Las entidades o personas que tengan diez o más pisos en propiedad, que hayan estado vacías y sin uso durante más de dos años, tendrán la obligación de inscribirlas en un registro y deberán ceder temporalmente su gestión al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que las destinará a alquiler social.
Es una de las medidas que contempla el texto inicial de la futura Ley de la Vivienda que el Gobierno balear que preside la socialista Francina Armengol presentó el miércoles a las demás entidades representadas en la Mesa de la Vivienda y cuya tramitación comenzará en breve.
La Ley de la Vivienda creará un registro de pisos vacíos y obligará a los llamados grandes tenedores (personas físicas y jurídicas con diez o más viviendas en propiedad, alquiler o usufructo) a inscribirlos, bajo sanción en caso de incumplimiento.
Se considerará vacía, a efectos de las obligaciones derivadas de la ley, aquella que lleve un mínimo de dos años desocupada. El registro de viviendas desocupadas se nutrirá tanto de las procedentes de desahucios hipotecarios, como de otras que los grandes tenedores mantengan sin utilizar durante dos años o más. Estas viviendas vacías serán gestionadas por el Ibavi durante tres años como parte de la bolsa de viviendas de alquiler social.
Los grandes tenedores también deberán ofrecer a las personas que se encuentren inmersas en un proceso de desahucio hipotecario la posibilidad de quedarse en la casa pagando un alquiler social o bien brindarles una vivienda alternativa. La ley contempla el incumplimiento de esta obligación por las entidades bancarias como una infracción muy grave. Además, la Ley refuerza el programa de cesión voluntaria de viviendas de particulares a cambio de su reforma y también para destinarlas a alquiler social.
Armengol aseguró que el objetivo principal de la ley es "facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna" y a mantenerla, y además incluye medidas para combatir la pobreza energética. El consejero de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, explicó que la ley prevé la creación de un servicio de acompañamiento universal y gratuito para guiar a los ciudadanos en situaciones de riesgo de pérdida de su vivienda, como que no puedan pagar el alquiler o una hipoteca, y brindar información en procesos de compra, alquiler y financiación para que puedan defender sus derechos.
Podemos y la PAH van más allá
Sin embargo, la vicepresidenta primera y consejera de Vivienda de Ibiza, la podemita Viviana de Sans, tras conocer el texto, no ha dudado en reclamar que la máxima institución insular tenga más competencias para poder gestionar la falta de vivienda residencial que padece la isla. En este aspecto, se ha mostrado partidaria de que en Ibiza sea considerado "piso vacío" todo aquel que no está ocupado durante seis meses al año, lo que implicaría que su propietario ha decidido dedicarlo al alquiler turístico.
Las Plataformas de Afectados por las Hipotecas en Mallorca, Menorca e Ibiza, por su parte, consideran que el borrador de la Ley de Vivienda es "sólo un compendio de buenas intenciones, que ni tan solo llega a pretender ser un conjunto de medidas que garanticen unos mínimos relativos al derecho a una vivienda digna". En un comunicado conjunto, estas plataformas afirman que "el alcance" del borrador es "tan limitado que no llega a ser una ley de medidas urgentes encaminada a afrontar la realidad de la situación de emergencia habitacional que se da en nuestra comunidad autónoma".