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La Operación Chamartín, paralizada a tres meses de la fecha límite

El vacío en Fomento y la negativa del Ayuntamiento a negociar dejan en el limbo la ampliación de la Castellana. Y el frente judicial sigue abierto.

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El vacío en Fomento y la negativa del Ayuntamiento a negociar dejan en el limbo la ampliación de la Castellana. Y el frente judicial sigue abierto.

31 de diciembre de 2016. Ésa es la fecha que Distrito Castellana Norte (DCN) puso como límite cuando presentó su proyecto para la conocida como Operación Chamartín. Si en ese momento no está en marcha, cancela sus planes y se marcha. Y el proyecto, que lleva empantanado más de 23 años, se quedaría en el limbo de los propósitos que nunca se completaron.

Es cierto que no hay ninguna obligación legal de atarse a esa fecha, pero también tiene sentido que el promotor quiera ver avances antes de seguir metiendo dinero en un proyecto que camina ya hacia el cuarto de siglo de vida. A mediados de 2015, durante unos meses al menos, se pudo intuir una solución al principal problema urbanístico que tiene Madrid: el nudo norte, las vías de tren que salen de Chamartín y los cientos de miles de metros cuadrados de zonas sin edificar que, como una cicatriz, penetran en la principal zona de negocios y de expansión de la capital de España. Desde el cielo es curioso ver cómo a pocos metros de los rascacielos más modernos, los barrios más recientes y las sedes de las grandes empresas se suceden solares, descampados sin uso y vías de tren.

Pero la llegada de Ahora Madrid y Manuela Carmena lo frenó todo. Ahora mismo todo está parado y no se atisba una solución. De hecho, el Ayuntamiento se enfrenta a una triple demanda de los afectados: Comunidad de Madrid, Fomento-Adif-DCN. Cada uno de ellos ha ido a los tribunales a pedir que se revoque el acuerdo del Pleno de 25 de mayo que enterró el proyecto. No sólo eso, en el caso de que no salga adelante, también piden una indemnización a la corporación municipal (una indemnización que pagarían los madrileños). La Justicia ya ha admitido a trámite las demandas de la Comunidad y de la empresa. Fomentó presentó la suya hace unos días.

El problema es que el frente judicial no es la solución y eso lo asumen incluso los que han presentado las demandas. Al final, todos ellos coinciden en que el recurso ante los tribunales es una forma de defenderse por si todo saliera mal. Es decir, conseguir al menos una compensación por una decisión que consideran que daña sus intereses y es contraria a derecho. Pero está claro que ni ADIF ni DCN pretenden esperar ocho o diez años a que salga la sentencia definitiva (ya conocemos los ritmos de la Justicia en nuestro país) para saber si pueden ponerse manos a la obra o el proyecto está definitivamente enterrado. Su prioridad ahora mismo es volver a poner en marcha el plan original. Lo que no está claro es si esta opción está sobre la mesa y si podría avanzarse algo en los tres meses que quedan antes de la fecha límite del 31 de diciembre.

Por su parte, el Ayuntamiento ya ha movido ficha. El equipo de Manuela Carmena ha anunciado que destinará parte del Presupuesto del próximo año a iniciar las obras del Nudo Norte, una de las infraestructuras clave en todo lo que tiene que ver con la Operación Chamartín. Esto es competencia exclusiva del municipio, que también es el dueño de los terrenos, por lo que no hay nada que decir al respecto. Pero sí llama la atención que, sin haber cerrado un proyecto definitivo, se inicien unas obras que podrían quedar anticuadas antes de su finalización en función de lo que decida hacerse en el resto de las infraestructuras.

¿Solución?

Con esto sobre la mesa, la pregunta que todos nos hacemos es si hay una solución posible a todo este lío. Las dos partes, empresa y ayuntamiento, aseguran estar abiertas al diálogo. También es cierto que los dos pretenden que la negociación tome su proyecto como punto de partida.

