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Los obstáculos legales que Carmena no ha tenido en cuenta para su operación Chamartín

El proyecto del Ayuntamiento no sólo ve la luz con todos los implicados en contra, sino con una serie de problemas legales que no están resueltos.

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El proyecto del Ayuntamiento no sólo ve la luz con todos los implicados en contra, sino con una serie de problemas legales que no están resueltos.
Carmena y los concejales Zapata, Calvo y Valiente | EFE

El plan alternativo para el norte de la capital que Manuela Carmena ha presentado este martes a los medios ve la luz sin haber superado previamente varios obstáculos legales. Según señalan fuentes municipales a Libertad Digital, si existe un expediente administrativo abierto es necesario cerrarlo antes de abrir otro nuevo. En este caso, esto no ha sido así. De hecho, no quedaba mucho por hacer respecto al proyecto de Distrito Castellana Norte: fue aprobado por la anterior Junta de Gobierno de Ana Botella y sólo faltaba elevar el plan a la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible y ésta, a su vez, al Pleno del Ayuntamiento.

Era, pues, necesario dar carpetazo de manera legal al anterior proyecto antes de poner a rodar uno nuevo. "El Ayuntamiento debe resolver antes el plan parcial que DCN puso encima de la mesa. Lo correcto es finalizar este procedimiento administrativo y a partir de ahí proponer algo nuevo".

Pero no solo esto, sino que Madrid, Puerta Norte -que así es como Ahora Madrid ha rebautizado el proyecto- "ignora todos los compromisos adquiridos entre ADIF y los promotores privados [BBVA y la constructora San José, fundamentalmente]". No es cierto que el 80% de los terrenos sean de titularidad pública, tal y como mantiene el Ayuntamiento, al menos no desde el punto de vista de un hipotético desarrollo urbanístico. El 60% de los terrenos es propiedad de Fomento-ADIF y DCN tiene un derecho de explotación en exclusiva sobre estos terrenos. La empresa ganó ese derecho en un concurso público en el año 1993 (y pagó por ello). Si se da luz verde al proyecto está obligada a pagar por esos terrenos a ADIF unos 1.200 millones de euros. Por eso, el Ayuntamiento no puede disponer de esos terrenos ni asimilarlos a otros solares públicos, porque no lo son. Nadie puede construir ahí salvo que DCN lo autorice.

Por último, este plan alternativo al de DCN invade también competencias tanto a nivel estatal como autonómico: en materia de infraestructura ferroviaria y en materia de urbanismo, señalan dichas fuentes. Así las cosas, el proyecto presentado este martes a los medios -sin contar con los propietarios de la inmensa mayoría de los terrenos ni con el resto de administraciones implicadas- "ni técnica ni jurídicamente puede ser utilizado para la redacción de ningún proyecto".

De esta opinión es Ciudadanos y así lo ha expresado su portavoz municipal. Begoña Villacís ha afirmado que el proyecto propuesto por el Ayuntamiento de Madrid para la Operación Chamartín no es viable en términos legales y critica que no se haya contado con la participación de todos los actores implicados.

Llegados a este punto, queda la pregunta de qué pasará con el proyecto de Distrito Castellana Norte (DCN). Desde la empresa están convencidos de que lo primero que tiene que hacer el equipo de Manuela Carmena es llevarlo a Pleno y que se vote. La corporación municipal se resiste, pero no está claro que pueda hacerlo. Una vez que un proyecto tiene todos los informes técnicos aprobados [y éste los tiene] no hay ninguna razón para no someterlo a votación y que todos se retraten. Si el Pleno lo aprobase, podría empezar a construirse al día siguiente, dijera lo que dijera el equipo municipal; aunque tras la reacción de este martes del PSOE –que incluso ha participado en la elaboración de este plan alternativo, esta opción no parece a día de hoy probable: todo indica que los socialistas votarían junto Ahora Madrid en contra del proyecto de DCN.

Por otro lado, la corporación municipal probablemente intente que no se llegue a ese punto. No obstante, en algún momento del proceso habrá que desestimar el proyecto de Castellana Norte, aprobado por la anterior Junta del Gobierno. Tal y como apuntábamos al inicio, es necesario dar carpetazo de manera legal al plan de DCN. Tal es la situación en estos momentos, que el asunto podría acabar en los tribunales.

Ahora bien, las elecciones generales del próximo 26 de junio serán fundamentales: con el PSOE o Podemos en Fomento el viento soplaría a favor de los planes de Carmena y los socialistas en el Consistorio.

Derechos exclusivos

Otra de las claves en todo este caso reside en el concurso público que DCN ganó en 1993 y que le da los derechos exclusivos de explotación de los terrenos propiedad de ADIF, con el que firmó un acuerdo hace menos de dos años. Aunque el Ayuntamiento se arroga esos solares [José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, habla constantemente de que el 80% de los terrenos son públicos], lo cierto es que no lo son desde el punto de vista de un posible desarrollo del proyecto. Sólo DCN tiene el derecho sobre este espacio, que ocupa más de la mitad del total.

Por último, hay que tener en cuenta que si el proyecto de DCN se viene abajo hay que empezar de cero. Y aquí surge otra cuestión legal de la máxima importancia. ¿Hay que aprobar un nuevo PGOU o basta con un Plan Parcial? En el primer caso, el Ayuntamiento se enfrentaría a un enorme problema, porque tendría que aprobar un nuevo PGOU, conseguir los informes técnicos, medioambientales, etc… Y lo más importante: poner de acuerdo al resto de actores implicados, empezando por ADIF y terminando por la Comunidad de Madrid. El plan presentado por Carmena este martes necesita el OK del Gobierno de Cristina Cifuentes.

En este sentido, todo esto es algo paradójico, porque Ahora Madrid presenta su plan como algo inmediato, que podrá iniciarse ya y que empezaría a tener resultados en esta misma legislatura. Pero viendo los plazos legales y todos los requisitos que tendría que cumplir este nuevo proyecto parece muy complicado que esto lo logre un plan que tenga que comenzar de cero.

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