"España es España". Ésta es el mejor argumento que Cristóbal Montoro ha podido encontrar este jueves por la mañana para explicar por qué el Estado acudirá de nuevo al rescate de las CCAA, que en 2015 se saltaron de forma masiva sus objetivos de déficit y que, sin embargo, seguirán teniendo acceso a los mecanismos de financiación "extraordinarios" que el Gobierno aprobó hace cuatro años. No habrá nuevas exigencias. Ninguna región será penalizada. Y tampoco se pedirán requisitos extra. FLA para todos.
La rueda de prensa tenía como objetivo explicar las cifras finales de financiación a las que tendrán acceso las comunidades autónomas, tanto a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) como a través del mecanismo extraordinario de financiación que el Gobierno creó el pasado año. Los datos pueden resumirse en una cifra: 10.435 millones, que es la cantidad que el Gobierno abonará a los proveedores de las CCAA (ver cuadro).
Tanto Montoro como su secretario de Estado, Antonio Beteta, han intentado explicar que éste no es un dinero que vaya a ir a parar a las arcas de las regiones, sino que son fondos destinados al mecanismo centralizado de pago a proveedores. Es decir, el objetivo es que aquellas empresas que hayan contratado con las administraciones puedan cobrar.
Esto está muy bien, porque no es justo que un proveedor de un Gobierno regional, con el que la administración pública ha adquirido un compromiso, se quede sin cobrar por la falta de rigor en las cuentas públicas del político de turno. Pero la pregunta que hay que hacerle a Montoro y Beteta en este caso no es ésa, sino qué van a hacer para evitar que las regiones sigan gastando por encima de lo permitido y saltándose sus objetivos de déficit año a año. Porque si no se hace nada en este sentido, el incentivo para los gobiernos regionales será seguir gastando y contratando sin tasa, sabiendo que luego llegará el Gobierno central a pagar las facturas que sean necesarias, sin ningún coste político para ellos.
La explicación de Beteta gira en torno a las exigencias que la Ley de Estabilidad Presupuestaria impone a las comunidades autónomas. En este sentido, ha celebrado que todas las regiones hayan cumplido con los requisitos impuestos desde Hacienda: Acuerdo de No Disponibilidad de Gasto, Planes de Ajuste y Planes Económicos Financieros. Y es cierto que, desde el punto de vista formal, los gobiernos autonómicos cumplen y mandan al Ministerio los documentos requeridos.
Pero el problema no es ése, el problema es que esto es más o menos lo que el Gobierno lleva explicando desde 2012, cuando aprobó la Ley: que estos mecanismos de vigilancia harían innecesaria una intervención, porque posibilitarían un control previo y la corrección de los desequilibrios antes de que estos se consoliden. Pero claro, después de cuatro años en los que las CCAA se han saltado de forma reiterada sus objetivos de déficit sin recibir más que un tirón de orejas por parte de Hacienda, cabe preguntarse qué será diferente en 2016 para que cambien su conducta.
No sólo eso, un mecanismo de financiación que el propio ministro ha reconocido que se diseñó con carácter "excepcional", con el objetivo de levantar las alfombras, conocer cuál es la deuda real de las autonomías y pagar a sus proveedores, se ha renovado año tras año y no se espera que esto cambie al menos hasta que el nuevo Gobierno alcance un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. Básicamente, lo que hace el Estado es endeudarse en nombre de las CCAA y proveer a éstas de financiación en unos términos (a veces a coste en intereses) que sería imposible encontrar en el mercado. Por eso, en esta situación, ¿qué incentivos tienen las regiones para buscar ese nuevo acuerdo?
Pues no muchos. Ahora mismo tienen un sistema en el que pueden saltarse los objetivos de déficit (quizás no de forma exagerada, pero con un margen bastante amplio) sin sufrir ninguna penalización. Y además el Gobierno les financia ese déficit extra a unas condiciones mucho más favorables de las que lo haría el Mercado. Vamos, que mutualiza la deuda haciéndonos a todos los españoles co-responsables de la mala gestión de determinados gobiernos regionales.
En este sentido, Montoro no engañaba a nadie este jueves cuando lo explicaba así, a las preguntas de Libre Mercado sobre ¿qué iban a hacer este año para que las CCAA cambiasen de postura y cumplieran de una vez por todas con sus objetivos de déficit? ¿Y qué incentivos creía que se estaban mandando a estas regiones cuando veían que su derroche en el presupuesto era siempre cubierto por el Gobierno central?
No es así, no facilitamos el dinero a las CCAA, sino que el sistema va directamente destinado a pagar al proveedor. Si no pagamos más es porque no estamos en condiciones de acreditar las facturas. Los proveedores no tienen la culpa de que se haya producido ese extra déficit, por eso adelantamos el extra FLA.
La financiación autonómica será una de las grandes reformas que habrá que hacer a partir del domingo. Lo que tenemos ahora es un sistema extraordinario. Es un mecanismo excepcional. Esos mecanismos no son los que han generado deuda, porque las CCAA han reducido a la mitad su déficit público [en esta legislatura]. No hay más deuda porque se les haya dado más holgura a las CCAA. Hablamos de mecanismos de financiación para administraciones que no pueden ir al mercado. Se abarata la deuda a través de ese mecanismo [de mutualización].
Cuando esté en vigor un nuevo sistema de financiación, estos programas ya no tendrán sentido. La consecuencia es que ahora la deuda la tienen con el estado y hemos vivido un proceso de mutualización de la deuda. Es mejor, en un país normal, en el que las administraciones están para colaborar, tener la deuda con el Estado que con un tercero. El estado está para dar cobertura.
España es España. En esa España no va a quebrar nadie. Se podía haber dejado quebrar. Pero ésa no fue la opción del gobierno. Pero es que ademas, estando en Europa, tenemos establecidos unos mecanismo. Para hacer uso de estos mecanismos financieros lo que tienen que hacer es mantener el cumplimiento de déficit. No se le está pidiendo recortes, sino que los nuevos recursos lo apliquen a reducir el déficit.
En resumen, lo que viene a decir Montoro es que las regiones que no tienen acceso a los mercados (porque no tienen solvencia ni generan credibilidad en los inversores) se pueden financiar a través del Estado, que hace así avalistas al resto de los españoles de este comportamiento irresponsable de las regiones. Lo lógico sería pedir a las regiones que recuperasen esa solvencia, ofreciendo unas cuentas creíbles y unos planes de recaudación y gasto equilibrados. Luego el Estado podría actuar en casos extremos... pero aquí llevamos ya cuatro años de "excepcionalidad"
¿Y a cambio de qué ofrece esta ayuda el Estado? Pues como han explicado Montoro y Beteta, de la presentación de unos planes económicos-financieros y unos planes de ajuste que en los últimos cuatro años no han servido para casi nada. Desde luego, no para que las regiones cumplan con su obligación con las cuentas públicas (algo que ha dañado de forma decisiva la credibilidad del país en el exterior y ante los inversores).
Pero el ministro cree que esos mismos mecanismos, sin recurrir a multas o intervenciones, serán suficientes para que en este año 2016 sí que cumplan con el déficit. Y también cree que será sencillo pactar un nuevo modelo de financiación que elimine estos mecanismos que tan bien les vienen a las CCAA para financiarse y tan perversos incentivos crean. ¿Cuál es su explicación a cómo conseguirá, como por arte de magia, todos estos cambios? Pues no ha dado ninguna. De hecho, ha eludido las preguntas al respecto. Recuerden: "España es España".