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Manifestación de cientos de cooperativistas contra Carmena: "¡Manos arriba, esto es un atraco!"

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, en declaraciones a LD, desmiente al gobierno de Ahora Madrid.

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Manifestación de cientos de cooperativistas contra Carmena: "¡Manos arriba, esto es un atraco!"
Los cooperativistas se manifiestan contra el Ayuntamiento

No encuentran soluciones ni respuestas, así que han decidido echarse a la calle para que al menos se les escuche. Familias al completo de las cooperativas de Cuatro Caminos [Residencial Metropolitan] y también algunas de Raimundo Fernández Villaverde [Residencial Maravillas] se concentraron este jueves frente a la puerta del Ayuntamiento para exigir una solución que les permita seguir adelante con sus vidas y recuperar sus ahorros.

Bajo el lema ‘Ayuntamiento, ¡seguridad jurídica para las cooperativas de viviendas!’ y con gritos de "¡manos arriba, esto es un atraco!" o "¡Calvo dimisión!", cientos de personas reclamaron el desbloqueo de una situación que se alarga ya demasiado en el tiempo y para la que no vislumbran una salida favorable por parte del Consistorio.

No estuvieron solos: dirigentes locales del PP y de Ciudadanos -también UPyD- acudieron a arroparles. No así del PSOE. La concejal socialista responsable de Urbanismo, Mercedes González, se reunió con Residencial Metropolitan este martes. El encuentro –según pudo saber Libertad Digital- transcurrió en un clima de cordialidad y si bien González no les ofreció garantías acerca de su proyecto, al menos tampoco mostró su apoyo a los planes de desestimación que del mismo tiene el concejal del ramo, José Manuel Calvo.

Precisamente este mismo jueves Calvo, a preguntas de esRadio, responsabilizó a Metro - que es el que vendió en subasta pública el terreno a los cooperativistas de Cuatro Caminos- de la situación en la que se encuentran estas familias. Es el "verdadero responsable de la frustración" de los cooperativistas, dijo.

El concejal del gobierno de Manuela Carmena insistió en que estos han planteado una intervención que no cumple con los requisitos de la ficha del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que la cubrición de las cocheras, por ejemplo, supera en siete metros en algunos puntos la cota de calle, afirmó. "No nos queda más remedio, no tenemos argumento para estimarlo", dijo. Y añadió que se puede presentar un proyecto alternativo "siempre que Metro soterre y elimine los elementos en superficie de las cocheras". En definitiva, se trataría de "cumplir la legalidad vigente, que es un principio ineludible de este Ayuntamiento".

"Un prejuicio ideológico secuestra su futuro"

No lo ve así el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, presente también en la concentración de apoyo a los cooperativistas. En declaraciones a Libertad Digital, Pedro Rollán destacó lo "incompresible" que resulta que, tras "tantos años de trabajo, en donde se ha llevado a cabo la redacción de un proyecto que cumple escrupulosa y exquisitamente con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -como así lo ha ratificado hace solo 15 días la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid-, por un prejuicio ideológico, el Ayuntamiento quiera secuestrar el futuro y el presente de 443 familias"; familias que muchas de ellas, recordó, "han aportado los ahorros de toda su vida: 100.000 euros" y que "se están encontrando en una situación surrealista".

Es más, el consejero de la Comunidad de Madrid fue tajante a la hora de desmentir a Calvo: "La ficha urbanística lo que indica es el soterramiento, y la definición del diccionario de la RAE indica que soterramiento es quitar de la vista, cubrir. Hay que decir que la solución que han empleado los cooperativistas es la misma que la que se ha utilizado en la Plaza de Santo Domingo, es decir, es una figura que se contempla y que se ha aceptado por buena, como tampoco es un capricho el mantener las cotas. [….] Es imposible físicamente quitar o cambiar la cota existente".

Según manifestó Rollán, "la cota no es más que una excusa añadida. Ya lo intentaron mediante la declaración de Bien de Interés Cultural", iniciativa que fue rechazada. "Lo único que pretendían era poner la zancadilla a esta iniciativa, enterrar este proyecto, por ese urbanismo ideológico que practican".

El consejero del gobierno de Cristina Cifuentes insistió en que se trata de un "prejuicio ideológico"; que no existe ningún aspecto técnico ni legal que impida a estos cooperativistas comenzar a construir su casa y ver "cumplidos sus sueños"; sueños que "gracias al Ayuntamiento de Madrid, gracias a la señora Carmena y gracias al PSOE se han convertido en la peor de sus pesadillas".

Constituido un comité jurídico

Ignacio Diezhandino, uno de los afectados, señala precisamente que la solución para el soterramiento de las cocheras fue presentada al Consistorio "hace ya un año y medio, y entonces el Ayuntamiento nunca cuestionó ni notificó pega alguna sobre este concepto tan esencial". Hasta ahora. "Toda la tramitación de nuestro proyecto se ha realizado conforme a la normativa vigente y hemos seguido todos los trámites marcados por la legislación".

Los cooperativistas se quejan de que su futuro "no puede depender de decisiones arbitrarias y políticas que generan una profunda inseguridad jurídica" y sacan pecho de su plan, que aporta mejoras sustanciales al barrio. Y es que no sólo se soterrarían las cocheras, también la subestación eléctrica que existe dentro de este recinto y que se encuentra junto a un colegio. Sobre esta superficie se crearía un gran parque de uso público.

También se cede al Consistorio una parcela de 6.700 metros cuadrados, sobre la que se podrá construir "una biblioteca, centro para mayores…", lo que considere el gobierno municipal. Y otra serie de ventajas significativas para los madrileños y el propio Ayuntamiento, además de "generar cerca de 2.100 empleos, directos e indirectos".

La situación es tal, que los cooperativistas de Cuatro Caminos decidieron en asamblea el lunes pasado la constitución de un comité jurídico interno formado por cinco cooperativistas abogados, quienes seleccionarán un despacho jurídico externo y valorarán la interposición de las demandas pertinentes si finalmente el Ayuntamiento desestima oficialmente su proyecto.

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