El Bundesbank acaba de reabrir un debate que, en realidad, nunca se ha abandonado. El influyente banco central de Alemania recomienda elevar la edad de jubilación hasta los 69 años para 2060, así como aumentar las contribuciones sociales, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones a largo plazo. Esta medida, según la entidad, contribuiría a aliviar la presión sobre las arcas públicas por el progresivo envejecimiento de la población. "No se debería ocultar el hecho de que son inevitables nuevos ajustes" para sostener el sistema público en pie, enfatiza.
Aunque, hoy por hoy, nadie se atreve a plantear esta posibilidad en España, la cuestión es ¿por cuánto tiempo? No en vano, Alemania es la locomotora económica de Europa, una de las economías más productivas del mundo, su tasa de paro está en mínimos históricos (por debajo del 5%), en los últimos años ha abierto sus fronteras a la inmigración, posibilitando la residencia a millones de personas y, además, ya ha retrasado la edad de jubilación a los 67 años, y, pese a todo, el Bundesbank insiste en la necesidad de alargar aún más la vida laboral.
Hace pocos años, nadie en España se planteaba retrasar la edad de jubilación y, aún menos, congelar las pensiones o reducir la cuantía real de las prestaciones y, sin embargo, eso eso justo lo que ocurrió con las reformas del sistema aprobadas en 2011 y 2013 por parte de PSOE y PP. De hecho, el agujero estructural que sufre la Seguridad Social y el previsible agotamiento de la denominada hucha de las pensiones a lo largo de la próximo legislatura obligará a adoptar nuevas medidas para poder financiar las pensiones. En este sentido, populares y socialistas coinciden en la necesidad de subir los impuestos, de una u otra forma, para poder cubrir el déficit que sufre el sistema.
Pero, a largo plazo, este tipo de medidas son sólo parches que difícilmente resolverán el problema de fondo, a saber, que el sistema público de reparto depende, básicamente, de la relación existente entre pensionistas y cotizantes. Si aumentan los primeros y bajan los segundos, el modelo tendrá que reducir más las prestaciones, aún tratando de incrementar los ingresos, con el consiguiente coste político que ello supone.
Por ello, la medida más eficaz -y menos costosa políticamente- para intentar equilibrar las cuentas es incidir sobre la ratio pensionistas/cotizantes, ya que es éste, y no otro, el núcleo del problema. De ahí, precisamente, que el sistema de reparto se asemeje tanto a un fraude piramidal estilo Ponzi, puesto que su mantenimiento depende directamente de la entrada de nuevos partícipes. Y llegados a este punto, la clave es que los estados cuentan con más margen para actuar sobre el número de pensionistas que sobre el de cotizantes, debido a una cuestión puramente demográfica, tal y como se detalla a continuación.
Las proyecciones poblacionales dejan pocas dudas al respecto. El aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad cambiarán por completo la pirámide demográfica española a medio y largo plazo.
Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de mayores de 65 años en 2052 prácticamente se duplicará respecto de la cifra actual, pasando de 8 a 14,7 millones de personas, mientras que el de trabajadores se reducirá de forma paulatina por la ausencia de relevo generacional. Si hoy las pensiones ya atraviesan dificultades financieras con dos cotizantes por jubilado (2:1), la situación se agravará conforme esta ratio baje hasta rondar 1:1.
Mínima tasa de natalidad
En España la tasa de fecundidad lleva ya casi tres décadas por debajo de 1,5 hijos por mujer y, desde 2011, en torno a 1,3 hijos, uno de los niveles más bajos del mundo. Tal y como detalla el último número de Panorama Social, publicación semestral editada por Funcas, "no se trata de un fenómeno coyuntural, ni siquiera reciente, ya que la tasa de fecundidad cruzó el umbral de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) en 1981 y se ha situado por debajo de 1,5 hijos durante las tres últimas décadas". El nivel de reemplazo hace referencia al número de nacimientos que se precisan para que el tamaño de la población se mantenga estable a largo plazo.
Y tampoco parece que vaya a ser una situación transitoria, ya que las últimas proyecciones de población del INE asumen que el nivel de fecundidad permanecerá por debajo de 1,3 hijos en los próximos 50 años.
