La morosidad ha sido unos de los principales problemas con los que se han encontrado las empresas españolas a la hora de capear la crisis. Tanto el sector privado como el público siguen incurriendo en una falta reiterada en el pago de sus facturas que está asfixiando a una larga lista de empresas.
El plazo máximo para que las empresas cumplan con sus obligaciones es de 60 días. En el caso de las Administraciones, tienen 30 días para abonar sus recibos, tal y como contempla la Ley de Morosidad.
Pero a pesar de lo establecido por la legislación, la realidad es que el periodo medio de pago sobrepasa todos los años estos límites. Tanto es así que según el Informe sobre Morosidad 2015, que elabora la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), el sector público pagó de media a los 75 días el pasado año, 45 días más de retraso que lo permitido. El sector privado abonó sus facturas a los 85 días, 25 días más tarde de lo que marca la ley.
El mal comportamiento del sector privado a la hora de cumplir con sus compromisos supera los límites de lo imaginable al analizar algunos ayuntamientos. El ejemplo del consistorio de Os Blancos, en Orense, es el caso más llamativo.
Y es que Os Blancos es el ayuntamiento más moroso de España. Según los datos publicados por el Ministerio de Economía referentes al mes de abril, el periodo medio de pago de esta localidad gallega es de 763 días.
Os Blancos tiene poco menos de 1.000 habitantes,pero arrastraba una deuda de 2,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2015. Su alcalde, José Manuel Castro llegó al cargo en 2011 procedente de Alternativa Popular Galega y en 2014, se sumó al Partido Popular de Ourense. Desde Libre Mercado, hemos intentado durante varios días, y en reiteradas ocasiones, contactar con el regidor para recoger una explicación de la situación financiera de su ayuntamiento, pero ha sido imposible.
Según recoge el diario Cinco Días, Castro achaca esta situación "a las deudas del pasado". Y es que a Os Blancos no le salen las cuentas desde hace años. Tanto es así que en 2008, el entonces alcalde Juan Antonio Lama ordenó que el municipio se enganchara a la corriente después de que Fenosa cortara el suministro eléctrico por impago. En 2012, se declaró en "quiebra total".