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Diez recetas eficaces y realistas para acabar con el paro en España

Indemnización progresiva, rebaja de cotizaciones o condicionar el cobro de prestaciones son algunas de las medidas que propone BBVA Research.

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Imagen de archivo de un grupo de parados delante de una oficina de los Servicios Públicos de Empleo. | EFE

Que el mercado laboral español sufre graves problemas estructurales no es una novedad. Ocho años después del estallido de la crisis financiera internacional, la tasa de desempleo se mantiene en el 20%, una de las más elevadas del mundo. No es algo extraño, puesto que, desde los años 80, el paro medio ronda el 18%.

Además, el desempleo estructural (es decir, el que existiría en ausencia de crisis) oscila entre el 13% y el 16% en los últimos 30 años, una de las cifras más elevadas de la OCDE. La persistente dualidad, la precariedad laboral, la alta tasa de abandono escolar, la escasa cualificación o la incapacidad de los servicios públicos de empleo para recolocar a parados son algunas de las numerosas y bien conocidas deficiencias que sufre el mercado de trabajo en España.

La reforma laboral aprobada en 2012 ha supuesto un avance en esta materia, como bien demuestra el actual ritmo de creación de empleo, pero se queda muy corta. Por esta razón, los expertos de BBVA Research han lanzado un detallado documento en el que proponen una nueva reforma en profundidad para que el paro se reduzca hasta niveles similares a los que existen en la mayoría de países ricos de la UE.

No es una tarea imposible, basta con implantar algunas de las medidas que ya han demostrado su eficacia en otras muchas economías. A continuación, las diez grandes propuestas laborales que incluye el citado informe:

1. Contrato único

Todas las modalidades vigentes de contratación indefinida se agruparían en un único contrato lo suficientemente flexible para que los actuales tengan cabida. El contrato temporal tendría un origen causal y una duración máxima de dos años. Por último, el contrato de formación y aprendizaje favorecería la transición al empleo indefinido una vez completado el proceso formativo.

2. Mochila austríaca

La reducción del número de modalidades contractuales se complementaría con un sistema mixto de indemnización por despido. Una parte provendría de una cuenta de ahorro individual nutrida de aportaciones periódicas realizadas por la empresa con independencia del tipo de contrato (mochila austríaca), cuyo importe equivaldría a ocho días de salario por año trabajado.

Asimismo, la empresa debería pagar una indemnización adicional, que sería creciente con la antigüedad del trabajador en la empresa y mayor para los declarados improcedentes hasta converger con los límites actuales (20 días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades si es procedente, y 33 días y 24 meses en caso de improcedente). Este nuevo sistema indemnizatorio se aplicaría tan sólo a los nuevos contratos.

3. Flexibilidad salarial

También se debería generalizar el pago por rendimiento al conjunto de trabajadores, de tal forma que una parte de la remuneración fuese variable y dependiese del desempeño individual (productividad y consecución de objetivos) y de los resultados de la empresa.

4. Negociación a nivel de empresa

La negociación colectiva debe articularse en el ámbito de la empresa. Los convenios de empresa tratarían los aspectos organizativos -por ejemplo, la jornada o las políticas de movilidad funcional y geográfica- y salariales, que inciden sobre la eficiencia y competitividad individual de cada empresa.

5. Rebajar las cotizaciones sociales

El observatorio económico también propone una rebaja de las cotizaciones sociales que se financiaría con una subida de los impuestos indirectos. De manera temporal plantea introducir progresividad en las cotizaciones sociales mediante un mínimo exento para estimular la contratación de desempleados.

De acuerdo con sus cálculos, una reducción de 2,3 puntos en las cotizaciones sociales podría financiarse con un incremento de dos puntos en los tipos implícitos de los impuestos indirectos, lo que podría generar 200.000 empleos y un aumento del PIB del 0,7% a largo plazo.

