, Luis de Guindos ha anunciado en ABC que nuestro país presentará el mes que viene en Bruselas "un conjunto de actuaciones" para corregir la situación.
Ya se podría haber molestado el ministro de Economia en funciones en adelantarnos algunas de esas "actuaciones", si tenemos en cuenta que no ha habido un solo año en el que el conjunto de nuestras administraciones regionales no hayan superado los topes fijados en una Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Gobierno de Rajoy ni ha cumplido ni ha hecho cumplir.
Oyendo a Montoro hace cuatro años, se supone que la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, con sus mecanismos de "vigilancia, sanción e intervención", iba a tener "suficiente armadura" para corregir la situación de descontrol en el gasto de nuestras comunidades autónomas. De hecho, a estos "instrumentos preventivos y correctivos previstos en la Ley de Estabilidad española" ha hecho referencia la Comisión Europea y el FMI en todos sus avisos al gobierno español. Visto, sin embargo, que el único mecanismo que se ha puesto en marcha en estos años ha sido el de hacer la vista gorda y el de asistir a las comunidades más incumplidoras a través del Fondo de Liquidez Autonómica, ya me dirán ustedes que "conjunto de actuaciones" cabe esperar ahora.
Lo que parece evidente es que, sean cuales sean, van a carecer de total credibilidad: Un gobierno como el de Rajoy, que ha sido incapaz de algo tan elemental como condicionar cualquier financiación extraordinaria a la Generalidad de Cataluña a un acatamiento público de nuestro ordenamiento constitucional y al inmediato y constatable abandono de toda deriva secesionista por parte de sus mandatarios, es absolutamente incapaz de corregir nada.
Por otra parte, el Gobierno de Rajoy carece de legitimidad para exigir a las autonomías que ajusten sus gastos a sus ingresos cuando tampoco la administración central ha sido capaz de cumplir con sus propios topes de déficit. A pesar de las advertencias de Bruselas respecto del déficit del conjunto de nuestras administraciones públicas, el gobierno de Rajoy por boca de Montoro acaba de aprobar 13.427 plazas nuevas para funcionarios, un 62 por ciento más que en 2015.
Si el Gobierno de Rajoy ha sido incapaz con su mayoría absoluta de llevar a cabo una política de austeridad pública que sólo ha defendido de palabra, ya me dirán ustedes que cabe esperar de un gobierno suyo en funciones o de coalición con Ciudadanos, formación no sólo partidaria de pedir más "flexibilidad" a Bruselas sino tambien de no condicionar la ayuda de los Fondos de Liquidez Autonómica. Eso, por no hablar de la alternativa de un "frente popular"…
En cualquier caso, mientras no haya una profunda reforma de nuestro insostenible modelo autonómico, la mal llamada y peor diseñada "descentralización autonómica" va a seguir siendo una carrera a ver quien gasta más a costa de los demás.