Dentro nada, en torno al año 2030, mes arriba, mes abajo, el sistema español de pensiones se declarará en bancarrota. No se trata de una opinión subjetiva ni tampoco de uno de esos pronósticos apocalípticos a los que tan aficionados se muestran siempre los adversarios del modelo público. Es la conclusión estadística que se infiere de todas las proyecciones que toman como premisa la tendencia demográfica consolidada del país a largo plazo. Así las cosas, el dilema se antoja simple: o hacemos algo ya mismo o no hará falta que volvamos a preocuparnos nunca más en la vida por ese asunto. Pero lo que vayamos a hacer, sea lo que sea, tendrá que ajustarse a los principios que rigen el actual sistema de reparto, que es el que se aplica en España y en los demás países de Europa. En el plano filosófico, se pueden discutir las virtudes y los defectos de la capitalización frente al reparto y viceversa. En el mundo real, en cambio, la disyuntiva no existe. Y no existe por una razón elemental, a saber, porque, aquí y ahora, sería imposible proceder al cambio. En cualquier contexto económico, pasar de un sistema de reparto a otro de capitalización resulta de una dificultad extrema, puesto que si los cotizantes activos, en lugar de transferir una parte de su sueldo a los pensionistas de hoy ingresan ese mismo dinero en un banco, entonces deberá ser el Estado quien asuma la factura de todas las pensiones vigentes. ¿Quién si no?
En una época de bonanza y crecimiento resultaría carísimo para los contribuyentes. Durante una crisis sistémica, con el Estado endeudado hasta las cejas, sería completamente imposible ni siquiera intentarlo. No se podría hacer de de ninguna de las maneras. Chile, el ejemplo que siempre irrumpe en escena una vez llegado este instante procesal de la exposición, necesitó gastar el 8% de su PIB para financiar la transición. Un 8% del PIB español serían grosso modo unos 80.000 millones de euros. Ni solicitando a Bruselas otro rescate como el del sistema financiero podríamos pagar suma tan descomunal. Mejor olvidarlo, pues. Pero si la fantasía de la derecha es la capitalización, la fantasía de la izquierda, como siempre, son los impuestos. Es sabido que la izquierda todo lo resuelve con impuestos. Así, Podemos ya ha propuesto complementar las cotizaciones con dinero sacado, cómo no, de los impuestos. Ni se les ha ocurrido pensar que, según el INE, la población en edad de trabajar se va a reducir en las próximas décadas a un ritmo del 0,7% anual. Asunto que carecería de mayor importancia si la población en edad de jubilarse no creciese a un ritmo muy distinto, el 1,7% . Una diferencia que jamás se podrá cubrir con impuestos.
En 2030 faltará un 25% del dinero necesario para que la Seguridad Social pueda abonar las pensiones. En 2035 el agujero ya habrá ascendido a un 33%. Estaríamos hablando de un 3% del PIB, en el primer caso y de un 5% en el segundo. Y un 3% del PIB es la mitad de lo que recauda el Estado en concepto de IRPF. Un 5% del PIB, a su vez, son tres cuartas partes de lo que ingresa el Estado en concepto de IRPF. ¿Qué persona con un par de neuronas, solo un par, podría defender la tesis oficial de Podemos al respecto? La capitalización es imposible y el recurso a los impuestos, una ocurrencia propia de diletantes. ¿Qué hacer, entonces? Bien, solo hay una salida, una sola: reducir de modo urgente el número de mileuristas en España. Un mileurista es alguien que aportará a la Seguridad Social un total de 136.000 euros. Y, una vez jubilado y antes de morir, habrá recibido del sistema unos 220.000 euros. Y aportará esos 136.000 euros a la caja común en el más óptimo de todos los escenarios imaginables, esto es, si lograse trabajar sin ninguna interrupción durante la totalidad de su vida laboral. Hipótesis harto improbable, huelga decir. Y ocurre que aquí, en España, uno de cada tres cotizantes a la Seguridad Social responde a ese perfil. Uno, sí, de cada tres. ¿Puede sostenerse en esas condiciones la Seguridad Social? Sí, puede sostenerse, claro que puede. Pero a condición de que llegasen otros ocho millones de inmigrantes mileuristas. Con ocho millones de mileuristas más, la agonía de la Seguridad Social se alargaría unos treinta o cuarenta años, hasta que les tocara jubilarse a ellos. Y suma y sigue. ¿Cómo saldremos de esta? A corto plazo, recortando las pensiones, sobre todo las medias y altas. ¿Y a largo plazo? A largo, es sabido que estaremos todos muertos. Pero, antes de eso, tendremos que subir (de una maldita vez) la muy mediocre productividad de nuestra economía, el origen genuino del problema. No existe otro atajo. Ninguno.