Desde DCN aseguran que no hay dos proyectos, porque la propuesta del Ayuntamiento no se puede considerar como tal. Frente a los miles de páginas y las decenas de aprobaciones que ha conseguido el proyecto original, lo que el equipo de José Manuel Calvo (concejal de Urbanismo) ha puesto sobre la mesa son apenas un par de decenas de folios. Por eso, aunque la promotora defienden que nunca se han cerrado a dialogar y a cambiar partes del proyecto, dicen que la base es lo que había pactado entre todas las partes implicadas (Ayuntamiento, Adif, Comunidad, DCN) hasta que llegó Carmena.

La Comunidad y Adif serán clave en todo esto. Sobre todo la empresa de Fomento, la gran perjudicada en el plan de Carmena. DCN tiene un contrato firmado con el gestor de infraestructuras por el que se compromete a comprarle todos los terrenos por una cifra cercana a los 1.200 millones de euros. Pero esto se concretará sólo si hay Operación Chamartín. Los principales recortes del plan del Gobierno afectan a esta parte. Fomento-Adif perderían dos tercios de los ingresos previstos si sale adelante Madrid Puerta Norte (el plan de Ahora Madrid) y además el equipo municipal quiere usar parte del dinero para hacer obras en Chamartín y financiar otras operaciones del proyecto. En resumen, que Fomento se quedaría con las manos vacías. No es fácil que el Ministerio lo acepte… salvo que haya un ministro más cercano a sus intereses, pensarán en el Ayuntamiento.

Pero no es sólo cuestión de dinero. El cambio de proyecto exigiría la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El anterior giraba en torno a tres aspectos clave: prolongación del Paseo de la Castellana, enterrar las vías y predominio de la iniciativa privada. Ninguno de los tres se mantiene en el nuevo proyecto del Ayuntamiento. Y aprobar un PGOU nunca es sencillo. Ni aunque todas las administraciones estuvieran de acuerdo sería fácil. Imagínense si encima están a la gresca.

Callejón sin salida

Al final, da la sensación de que nos dirigimos a un callejón sin salida, en el que todos dicen que quieren una solución, pero en el que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. Dicho esto, se intuyen algunas opciones para que el tema avance.

La primera pregunta es si la fecha del 31 de diciembre es una línea roja inamovible. Desde la empresa aseguran que sí. Hace unos días, Antonio Béjar, presidente de DCN, aseguraba en Expansión, que "hoy por hoy, no está encima de la mesa" ampliar el plazo. También es cierto que hablaba de escuchar a los vecinos, seguir luchando hasta el final y mantener el diálogo. En estos días, DCN está abriendo una nueva oficina en Las Tablas (ya tiene una en Fuencarral) y busca local en Chamartín para una tercera delegación a pie de calle. No parecen los planes de alguien que esté pensando en tirar la toalla en diciembre.

Como ya comentamos en su momento, la estrategia de la empresa pasa por incrementar la presión vecinal. En DCN aseguran que en los barrios implicados el porcentaje de aprobación a su proyecto supera el 80%. Y las principales asociaciones vecinales y de comerciantes están de su lado.

Es una buena baza, porque no hay nada más útil para convencer a un político que la opinión de los votantes. El problema es que se antoja muy complicado que Ahora Madrid cambie de opinión. Y el PSOE, en este tema en concreto, es todavía más beligerante que el partido de Carmena. Con Mercedes González como responsable de urbanismo en el equipo municipal, parece imposible que el pleno aprueba esto. La socialista está totalmente en contra del proyecto de DCN.

La pregunta es qué pasará en el PSOE a nivel nacional y cómo influirá esto a nivel municipal. Antonio Miguel Carmona, el candidato a la alcaldía ahora defenestrado, sí es favorable al plan de DCN. De hecho, antes de las últimas elecciones municipales y de su acuerdo con Ahora Madrid, los socialistas sí apoyaban la Operación Chamartín en su formato original. Eso sí, saber qué va a pasar en el PSOE se antoja mucho más complicado que conocer el futuro de este proyecto.

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