El Ayuntamiento de Barcelona está enviando a los vecinos una carta para que denuncien si en su edificio hay alguna vivienda turística ilegal. El consistorio dirigido por Ada Colau asegura que hay una oferta ilegal de alquiler vacacional que genera “especulación, economía sumergida y que puede dañar la convivencia en las comunidades de vecinos que los alojan”, informa Idealista News. La misiva señala que quieren acabar con la oferta de alojamientos turísticos ilegales, ya que es “insostenible e irrespetuosa con la legislación vigente”.
Por ello, desde el Ayuntamiento se ha intensificado la inspección contra las viviendas vacacionales ilegales y una de las medidas de choque puestas en marcha es implicar a los vecinos para que denuncien si en su edificio hay viviendas alquiladas de manera ilegal a turistas por un tiempo inferior a 31 días.
Colau asegura que también ha ampliado el personal dedicado a las tareas de inspección, elevando además las sanciones hasta un máximo de 600.000 euros contras las viviendas que no tengan la licencia municipal. El Ayuntamiento también ha habilitado una web donde se puede consultar todas las direcciones de los pisos de uso turístico que tienen licenciaactualmente en la ciudad y que, por tanto, son legales.
Para que una vivienda turística se considere legal en Barcelona, la Administración debe conceder una licencia que acredite que cumple todos los requisitos establecidos por la ley. También debe disponer de cédula de habitabilidad y no pueden alojarse en ella más personas de las que ésta establece. En cuanto al interior de la vivienda, debe estar en buen estado de higiene, amueblado y contener todos los utensilios necesarios para habitarla.
El titular de la vivienda turística tendrá que registrar el alojamiento en el Registro de Turismo de Cataluña (RTC), que está adscrito a la Dirección General de Turismo de la Generalidad de Cataluña. Además, debe cobrar a sus huéspedes el impuesto sobre las pernoctaciones en establecimientos turísticos de Cataluña (la tasa turística). Y el titular debe asegurarse de que el uso turístico de la vivienda no esté prohibido en los estatutos de la comunidad en aquellos edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal.