La Seguridad Social es, de lejos, la partida de gasto más cuantiosa del Estado, con más de 100.000 millones de euros al año para pagar las prestaciones de cerca de nueve millones de pensionistas, y, por ello mismo, es una materia en la que los políticos deberían demostrar una especial responsabilidad y compromiso, alejándose así de cualquier atisbo de demagogia y electoralismo. Sin embargo, éste no es, por desgracia, el caso de España. Nadie hasta la fecha ha abordado con seriedad el importante y urgente debate acerca de la necesidad de reformar en profundidad el actual sistema de reparto, más allá de aplicar uno u otro parche con el único fin de prolongar su inexorable agonía.
El fin de la hucha de las pensiones, previsto para finales de 2017, y la grave depresión demográfica que afronta el país a medio y largo plazo obligarán a adoptar más medidas para cubrir el creciente déficit de la Seguridad Social. Pero, lejos de aportar soluciones realmente eficaces y duraderas, las distintas formaciones se limitan a proponer nuevas y muy sustanciales subidas de impuestos para ir tapando el agujero, sin que ello resuelva en ningún caso el problema de fondo. Unos y otros se escudan, simplemente, en la convocatoria del Pacto de Toledo para escurrir el bulto, como si el mero hecho de reunir a todos los políticos y agentes sociales en torno a una mesa para consensuar qué hacer pudiera resolver por sí solo el problema. No es el caso. La clave aquí no radica en lograr el mayor acuerdo posible, sino en adoptar la solución correcta para garantizar una calidad de vida adecuada a los futuros jubilados.
El sistema de reparto, tal y como lo conocemos, está condenado a la extinción. Funcionó mientras el número de cotizantes crecía a un ritmo elevado, superando al de jubilados, pero ahora que la población ha empezado a descender y que el progresivo envejecimiento demográfico se intensificará con el paso del tiempo, lo único que garantiza su mantenimiento son impuestos cada vez más altos y pensiones cada vez más bajas. Son muchos los países que, conscientes de esta situación, han modificado sus respectivos sistemas para transitar de forma gradual desde un modelo público a otro mixto o de capitalización, donde el Estado garantiza una prestación básica, pero ésta es complementada mediante el ahorro privado de los trabajadores.
Ni PP, ni PSOE ni Ciudadanos se han planteado siquiera abrir este debate, y mucho menos Podemos, a diferencia de lo que sucede en buena parte de Europa y la OCDE, lo cual es un gravísimo error. Muchos españoles son perfectamente conscientes de que perderán poder adquisitivo en el momento de su retiro y que, por tanto, deben ahorrar de cara a su jubilación, pero la elevada carga fiscal que impone el Gobierno les resta mucha capacidad de maniobra para lograrlo. Es fundamental que los políticos no mientan ni engañen a los españoles sobre este tema. Deben contar y explicar la realidad a la opinión pública y actuar en consecuencia, apostando por una transición ordenada y progresiva del sistema para que, al tiempo que se garantizan las pensiones actuales, los jóvenes vayan ahorrando de cara a su futura jubilación. No hacerlo no solo constituye una enorme irresponsabilidad, sino un profundo acto de cobardía que, tarde o tempano, pasará una elevada factura al conjunto del país.