La gestión que viene desempeñando Manuela Carmena y su polémico equipo de concejales al frente del Ayuntamiento de Madrid no solo deja mucho que desear en su día a día, sino que pretende pervertir algunos de los valores y principios básicos en los que se sustenta una sociedad mínimamente civilizada, como es, sin duda, el derecho a la propiedad privada. Y este aberrante ataque a la libertad fundamental del individuo es aún más grave si se observa la doble vara de medir que emplea Ahora Madrid según trate con delincuentes de su particular cuerda ideológica o con empresarios.
En el primer grupo se encuadran los okupas, un movimiento que propugna y defiende la usurpación del uso de la propiedad privada a sus legítimos dueños mediante el ejercicio de la violencia. La pasividad que han demostrado las autoridades públicas en los últimos años hacia este tipo de grupos se ha traducido en un ambiente de indignación y miedo entre los vecinos de determinados barrios de Madrid, como es el caso de Carabanchel, donde existen varios edificios ocupados. Sin embargo, lo trágico es que, en lugar de garantizar el orden y combatir estos atropellos con la fuerza de la ley, el Ayuntamiento de Carmena pretende premiarlos mediante la concesión de vivienda social, lo cual, además de ser un absoluto despropósito, incentivaría de forma muy sustancial la comisión de este tipo de delitos. Es como si el ladrón no solo gozara de inmunidad, sino que, además, se le otorgase una medalla en forma de subvención pública sufragada por todos los contribuyentes.
No es la primera vez que Ahora Madrid defiende a los okupas, entre cuyos miembros abundan los simpatizantes de Carmena y Pablo Iglesias, ya que una de las múltiples medidas surrealistas que baraja el Ayuntamiento es repartir a dedo edificios públicos entre estas asociaciones y movimientos afines. No es de extrañar, por tanto, que el Ayuntamiento, pese a que teóricamente representa a todos los madrileños, rechazara el reciente desalojo de La Morada, un centro okupa de Chamberí, tras tildar de "desproporcionada" y "represiva" la actuación policial.
Esta actitud contrasta, sin embargo, con las innumerables trabas y el pésimo trato que otorgan Carmena y su equipo a los empresarios que quieren desarrollar sus negocios en Madrid. El caso de Wanda con el Edificio España o los enormes problemas que impone el Ayuntamiento al desarrollo de la Operación Chamartín constituyen dos claros ejemplos al respecto, aunque, por desgracia, no son los únicos. Poco importa que haya miles de millones de euros en juego o que la paralización de estos proyectos impida crear cientos de miles de puestos de trabajo en los próximos años. La extrema izquierda ve con malos ojos a las empresas y a los empresarios, renegando de la creación de riqueza y empleo que tanta falta hace en España. Así pues, Ahora Madrid opta por premiar a los delincuentes, mientras castiga a los empresarios. El mundo al revés.
Carmena y sus acólitos siguen sin entender que los problemas y necesidades económicas que padece parte de la población no se solventan con dinero público ni con engañosas limosnas políticas, y mucho menos permitiendo o alentando la comisión de un delito como es el robo y la usurpación de una propiedad privada, sino generando las condiciones necesarias para la atracción de inversión y empresas, con la consiguiente generación de puestos de trabajo. Su modelo, por el contrario, es un camino directo hacia la pobreza económica, la ruina moral y la descomposición de la sociedad.