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El nuevo 'parche' de las pensiones costará 25.000 millones en impuestos

Las reducciones de las cotizaciones se pagarán vía tributación. Viudedad y orfandad también saldrán del presupuesto de la Seguridad Social.

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Fátima Báñez, este martes, en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados. | Europa Press

"Avanzar en la separación de las fuentes de financiación". Anótelo bien, porque éste es el nuevo mantra con el que los políticos españoles afrontarán en los últimos años el déficit de la Seguridad Social. Significa que los partidos intentarán ocultar los números rojos con algo muy parecido a un juego del trilero presupuestario: saco de un sitio, lo meto en otro y al final lo paga todo el mismo, el contribuyente.

En realidad, esto no es nuevo. Aunque no ha habido un anuncio oficial, ya se daba casi por hecho que las prestaciones de viudedad y orfandad saldrán de los presupuestos de la Seguridad Social y se pagarán vía impuestos, a través de los presupuestos del Estado. Este martes, Fátima Báñez acudía a la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. Y ha dado otro paso en esta dirección anunciando que las ayudas a la contratación cambiarán para que el instituto público deje de soportarlas en sus cuentas. La idea es la conversión de las reducciones de las cotizaciones o las tarifas planas en bonificaciones. Es decir, que cuando una empresa o un autónomo tenga derecho a alguna de estas ventajas, este dinero saldrá de los presupuestos generales (es decir, de nuestros impuestos) y no de la Seguridad Social. No es mucho dinero, algo menos de 1.900 millones al año para una Seguridad Social que acabará 2016 con un déficit récord de alrededor de 18.000 millones. Como apuntamos, las bonificaciones a la contratación ya estaban en los presupuestos del Estado, así que con lo anunciado este martes sólo se da un paso más en la misma dirección.

Es cierto que entre ambas medidas (viudedad-orfandad, unos 22.000 millones en este ejercicio, y reducciones, unos 1.900 millones) podrían sumar unos 24.000-25.000 millones de euros al año (algo menos si quitamos los 2.500-3.000 millones de complementos a mínimos de viudedad y orfandad que ya paga el Estado).

No se prevé que el trasvase se haga de un año para otro, lo normal es que sea algo paulatino a lo largo de varios ejercicios, pero está claro que si se saca esa cantidad de los presupuestos de la Seguridad Social, el organismo entraría en superávit. Pero no hay nada gratis y mucho menos en esta cuestión de las pensiones. Esos 25.000 millones habrá que pagarlos de otra manera. Es decir, o se recortan otras partidas en esa cantidad (y no parece que ése sea el ánimo del Gobierno) o se suben los impuestos. No hay más alternativas.

Como puede verse, este juego de sumas y restas es sólo un truco que no cambia para nada el estado real de las cuentas. Los ingresos por cotizaciones seguirán siendo los que son y los gastos por prestaciones tampoco cambiarán. Lo único nuevo es si el Estado lo paga con la caja número 1 o con la número 2. Eso sí, al final de cada ejercicio, los titulares ya no serán los mismos, en vez de decir "La Seguridad Social tiene un déficit de 20.000 millones", dirán "La Seguridad Social tiene un superávit de 5.000 millones"… a cambio de que esos 25.000 millones se los coman los otros departamentos.

Parece mucho más una cuestión estética que una reforma en profundidad. Porque la pregunta de fondo es: ¿Qué diferencia hay entre que Estado y Seguridad Social presenten un déficit del 1,5% o que sólo el Estado tenga un 3%? En una y otra circunstancia, el Reino de España tiene un agujero de 30.000 millones. O si quieren verlo de otra manera: ¿Cuál es la diferencia entre que la Seguridad Social pague las pensiones de viudedad y a final de año el Estado le haga una transferencia de 15.000 millones para cubrir este gasto, frente a la opción de que sea este mismo Estado el que pague esa partida directamente desde su caja?

En su comparecencia, la ministra ha señalado que es la hora del Parlamento y del Diálogo Social. Tampoco eso es decir mucho sobre el problema de fondo. Báñez ha destacado algunos puntos en los que es necesario el "máximo consenso" y ha apelado a los grupos políticos a que ayuden al Gobierno "con amplitud de miras".

En la búsqueda de soluciones, Báñez apunta en las dos direcciones clásicas para nuestros políticos: cambios en las partidas que van a los presupuestos de la Seguridad Social y creación de empleo. Y es cierto que si España genera nuevos puestos de trabajo (y desgraciadamente, tenemos mucho margen en este aspecto) conseguirá reducir los números rojos del sistema o, al menos, controlar el crecimiento de este déficit.

Pero no hay que engañarse. La demografía es la que es. En 2040-2050, la relación entre el número de pensionistas respecto al número de personas en edad de trabajar será mucho más alta que en la actualidad. Y las pensiones contributivas han subido el doble que las cotizaciones desde el año 2000. No es sólo una cuestión de pérdida de ingresos por la crisis: cada vez hay más jubilados que han acumulado más años de cotización y bases más altas. Las pensiones de los recién llegados al sistema son mucho más elevadas que las de los que salen por fallecimiento.

Por lo tanto, mantener la tasa de sustitución (relación entre la pensión y el salario medio de la economía) será imposible a no ser que suba el coste de las cotizaciones sociales, que ya están en el 30% y son de las más altas de la UE, o se incrementen los impuestos para complementar los ingresos de la Seguridad Social.

De nuevo, eso no sería gratis: se conseguiría a costa de cargar en la espalda de empresarios y trabajadores un coste extra, con consecuencias funestas para la competitividad de las empresas españolas. Y además no hablamos de una cantidad menor. Para mantener la tasa de sustitución, que ahora mismo supera el 80% y es una de las más generosas del mundo, en 2030-2040-2050 habría que aprobar unas subidas impositivas muy importantes. Si el objetivo es ese 80% del que hoy alardeaba Báñez, el coste de la factura se contará en varias decenas o centenas de miles de millones de euros. ¿Puede soportar la estructura productiva española esa carga?

Pues la respuesta de los partidos políticos parece ser que sí. Porque todos los portavoces de todos los partidos presentes en la Comisión del Pacto de Toledo han coincidido en su análisis: la Seguridad Social no tiene ningún problema de sostenibilidad, la creación de "empleo de calidad" como receta mágica que sirve para todo y, si acaso, pasar algunas partidas a los presupuestos del Estado o crear nuevos impuestos para complementar los ingresos del sistema.

Nadie más ha hablado de lo que realmente les importa a los pensionistas del futuro: cómo será la tasa de sustitución cuando se jubilen. Es decir, cómo será su pensión respecto a su último salario. El realismo dice que el 80% actual, que es cierto que está entre los más altos de la UE, no se podrá mantener. Ningún partido está dispuesto a contarle esto a los trabajadores.

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