La subida de impuestos y ciertas tasas y el probable aumento de algunas cotizaciones sociales irán acompañados de nuevos controles antifraude y restricciones al pago de efectivo por parte del Gobierno del PP.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el miércoles en el Congreso que se están preparando nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal que supondrán "importantes ingresos"para las arcas públicas, entre ellas, un mayor control de las liquidaciones del IVA y una reducción del límite a los pagos en efectivo, que ahora está en 2.500 euros. Para que los cambios fiscales y las medidas contra el fraude puedan estar en vigor desde inicios de 2017, el Gobierno podría aprobarlas mediante decreto ley antes de que acabe el año en lugar de esperar a incluirlas en los presupuestos del año que viene.
En concreto, este "plan de lucha contra el fraude y mejora de control tributario"empezará a concretarse la próxima semana, cuando el Gobierno tiene que exponer las medidas para el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Los objetivos de déficit que se aprobarán próximamente en Consejo de Ministros junto al techo de gasto de 2017 serán presentados a las comunidades autónomas la semana que viene en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que las autonomías reclamarán una meta superior al 0,5% de PIB que ahora está fijado para el año próximo.
Desde noviembre de 2012, en España no está permitido pagar más de 2.500 euros en efectivo, aunque esta prohibición sólo se aplica sobre las operaciones comerciales en las que interviene una empresa, un comercio o un autónomo. Ahora, el PP abre la puerta a reducir este límite y ampliar las posibles restricciones para el uso de dinero en metálico, en línea con lo acontecido en otros países europeos.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda han pedido limitar los pagos en efectivo a 1.000 euros y que las facturas que se abonen por encima de esta cantidad, contraviniendo dicha limitación, no se puedan deducir en la declaración del IRPF o en el Impuesto de Sociedades, como se viene haciendo actualmente. Así pues, España podría seguir la estela de otros países vecinos, como Portugal, Francia o Italia, donde el límite está fijado en 1.000 euros, mientras que en el caso de Grecia asciende a 1.500 euros.
Montoro también anunció que aprobaría nuevas medidas "relativas al control de las liquidaciones del IVA", y que Hacienda restringirá los aplazamientos y el pago fraccionado de impuestos a las empresas porque, según el ministro, "no tiene mucho sentido que teniendo la facilidad de crédito que existe hoy las empresas se financien sobre la Hacienda de todos".
En 2015, el Gobierno aprobó un aumento de la cuantía de los aplazamientos que no requieren ningún tipo de aval o garantía de los 18.000 euros hasta los 30.000 euros. Por lo tanto, "el endurecimiento de los requisitos anunciado por Montoro supone una nueva contradicción", según los técnicos. Además, dificultar los aplazamientos o fraccionamientos del pago de impuestos "no es una medida de lucha contra el fraude, sino una manera de reducir el déficit por el simple efecto contable de anticipar cobros, aunque se restrinja un derecho de los contribuyentes", advierten.
Prórroga del Presupuesto y techo de gasto
Por otro lado, Montoro señaló que Hacienda incluirá el ahorro de gasto de 5.000 millones de euros logrado a lo largo de este año en la prórroga del presupuesto de 2016, que será inevitable porque no va a dar tiempo a que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 estén listos en enero.
En conversación informal con los periodistas en el Congreso, el ministro de Hacienda explicó que si la prórroga de los presupuestos de 2016 se produce de forma automática las cuentas volverán a estar en vigor en los mismos términos en los que se aprobaron, es decir, con un gasto 5.000 millones superior al que se conseguirá al cierre del presente ejercicio. Dicho ahorro proviene del recorte presupuestario de 2.000 millones del acuerdo de no disponibilidad, de otros 1.000 millones del cierre anticipado del presupuesto y de 2.000 millones más de ahorro en el pago de los intereses de la deuda pública.
Sin embargo, antes de llegar a esa prórroga, el Gobierno tiene que aprobar el techo de gasto para el próximo año, una cifra que todavía está en fase de negociación política y que ha generado el primer desencuentro entre el Gobierno y Ciudadanos, que dio su apoyo a la investidura de Mariano Rajoy. Para determinar el límite de gasto para 2017, el Gobierno tendrá que contar también con los ingresos que prevé recaudar y que ajustará al alza con la reforma del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas y con el posible aumento de otras figuras tributarias.