6. Reducir y condicionar las prestaciones

Para la entidad, aunque la "generosidad" de las prestaciones por desempleo en España es similar a la del conjunto de la UE, su duración máxima es "relativamente elevada" y su condicionalidad es "escasa", lo que repercute en el tiempo de estancia en el desempleo.

Por ello, plantea vincular la duración del cobro de la prestación por desempleo a la evolución de la economía. La idea es que los parados cobren el paro durante más tiempo cuando la economía esté en crisis a cambio de una duración menor en fases expansivas.

Por otro lado, recomienda condicionar la percepción de prestaciones por desempleo a la participación de los parados en programas de activación, a semejanza de lo que sucede en la gran mayoría de los países del centro y del norte de Europa como, por ejemplo, Alemania.

Tras el diseño de un plan de acción personalizado, la agencia pública de empleo y el parado firman un acuerdo vinculante que recoge los servicios que serán proporcionados al demandante de empleo y sus obligaciones en relación con la búsqueda de trabajo y la intervención en programas de activación (principio de derechos y deberes). La falta de cooperación por parte del desempleado o el incumplimiento del acuerdo se podría traducir en sanciones consistentes en la reducción temporal de la prestación.

Asimismo, deberían revisarse los criterios sobre el tipo de actividades profesionales que se consideran aptas para un desempleado, acortando el tiempo de percepción a partir del cual toda colocación se considera adecuada, al tiempo que se recortan los límites sobre la distancia al puesto de trabajo conforme la permanencia en el desempleo aumenta, e incrementar la penalización en caso de rechazo de la primera oferta adecuada.

7. Hacia una protección individualizada

Además, para mitigar los desincentivos que provoca la percepción de prestaciones por desempleo, el documento plantea integrarlas en un sistema de cuentas individuales similar al existente en Chile.

Desde el año 2002, el sistema de protección por desempleo en Chile se caracteriza por la convivencia de cuentas de seguro individuales, nutridas por las contribuciones sociales de trabajadores y empresas, y un fondo de solidaridad común, financiado también por el Estado.

Cuando un trabajador pierde su empleo, recurre primero a su cuenta de ahorro, mientras que el acceso (voluntario) al fondo común es factible bajo ciertas condiciones. La evidencia sobre el sistema chileno demuestra que las cuentas individuales incrementan de forma significativa los incentivos a buscar y aceptar un empleo: los beneficiarios internalizan los costes de las prestaciones y tratan como propios los recursos acumulados en su cuenta de ahorro.

8. Mejorar la formación

BBVA Research aconseja revisar los esquemas retributivos del personal docente (pago por rendimiento), fomentar la competencia entre centros y aumentar su capacidad de decisión en determinados ámbitos. También una mayor flexibilización de los programas educativos facilitaría la reincorporación de aquellos jóvenes que abandonaron precozmente sus estudios.

9. Eliminar el salario mínimo para jóvenes

La existencia de salarios mínimos de convenio, que vinculan a todos los trabajadores con independencia de su edad, aumenta el paro entre los jóvenes. Por ello, habría que establecer una doble escala salarial progresiva y temporal, como las existentes en Bélgica, Francia, Holanda o Reino Unido, entre otros países, que incentivase la contratación de jóvenes sin experiencia o formación.

10. Prolongar la vida laboral

Se propone una reducción de la fiscalidad para los trabajadores que decidan prolongar su vida laboral. Debería generalizarse la posibilidad de simultanear la percepción de la pensión de jubilación con la realización de una actividad laboral exenta del pago de cotizaciones sociales.

Por último, es necesario iniciar la transición hacia un sistema público de pensiones de cuentas nocionales similar al de Suecia, que contribuyese a aumentar el conocimiento por parte de la población de las reglas que determinan el acceso y la cuantía de la pensión contributiva. Las autoridades deberían hacer un esfuerzo por extender a todos los trabajadores la información sobre el montante de sus contribuciones acumuladas y sobre la magnitud nocional de la pensión de jubilación. Lo anterior contribuiría a incentivar la participación en el mercado laboral.

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