Ahora que PP y Ciudadanos han firmado un acuerdo básico para comenzar a negociar un conjunto de medidas económicas, políticas y sociales de cara al proceso de investidura, surge una nueva oportunidad para abordar algunas de las reformas esenciales que necesita España para salir de la crisis sobre bases sólidas y duraderas con el fin de construir un futuro mucho mejor.
En materia económica, son muchas y variadas las propuestas de mejora que puede plantear el partido de Albert Rivera para solventar el drama del paro, impulsar el crecimiento o fomentar la creación y el desarrollo de empresas, puesto que, a excepción de la reforma laboral, las iniciativas aprobadas por parte del PP durante la pasada legislatura han sido escasas e insuficientes. Sin embargo, dentro de este listado de reformas cruciales, destaca el problema del sector público, ya que de las tres grandes burbujas que sufrió España durante la época del boom -productiva, financiera y estatal-, ésta última sigue casi intacta y, por tanto, pendiente de resolución.
No es casual que España afronte hoy el mayor nivel de deuda y déficit de los dos últimos siglos. El endeudamiento de las Administraciones roza ya el 101% del PIB, su tasa más elevada desde principios del siglo XX, mientras que el déficit superó el 5% del PIB el pasado año, el segundo más alto de la zona euro, encadenando así el mayor desequilibrio presupuestario desde 1850. Todo ello demuestra que la manida austeridad no es más que un mito que urge desterrar. El sector público gasta hoy 50.000 millones de euros más de lo que ingresa anualmente, a pesar de las constantes y masivas subidas de impuestos que han sufrido familias y empresas por parte de PP y PSOE. El problema del déficit no es por falta de ingresos, sino por exceso de gasto. Y es que, el gasto público real -una vez descontada la inflación-, lejos de retroceder, se mantiene en los niveles alcanzados en 2006 y 2007, es decir, en niveles propios de la burbuja crediticia, cuando el aumento del PIB parecía no tener fin y la tasa de paro bajaba del 10%.
El programa que están negociando PP y C's debe abordar de una vez por todas y de forma seria y responsable esta problemática. No hacerlo constituiría un despropósito de alto riesgo, puesto que en caso de que surjan nuevas turbulencias financieras, España se encontraría en una situación de enorme vulnerabilidad, tal y como ha demostrado la crisis de deuda de la zona euro en los últimos años. Es necesario afrontar una profunda reestructuración del sector público, eliminando todos y cada uno de los entes y organismos inútiles e inservibles que copan la Administración, pero, igualmente, planteando una amplia reforma de los servicios básicos, las pensiones y el régimen de empleados públicos para mejorar el funcionamiento y la eficiencia del Estado. Sólo así podrá cerrarse la brecha del déficit sin recurrir a nuevas subidas de impuestos.
Si el modelo que defiende C's tiene como referencia los países nórdicos, éste y no otro es el camino a seguir. La socialdemocracia del norte de Europa se caracteriza actualmente por propugnar altas cotas de libertad económica y un sector público eficiente y sostenible.
Además, la única forma de combatir con ciertas garantías el grave y extendido problema de la corrupción política consiste en reducir a la mínima expresión el atroz y perverso intervencionismo público que, por desgracia, copa todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad civil y la actividad económica en forma de subvenciones, regulaciones, permisos, licencias y concesiones de todo tipo. El partido de Rivera puede y debe proponer reformas de calado en dichas materias, ya que, en caso contrario, nada lo distinguirá del deficiente modelo que hasta ahora han mantenido en pie PP y PSOE.