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El Gobierno aprueba un sablazo fiscal de 8.000 millones a 9.000 empresas

El adelanto del Impuesto de Sociedades se mantendrá hasta que el déficit baje del 3% del PIB.

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El Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros la subida fiscal en las retenciones del Impuesto de Sociedades. La medida afectará a 9.000 empresas y pretende recaudar 8.000 millones extra al año con el fin de reducir el déficit público, cuyo objetivo está fijado en el 4,6% este año.

El endurecimiento del pago adelantado del Impuesto de Sociedades afectará al doble de empresas que las estimadas inicialmente, ya que se estipula para aquellas con facturación de más de 10 millones de euros. La banca y las empresas que explotan yacimientos de hidrocarburos son las más afectadas, ya que deberán adelantar el 25% de su resultado contable, mientras que las que facturan más de 10 millones de euros liquidarán el 23%, frente al 12% que estuvo vigente entre 2012 y 2015.

El Gobierno anunció inicialmente que el incremento de los pagos fraccionados de Sociedades afectaría a las empresas con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros, que tendrían que abonar por adelantado al menos un 20% de su resultado contable. Una vez aprobado este viernes, las Cortes deberán ahora refrendarlo, por lo que será necesario que el PP negocie con los demás grupos, principalmente con el PSOE y Ciudadanos, para conseguir su apoyo.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha explicado que la subida se mantendrá en vigor hasta que el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB. El objetivo, ha afirmado, es mantener una recaudación total del Impuesto de Sociedades de entorno a 20.000 o 21.0000 millones de euros al cierre de 2016.

De esta forma, se recupera el sistema de pagos fraccionados que se estableció en 2012 y que se levantó este año, lo que ha provocado una caída de los ingresos procedentes de Sociedades superior al 25 % conforme a los últimos datos de ejecución presupuestaria hasta agosto. "Si no lo hacemos (subir los pagos fraccionados), vamos a reducir la recaudación del Impuesto de Sociedades en una cuantía que no nos podemos permitir", ha asegurado Montoro.

El ministro ha insistido en que no se trata de una subida del tipo general del impuesto, sino de los pagos que se adelantan a cuenta, y que al año siguiente con la presentación de la declaración se liquidan las diferencias que puedan existir a favor de la empresa o del Estado. "Es un anticipo a cuenta, como hacemos las personas físicas en el IRPF y a las que 3 de cada 4 les resulta a devolver", ha dicho.

Los pagos fraccionados a cuenta de Sociedades se abonan en los 20 primeros días naturales de abril, octubre y diciembre del periodo impositivo en curso, en tanto que en julio del año siguiente se liquidan las diferencias con la presentación de la declaración del impuesto.

Críticas

El vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, criticó la reforma del Impuesto de Sociedades, al considerar que se acomete con "nocturnidad y alevosía" y porque afectará al empleo y a las inversiones.

"Nos gusta saber en qué campo de juego jugamos, queda muy bonito decir que sólo lo adelantan, pero no dudéis quela cantidad que se quiere recaudar es dinero que las empresas necesitaban para otros menesteres muy importantes que no van a poder destinar", reprobó Garamendi, quien tildó la medida de "política fiscal errónea".

En este sentido, advirtió de que la reforma del Impuesto de Sociedades "por supuesto puede afectar al empleo y la inversión", ya que "en el momento en el que no hay liquidez, cae el empleo", que es el "primer objetivo" nacional. De su lado, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tachó de "chapuza" la reforma del Impuesto de Sociedades y advirtió de que "con la fiscalidad no hay que hacer electoralismo".

Otras medidas

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que además el Ejecutivo negocia con los grupos parlamentarios una proposición de Ley para reformar la Ley de Estabilidad presupuestaria, con el fin de poder trasladar los nuevos objetivos de déficit marcados por Bruselas a las Comunidades Autónomas.

En concreto, Montoro ha señalado que el grupo popular negocia con otras formaciones una iniciativa para elevar cuatro décimas el objetivo de déficit de las comunidades autónomas en 2016, hasta el 0,7% del PIB, y por encima del actual 0,1% del PIB en 2017. El objetivo de un déficit del 0,7% del PIB para este año, ha dicho Montoro, es "coincidente con lo que razonablemente cabe esperar dentro de los datos que vamos conociendo de la evolución del déficit de las CCAA".

Por último, entre las medidas económicas que se han aprobado, está la distribución del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) relativo al cuarto trimestre para mejorar los tiempos de cobro de los proveedores.

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