España inicia ahora una nueva etapa política con un Gobierno en minoría del PP, presidido de nuevo por Mariano Rajoy, que precisará de pactos y acuerdos con otras formaciones, incluido el PSOE, para poder aprobar nuevas leyes y medidas económicas. Sin embargo, a la vista de las intervenciones que se han sucedido en el debate de investidura, todo apunta a que el futuro Ejecutivo aumentará todavía más el gasto público y los impuestos, incidiendo así en los graves errores cometidos en el pasado, al tiempo que se frenan e incluso derogan ciertas reformas que han sido positivas para la economía, perjudicando con ello al conjunto de los españoles.
Es evidente que España necesita un Gobierno para superar de una vez la etapa de parálisis institucional y política que sufre el país desde el pasado mes de diciembre, pero no vale un Gobierno cualquiera. Si PP y PSOE, con o sin la ayuda de Ciudadanos, pactan medidas contraproducentes para el interés general de la población, de poco o nada valdrá la formación de un nuevo Ejecutivo. A este respecto, conviene recordar que, a diferencia de los malos presagios que aventuraban algunos, la ausencia de un Gobierno con plenos poderes durante estos diez meses no ha supuesto ninguna hecatombe, más bien al contrario. La economía española ha seguido creciendo a buen ritmo, cerca del 3% interanual, al tiempo que la creación de empleo ha mantenido su marcha, sumando más de 400.000 nuevos ocupados en lo que va de año.
El tiempo ha demostrado, por tanto, que la tan cacareada urgencia no era más que una excusa empleada por los distintos partidos políticos para lograr el poder en una u otra dirección. La economía nacional ha seguido funcionando a pleno rendimiento bajo un Gobierno en funciones, cuya capacidad para aprobar medidas está fuertemente restringida, lo cual evidencia, una vez más, que la creación de riqueza y empleo depende de las empresas y familias, no del poder político.
Así pues, lo primero que tiene que hacer el nuevo Gobierno es estorbar lo menos posible. Lo último que necesita el país es una nueva ronda de despilfarros públicos y aumentos de gasto inútiles e ineficientes para volver a justificar sangrantes y abusivas subidas de impuestos a empresas y hogares que ya han sufrido con notable intensidad la voracidad fiscal de los distintos gobiernos a lo largo de los últimos años.
Son muchos lo retos e importantes las reformas que todavía precisa España para poder salir cuanto antes de la crisis y garantizar una sólida senda de desarrollo a medio y largo plazo. Los partidos constitucionalistas deberían aprovechar esta nueva etapa para acordar grandes pactos de Estado en materias clave como las pensiones o las Administraciones Públicas, pero no para apuntalar los errores del pasado, sino para transitar hacia nuevos modelos mucho más eficientes y sostenibles financieramente, tal y como ya ha sucedido en numerosos países europeos.
Si el consenso político, por el contrario, significa más de lo mismo, solo que peor, apostando claramente por elevar el gasto público pese a que el déficit ronda el 5% del PIB y la deuda supera el 100%; por disparar los impuestos siendo ya la carga fiscal una de las más onerosas de la UE, o reducir la necesaria flexibilidad económica, siendo ésta ya de por sí escasa, la formación de Gobierno hará un flaco favor a los españoles. Si eso es lo que depara esta nueva etapa política, mejor habría sido seguir con un Gobierno limitado y en funciones hasta convocar unas nuevas elecciones.