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Carmena legaliza la ocupación de 88 viviendas en Madrid

Los pisos son propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVM). "No estamos llamando a la okupación", dicen desde el consistorio.

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Manuela Carmena | EFE

Era cuestión de tiempo. La cesión de locales y parcelas de titularidad municipal a colectivos que realicen actividades "de interés social" no es la única medida estrella llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid en materia de inmobiliaria. Ahora, el Gobierno que dirige Manuela Carmena va a legalizar la okupación de 88 viviendas repartidas por la capital propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

Así lo ha anunciado este martes la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, en un encuentro con los medios. La medida ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la EMVS, con el voto a favor del PSOE y a pesar del voto en contra de PP y C’s.

Para referirse al proyecto, el Ayuntamiento de la capital utiliza los términos de "regularización excepcional de situaciones de ocupación de viviendas sin título suficiente". Dice que es excepcional porque es un plan "puntual que tiene principio y fin. Las viviendas que se okupen posteriormente no se van a regularizar". Dejando a un lado los eufemismos, Higueras ha reconocido que los okupas de esas 88 casas son tanto de "patada en la puerta" como de "personas que no pueden pagar el alquiler" social.

Demostrar que se es okupa es uno de los principales requisitos que ha aplicado el Ayuntamiento para dejarles quedarse en la vivienda. Eso sí, deberán haber entrado en las casas antes del 1 de enero de 2016 y deberán probar que llevan viviendo en ellas habitualmente, al menos, un año.

Cumplir con las normas de la comunidad de vecinos y el correcto uso de las instalaciones comunes será otra de las obligaciones de los okupas. "No podrán ser familias conflictivas, ni crear problemas porque nos consta que los vecinos se quejan (del conflicto vecinal que supone la okupación)", ha explicado Higueras. Serán rechazados también los que "pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones que, ilícitamente, se lucran de ventas o traspasos de viviendas públicas".

La renta es otro de los criterios de corte que utiliza el Consistorio para dar el visto bueno a la okupación. Así, los ingresos del total de inquilinos de la vivienda no deberá superar 3,5 veces el IPREM. El cómputo anual del Indicador Público de Renta (incluye prorrata de pagas extraordinarias) es de 7.455,14 euros, por lo que el límite de Carmena es de 26.092 euros al año.

"No estamos llamando a la okupación"

"No estamos llamando a la okupación", ha asegurado Higueras en respuesta a quienes señalan que esta medida supone un un incentivo a atentar contra la propiedad privada. "Lo que estamos haciendo es estudiar caso por caso las necesidades de estas familias. Nadie que okupe ahora una vivienda va a poder acudir a este proceso", ha insistido. "Estas personas que ya han okupado, tienen su arraigo, que tienen su entorno, tienen sus médicos, tienen sus hijos en el colegio", ha justificado la delegada de Ahora Madrid.

Para quedarse en la vivienda los okupas deberán "abonar las rentas de alquiler y cuotas atrasadas de comunidad desde la fecha de la ocupación hasta un máximo de 5 años. En caso de dificultades económicas por parte del ocupante para abonar en un solo pago las rentas adeudadas, la EMVS facilitará el pago fraccionado mensualmente junto a la renta y cuotas correspondientes al nuevo contrato de arrendamiento". Fuentes del Ayuntamiento han asegurado que los pagos "no serán de golpe" y que se realizará un plan de pagos "personalizado" para cada okupa.

Una vez que el Consistorio les dé el visto bueno, los okupas disponen de un plazo de 6 meses "para instar el procedimiento de regularización". La adjudicación será en régimen de arrendamiento a nombre de los okupas.

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