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Los efectos perversos de la Ley de la Dependencia y dos posibles soluciones

La Ley de la Dependencia deja fuera del sistema a cerca del 40% de los solicitantes y encarece las residencias privadas para ancianos dependientes.

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La Ley de la Dependencia deja desprotegidos cada vez a más ancianos | Corbis

Que el sistema sanitario en España sufre serios problemas de gestión no se le escapa a nadie. Basta con echar un vistazo a las estadísticas del Sistema Nacional de Salud o al volumen que alcanzan las listas de espera en distintas comunidades autónomas para hacernos una idea de los puntos flacos de nuestro sistema, la primera pata del Estado del Bienestar en España.

Otra de las patas de nuestro Estado de Bienestar que se adivina gripada es la Dependencia. Cedida su gestión a las comunidades autónomas, como la Sanidad y la Educación, la Dependencia no logra cubrir las expectativas o las necesidades para la que fue concebida. Si nos fijamos en las cifras, de los 1,6 millones de personas que la solicitan, sólo 968.000 reciben una prestación o la asistencia, mientras que cada año más de medio millón de personas (662.000) se quedan sin ella, debido, entre otras cosas, a los cerca de dos años que tardan las comunidades autónomas en decidir si aceptan la solicitud, la conceden y la abonan, tal y como muestran las tablas que se reproducen a continuación y que se extraen de las estadísticas del IMSERSO sobre atención a la Dependencia en 2012.

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Estadística del IMSERSO para la atención a la Dependencia
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Estadística del IMSERSO para la atención a la dependencia

Pero los efectos perversos del déficit de gestión en Dependencia van más allá de las listas de espera para recibir la prestación, ya que ha provocado que el precio de las residencias privadas (alternativa para las personas que solicitan la prestación y no la reciben, o tardan dos años en hacerlo) se haya disparado tras la implantación de esta normativa.

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Estadísticas sobre el precio medio de las residencias de ancianos

Si nos fijamos en la evolución del precio medio de las residencias de ancianos desde 2001 hasta 2014 vemos que en el año 2006 (año de aprobación de la Ley de Dependencia) se produce un salto muy importante en el precio de estos servicios. Entre 2001 y 2014 las residencias de mayores se encarecen de media más de un 54%. ¿Por qué? Con la aprobación de Ley de la Dependencia las comunidades autónomas han impuesto una serie de requisitos a los centros geriátricos. Requisitos que han disparado el precio de estos centros.

Si tenemos en cuenta que, según las estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social la pensión contributiva media es de 930 euros, y la no contributiva no llega a 400, hacer frente al precio de una residencia privada para aquellos demandantes que no logran la prestación o tardan años en conseguirla, se convierte en una misión casi imposible.

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Así se completa la fotografía de cómo se encuentra la cobertura del derecho a la Ley de Dependencia. Se compone de un alto porcentaje de demandantes fuera del servicio y condenados a contratar con residencias de ancianos cada vez más caras. Si a esto le sumamos la realidad demográfica española, con una pirámide que apunta a una reducción del número de población activa y un crecimiento sostenido de personas dependientes del sistema, parece razonable urgir a buscar soluciones a este problema.

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Soluciones

En Andalucía, una de las regiones con más ineficiencias en el sistema sanitario y de Dependencia, el analista Daniel Salvatierra, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Estudios Geriátricos de Andalucía plantea a la administración autonómica una posible solución para hacer más eficiente este sistema que pasa por el modelo de colaboración público-privada. Así, se propone el establecimiento de dos tipos de residencias geriátricas:

Primer grupo: Residencias de ancianos especializadas en cuidados intermedios

El primer grupo aglutinaría aquellos centros especializados en cuidados intermedios, lo que permitiría descongestionar el sistema público sanitario. Con este sistema, se lograría dar salida a los ancianos que no necesitan cuidados intensivos, pero cuyo estado impide que puedan valerse por sí mismos en sus domicilios. Actualmente, este grupo se encuentra derivado al sistema sanitario y ocupan camas de hospital. Sin embargo, el personal y los medios de los centros geriátricos actualmente tienen solvencia suficiente para alcanzar los cuidados de los pacientes a los que nos estamos refiriendo en este caso.

En el último año, y continuando con el ejemplo de Andalucía, una cama de hospital cuesta a la administración pública 495,59 euros por día. En cambio, el coste para la administración de las prestaciones de servicios de asistencia en residencias privadas ronda los 51,55 euros por noche y paciente.

Realmente, este servicio puede ser prestado por las residencias que ya cuentan con personal y medios suficientes para hacerlo, pero a los que la legislación autonómica actual les prohíbe asumirlo.

Dicho de otro modo, el Consejo Asesor del Instituto de Estudios Geriátricos de Andalucía ha detectado que hay numerosas camas de hospital ocupadas por pacientes cuyas necesidades sanitarias podrían estar siendo atendidas sobradamente por las residencias de mayores. Unas residencias cuyos requisitos establecidos por ley las convierten de facto en centros de cuidados intermedios. Según esta propuesta, las autoridades sanitarias podrían descongestionar los hospitales derivando pacientes a estas residencias y aliviando no sólo el coste que soportan los centros hospitalarios, sino también contribuyendo a sufragar las fuertes cuantías que alcanzan estas residencias.

Segundo grupo: Residencias de cuidados básicos

En este grupo, las residencias de ancianos especializadas pueden hacerse cargo de aquellos que necesitan la atención permanente de una residencia, pero cuyos cuidados médicos no son tan exigentes. Para este grupo, el IESGA prevé la posibilidad de contratar con el sistema sanitario servicios puntuales de especialistas, y no necesitarían cumplir los requisitos leoninos que actualmente tienen todas las residencias de ancianos y que tanto encarecen sus precios. Así, se abaratarían los costes de modo que pudieran acercarse al nivel de las pensiones, como sucedía antes de 2006.

Es decir, se propone la posibilidad de que existan centros geriátricos en los que las condiciones requeridas por la administración sean más laxas y permita atender a aquellos mayores que necesitan de atención y cuidados, pero cuyo estado de salud no requiera de supervisión médica activa permanente. Estos centros, en caso de que alguno de los residentes necesitasen una atención médica puntual, podrían ofrecérsela solicitándolo previamente a los servicios de salud autonómicos. Por ejemplo, imaginemos un centro de mayores donde hubiera cuidadores pendientes de los mayores, amenizándoles el tiempo libre y velando por su bienestar, alimentación y cuidados básicos. Un día, uno de los residentes sufre una infección o presenta un cuadro médico complejo, que no puede ser atendido por el personal. En ese momento, la dirección del centro pediría la asistencia de un centro de salud cercano que se haría cargo del enfermo. De este modo, el sistema sanitario podría solventar la incidencia de forma puntual, sin necesidad de tener presencia permanente en el centro, como sucede ahora.

Con estas dos soluciones, el número de plazas disponibles para la población dependiente se multiplicaría, y se abarataría el servicio, ayudando a hacer más eficiente la gestión de la atención a la dependencia.

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