Menú
EDITORIAL

El problema es el déficit, no los Presupuestos

Si no se consigue frenar la sangría del gasto público y el déficit, la deuda seguirá creciendo y la vulnerabilidad de España será cada vez mayor

La imposibilidad de formar Gobierno obligará a prorrogar los actuales Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero esta extensión, lejos de provocar los graves daños e inconvenientes que ha tratado de difundir el PP, debería ser aprovechado por el Ejecutivo en funciones para aplicar los recortes de gasto que necesita imperiosamente el país con el fin de eliminar la losa de déficit. Los populares llevan semanas alertando sobre las nefastas consecuencias que, en teoría, supondría la citada prórroga presupuestaria, desde la congelación de las pensiones y los sueldos públicos, hasta la paralización de las inversiones, el deterioro de los servicios públicos o la ya famosa multa de 6.000 millones de euros por parte de Bruselas.

Sin embargo, nada de esto es verdad. El Eurogrupo celebrado este viernes da por hecho que España no podrá aprobar unos nuevos PGE debido a la inestabilidad política que sufre el país, pero eso no quita que tenga que presentar, igualmente, un borrador presupuestario ni los ajustes convenidos para evitar la sanción de la UE. El Gobierno tendrá que remitir a Bruselas unos Presupuestos el 15 de octubre, como muy tarde, solo que prolongados. Es decir, enviará los PGE de 2016, sin introducir cambios en las políticas presupuestarias, pero amoldados a las nuevas previsiones económicas y fiscales. No existe, por tanto, mayor problema. España tendrá cuentas públicas en 2017, sin que se produzca ningún tipo de parálisis estatal. Lo único que exige Bruselas para perdonar la multa es que el Gobierno en funciones introduzca los ajustes a los que se comprometió para corregir el nuevo incumplimiento del déficit registrado en 2015. El agujero fiscal deberá bajar del 5,1% alcanzado el pasado año al 4,6% este ejercicio y al 3,1% el próximo.

Y para ello, el Gobierno ya plantea aprobar un real decreto para modificar el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades con el fin de elevar la recaudación en cerca de 6.000 millones de euros. De hecho, también podría hacer uso de este mismo mecanismo legislativo para elevar las pensiones y los sueldos públicos con el apoyo de otras fuerzas parlamentarias, desmontando así la amenaza de congelación que tanto se ha esforzado en blandir Moncloa.

El problema, en definitiva, no es la existencia o no de prórroga presupuestaria, sino el mantenimiento de un desequilibrio fiscal que puede llegar a provocar una nueva crisis en el futuro. Todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, defienden la necesidad de incrementar el gasto público, confiando en que el crecimiento del PIB o la aplicación de nuevas subidas de impuestos servirán por sí solas para ir reduciendo, poco a poco, el déficit. Sin embargo, esta estrategia no sólo fracasará, tal y como ha sucedido en los últimos años, sino que lastrará la recuperación económica y, de este modo, la salida definitiva de la crisis.

España sufre a día de hoy un ingente descuadre fiscal, del 5% del PIB el pasado año, una cifra superior a 50.000 millones de euros, el segundo mayor agujero de Europa tras Grecia, y los últimos datos disponibles, correspondientes a la primera mitad del año, avanzan un desequilibrio similar en 2016. Si no se consigue frenar esta sangría, la deuda seguirá creciendo y la vulnerabilidad de España se pondrá de manifiesto con toda crudeza en cuanto surjan nuevas turbulencias financieras o políticas en el horizonte. El déficit y la deuda son el talón de Aquiles de la economía nacional. El Gobierno en funciones debería aprovechar la prórroga presupuestaria para eliminar gasto superfluo y acelerar el saneamiento de las cuentas públicas, antes de que sea demasiado tarde.

En Libre Mercado