Esto tiene importantes consecuencias. La primera es que mantener durante mucho tiempo una tasa de fecundidad de 1,3 hijos en una población estable implica que, en ausencia de migración, esa población se reducirá a la mitad en tan solo 50 años. Y la segunda es que acelera el ritmo de envejecimiento demográfico y reduce el tamaño de la población activa (futuros trabajadores). Todo ello, como es lógico, "plantea importantes retos para el mercado de trabajo, los sistemas de pensiones y los mecanismos de protección social", advierte el informe.
Aumento de la esperanza de vida
Por otro lado, la esperanza de vida ha aumentado de forma muy sustancial en las últimas décadas y todo apunta a que, salvo catástrofe, lo seguirá haciendo en el futuro. La esperanza de vida al nacer y al cumplir los 65 años se ha duplicado en los últimos cien años.
A principios de siglo XX la esperanza de vida al nacer en España apenas superaba los 40 años de media, mientras que en 2014 (último dato disponible) rozaba los 83. De hecho, España encabeza la esperanza de vida al nacimiento femenina a nivel mundial, con 85,61 años de media.
Asimismo, la esperanza de vida al alcanzar los 65 años ha pasado de 10,5 años en 1908 a más de 21 años en 2014, de modo que, al igual que al nacimiento, la duración media de la vida desde esa edad, considerada por muchos como el inicio de la vejez, se ha doblado. Al cumplir los 80 años, el aumento ha sido de 5,3 a casi 10 años. Y al llegar a los 90, ha pasado de 3,6 a 4,7 años, un incremento más modesto, pero igualmente notable.
Edad legal de jubilación: de 67 a 70 años
La fuerte caída que va a experimentar la ratio trabajadores/pensionistas se traducirá, sí o sí, en una caída real de las pensiones con respecto a la renta media de la sociedad -siempre y cuando no se apueste por empobrecer al conjunto de la población mediante masivas subidas de impuestos-. Dicho de otro modo, bajo el actual modelo de reparto, los futuros jubilados españoles -y de otros muchos países desarrollados que aplican este sistema- están condenados a cobrar prestaciones mucho más bajas que el último salario percibido, con el consiguiente deterioro de su nivel de vida.
Para atenuar este problema, el método más eficaz consiste en aumentar el número de trabajadores y/o reducir el de pensionistas. Sin embargo, dada la inexorable tendencia demográfica, o bien se facilita la llegada de inmigrantes, pero sin derecho al cobro de pensión (en caso contrario, sólo se retrasaría el problema) o bien se reduce el número de pensionistas… ¿Cómo? Retrasando la edad de jubilación, ya que permite adaptar el ciclo vital de los individuos al incremento de la esperanza de vida. Ampliar la vida laboral eleva los ingresos por cotizaciones, pero también reduce el gasto en pensiones, puesto que el período de jubilación se acorta.
No es de extrañar, por tanto, que haya sido una de las fórmulas más empleadas para tratar de mantener el sistema público en pie. La reforma de 2011 retrasó de forma progresiva la edad legal de jubilación en España de 65 a 67 años. No es el único. En los últimos años, casi una veintena de países europeos ha introducido cambios similares, elevando la edad de jubilación de 60 a 65 y algunos de ellos más allá de 65 años, desde Alemania, Austria o Bélgica hasta Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Reino Unido...
La tendencia es clara. No es la primera vez que sucede y todo apunta a que no será la última. En 2010, la Comisión Europea ya recomendó a los estados miembros de la UE elevar la edad de jubilación de forma paulatina hasta los 70 años en 2060 para evitar nuevos recortes en las futuras pensiones. "Garantizar que el tiempo de jubilación no continúe aumentando en comparación con el tiempo pasado trabajando contribuiría a la adecuación y la sostenibilidad [de las pensiones]. Esto significa aumentar la edad en que uno deja de trabajar y percibe una pensión", señalaba entonces.
"Si continúan las tendencias actuales, la situación es insostenible […] A menos que las personas, en la medida en que viven más tiempo, también permanezcan más tiempo en el mercado de trabajo, o bien la cuantía de las pensiones sufrirá o bien se producirá un aumento insostenible en el gasto por pensiones". Alemania ya lo empieza a plantear. Tan sólo es cuestión de tiempo que dicho debate llegue a España.