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¿Cuánto nos ha costado, de momento, la reestructuración del sistema bancario?

Tenemos fuentes no coincidentes en cuanto al coste de la reestructuración bancaria para las arcas públicas, lo cual es poco aleccionador.

Mikel Buesa
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El proceso de reestructuración bancaria se realizó, fundamentalmente, entre los años 2008 y 2013. En ese período, además de un amplio conjunto de operaciones que condujo a la fusión de entidades, se vertió sobre el sector una importante cantidad de recursos financieros con cargo al Estado o a entidades controladas por él. El Banco de España ha venido publicando desde 2013 una serie de notas en las que ofrece –eso sí, de una manera algo confusa– los datos sobre el asunto; y ahora acaba de hacerlo esta misma semana con la información más actualizada. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha ofrecido un análisis del mismo asunto bajo la óptica metodológica de la estimación de las ayudas de Estado, en este caso para el período antes aludido. Ni que decir tiene que ambas fuentes no son coincidentes y que cuando se escruta su contenido es prácticamente imposible compaginar los datos que ofrecen.

Yendo a lo grueso, se podría decir que, según el Banco de España, el conjunto total de las ayudas públicas otorgadas a los bancos españoles ha sumado 247.724 millones de euros y que la parte recuperada asciende a 129.495 millones, con lo que la pérdida para las arcas públicas se cifra, de momento, en 118.229 millones. El menudeo de esta última señala que se ha generado en unas aportaciones de capital a los bancos de 63.298 millones, de los que sólo se han recuperado 3.359; además, la Sareb –el banco malo– ha requerido, entre capital y avales para la emisión de deuda no recuperados, 45.659 millones; y a ello se añaden avales y esquemas de protección de activos aún no saldados por un total de 12.631 millones.

Sin embargo, las cifras son distintas en el caso de la CNMC. Según este organismo, las ayudas públicas se habrían cifrado en 186.492 millones de euros, sin que se informe, salvo marginalmente, de la parte recuperada. Sí se nos dice que las aportaciones de capital llegaron a los 61.853 millones –un poco menos de lo que apunta el Banco de España–, y que a ellas habría que sumar un rescate de activos deteriorados por un total de 32.900 millones. Entre ambos conceptos tendríamos, por tanto, 94.753 millones, de los que sólo se habrían recobrado 3.589, con lo que la pérdida para el Estado ascendería a91.164 millones. Y están después los avales otorgados por el sector público a la deuda emitida por las entidades bancarias, así como las provisiones de fondos a esas mismas entidades cuando tuvieron problemas de liquidez. El valor máximo de ambos conceptos llegó a 71.969 y 19.315 millones. La primera de estas cifras es notoriamente inferior a las que, para un concepto similar, estima el Banco de España; y lo contrario ocurre con la segunda. Como la CNMC no da indicaciones acerca de qué parte de estos avales y créditos ha sido devuelta o amortizada, no sabemos cuál es la pérdida a la que pudieran haber dado lugar. Sin embargo, si nos guiamos por las proporciones que se derivan de la información del Banco de España, podríamos calcular que esa pérdida sería del orden de 7.400 millones. Por lo tanto, nos encontraríamos con que el coste de la reestructuración bancaria estaría cifrado, en este caso, en 98.564 millones, casi 20.000 menos que con los datos del Banco de España.

En resumen, tenemos fuentes no coincidentes en cuanto al coste de la reestructuración bancaria para las arcas públicas, lo cual es poco aleccionador. No estaría de más que algún informe independiente aclarara esto y que tuviéramos una información fidedigna de todo. Se diría que este es un buen tema para la comisión de economía del Congreso de los Diputados, aunque, tal como está la arena política en este momento, pensar en que se ponga a trabajar es como pedir peras al olmo. Pero no desesperemos.

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