La juez Carmen Lamela no va a investigar a la cúpula de Abengoa por falsedad de cuentas y un delito relativo al mercado y los consumidores. No lo hará, al menos, en la causa principal contra los directivos por falta de conexión con el proceso abierto. De esta forma, la Audiencia Nacional rechaza la ampliación de la querella contra Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa; Manuel Sánchez Ortega, exconsejero delegado; así como a los miembros del Consejo de Administración de la multinacional de energías renovables, donde se encuentra el exministro socialista Josep Borrell.
Según la acusación particular que impulsó la petición, cuando los querellados dimitieron o renunciaron a sus cargos en Abengoa, conocían la situación crítica de la empresa, así como que las cuentas de la sociedad no reflejaban la realidad de su situación financiera. Consideran que, de otro modo, no hubieran actuado como lo hicieron, pues si la sociedad no estaba en crisis, no hubieran renunciado a nada. Por último, pone de manifiesto que durante el año 2015 la situación de Abengoa pasó de ser muy buena hasta que en noviembre de ese mismo año entró en preconsurso de acreedores. Se concluye que los querellados falsearon los estados contables.
La juez de instrucción subraya que "tales hechos y su calificación jurídica no guardan relación alguna con los delitos de administración desleal y uso de información privilegiada por los que fue admitida la querella iniciadora del presente procedimiento". El primero de ellos se imputa a los dos querellados, Benjumea y Sánchez Ortega; porque ambos, máximos gestores de la empresa, abandonaron la misma poco antes de que se presentara en situación concursal. Se fueron cobrando indemnizaciones millonarias -11.5 millones Benjumea y 4.5 Sánchez Ortega- aún conociendo la auténtica realidad económica de la empresa. Y el segundo delito se imputa únicamente a Manuel Sánchez porque, al abandonar Abengoa, habría sido contratado por los fondos Blackrock, en los que se habría beneficiado de su conocimiento de la situación real de la sociedad de energías mediante la adquisición a la baja de acciones de la misma.
Falta de conexión
La nueva querella se dirige, además de contra los dos ya querellados, contra otras personas no investigadas hasta el momento en la presente causa "y se refiere a hechos distintos y sin conexión alguna con los investigados". Tampoco existen, sostiene Carmen Lamela, causas que aconsejen "su investigación y enjuiciamiento en una única causa".
El fiscal también aconsejó rechazar la ampliación de la querella, así como la práctica de diligencias solicitadas enfocadas al nuevo objeto procesal, al entender que "no tiene justificación, pues la investigación se referirá a hechos totalmente distintos", en los que los informes contables que se puedan solicitar o las diversas pruebas a practicar no tienen ninguna relación con lo hasta ahora investigado ni estarían dirigidas a un mismo fin. "El hecho denunciado es distinto en cada caso y, en consecuencia, la investigación también lo será". Argumenta el Ministerio Público que "la petición de ampliación de la querella se fundamenta únicamente en artículos periodísticos y no hace hincapié en ninguna de las diligencias documentales aportadas hasta ahora en la presente causa".
Este criterio es compartido por la juez instructora, puesto que la ampliación provocaría "un retraso injustificado en la instrucción del procedimiento". En consecuencia, resuelve conforme a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, rechazando la ampliación de la querella y por extensión las diligencias solicitadas.
Sí se estima oportuna una de las pruebas documentales reclamadas a fin de acreditar la relación de Manuel Sánchez Ortega con Blackrock y el posible conflicto de intereses de Abengoa y otra a través de la cual podrá aclararse la condición en la que Benjumea permaneció en la multinacional tras haber abandonado la misma y cobrado indemnización, "esencial a la hora de acreditar la comisión del delito de administración desleal".
Situación de Abengoa
La magistrada Carmen Lamela incoó la investigación, entre otras cosas, porque "la cuantía de la supuesta defraudación" podría afectar a la economía nacional, pues se está hablando de una empresa que tiene en nuestro país más de 6.000 trabajadores, cotiza en Bolsa y ha entrado en pre-concurso de acreedores debido a su situación económica, cifrándose la deuda de una manera genérica en torno a los 20.000 millones de euros.
Según anunció Abengoa la semana pasada, la sociedad reducirá su deuda corporativa hasta los 4.923 millones de euros tras la reestructuración que prevé sacar adelante para evitar el concurso de acreedores.