Y a las tres décadas, Montesquieu resucitó. No sabemos lo que opinará Alfonso Guerra, aunque el ex vicepresidente asegura que él no dijo lo que dicen que dijo sobre la defunción en España del filósofo francés y la separación de poderes. Tampoco queremos decir que vaya a haber en nuestro país una verdadera separación de poderes, porque el judicial sigue en manos de los partidos, que se intercambian cartas de jueces como si fueran cromos. Pero al menos en lo que tiene que ver con las relaciones legislativo-ejecutivo, sí parece que estamos ante la legislatura más interesante de la democracia española. Cuidado, interesante no quiere decir productiva o positiva. Habrá mucho movimiento en el Congreso y ahora sólo queda por saber si los resultados merecerán la pena después de todo el ruido generado.
Una de las primeras víctimas puede ser la reforma laboral de 2012. El Gobierno presume de ella y le atribuye la principal responsabilidad en la recuperación del mercado laboral español. No está solo en la defensa de la polémica reforma. La Comisión Europea o el FMI han aplaudido la norma. De hecho, en sus recomendaciones a España proponen que se avance en lo ya vigente, que si acaso demos varios pasos más en la dirección emprendida.
Pero en la Carrera de San Jerónimo no lo tienen tan claro. Este martes, el PSOE presentaba una proposición de ley para cambiar dos párrafos del Estatuto de los Trabajadores relacionados con las subcontrataciones. Y el Congreso aprobó admitir a trámite la propuesta. Los socialistas aseguran que es sólo el comienzo y que irán demoliendo poco a poco la reforma. Podemos y el resto de la izquierda apuesta por una estrategia similar. El Gobierno, mientras tanto, afirma que está dispuesto a "mejorar" los aspectos que sean susceptibles de enmienda, pero que el grueso de la norma se mantendrá intacto. De hecho, en Empleo aseguran que la proposición del PSOE de esta semana no toca nada de la reforma laboral y que la regulación de las subcontratas viene de antes, de la época socialista.
Mientras tanto, quien más quien menos analiza la reforma, los programas de los partidos y las declaraciones de unos y otros. Convenios colectivos, descuelgue y coste del despido: escuchando a la oposición parece claro que los tres están en peligro. ¿Sobrevivirán a 2017?
De convenios y descuelgues
La reforma de 2012 tiene muchas caras, pero la polémica gira casi siempre en torno a dos temas. El primero es la capacidad de una empresa de firmar su propio convenio con sus trabajadores y que éste tenga prioridad sobre el convenio sectorial o el de ámbito territorial superior. Los sindicatos están en pie de guerra desde el día en que se aprobó. UGT y CCOO aseguran que perjudica a los trabajadores, porque el empresario podrá forzarles la mano en la negociación, algo que a nivel sectorial las centrales evitarían. El Gobierno, mientras, defiende que lo lógico es que cada empresa decida si quiere o no acogerse a las normas del convenio de ámbito superior y pueda pactar un convenio diferente con sus sindicatos si las circunstancias lo aconsejan. En la misma línea va el tema del descuelgue, que faculta a las empresas a inaplicar determinadas cláusulas tras un acuerdo con sus sindicatos.
El PSOE asegura que lo aprobado respecto a las subcontratas va dirigido a terminar con un abuso generalizado y relacionado con esta cuestión. Según esta versión, muchas empresas recurren a la subcontratación para poder contratar empleados sin integrarlos en la plantilla y así poder aplicar condiciones inferiores por empleos de similar valor, aprovechándose de la mayor facilidad para no aplicar el convenio del sector. Desde Empleo aseguran que esto no tiene nada que ver con la reforma.
Para los sindicatos, este tema es capital, porque lo que es evidente es que le quita mucho poder y protagonismo a las ejecutivas de las grandes centrales. Ni mucho menos la reforma faculta al empresario a tomar estas decisiones de descuelgue o firma de convenio empresarial de forma unilateral. Tiene que pactarlo con sus trabajadores y si no llegan a un acuerdo habrá un órgano de arbitraje que decidirá.
Por eso, la gran mayoría de los descuelgues son de mutuo acuerdo entre las dos partes (al igual que para firmar un convenio de empresa se necesita a los trabajadores). La ventaja para la empresa es que en caso de bloqueo ya no tiene que acogerse a un convenio sectorial que no le guste. Esto le permite negociar directamente con su comité de empresa y facilita el acuerdo con éste. Pero esto no le importará mucho a los sindicalistas que negocian los convenios de nivel superior: para ellos, la reforma supuso simple y llanamente perder buena parte del control que tenían hasta entonces en la negociación colectiva.
Lo que nadie se pregunta es por qué las empresas españolas recurren tanto a esta figura de la subcontrata. En principio, puede haber una razón organizativa (centrarse en su negocio core y dejar para otros las cuestiones secundarias) pero en España es habitual que para un mismo trabajo haya empleados directos y subcontratados. El ejemplo clásico es el de las compañías que tienen técnicos en régimen de subcontrata junto a otros en plantilla. ¿Por qué hacerlo así? Al fin y al cabo, si contratas de forma directa, todo lo que pagues se lo lleva el trabajador (no existe el margen de la subcontrata). O lo que es lo mismo, a igual coste para la empresa, el empleado cobraría más, estaría más motivado, con todas las consecuencias positivas que eso tiene.
No sólo eso, al ser tu empleado directo, tu control sobre este trabajador, sobre su formación o su carrera profesional será más cercano a tus necesidades. Pues bien, aún así muchas empresas prefieren subcontratar algunos de los servicios que luego prestan a sus clientes. ¿Por qué? El problema en buena parte reside en que las empresas sienten que, si contratan directamente, tendrán mucho menos margen de maniobra cuando haya cualquier imprevisto.
Despedir a un empleado (o cambiar sus condiciones de contratación) es mucho más complicado que simplemente dejar de renovar un contrato con una empresa subcontratista. De nuevo, nos encontramos con una norma (de coste del despido o convenios) que se supone que protege al trabajador pero que al final acaba teniendo resultados inesperados, no buscados y negativos para muchos empleados.
¿Contrato único?
Precisamente, alrededor del coste del despido girará la segunda gran batalla del año. Sindicatos, PSOE y Podemos se han hecho fuertes detrás del baluarte erigido por la sentencia de la Justicia europea sobre las indemnizaciones de despido de fijos, temporales e interinos. Es muy discutible lo que dice el fallo del TJUE, sus implicaciones y si la norma española discrimina a unos frente a otros. Pero diga lo que diga en realidad la sentencia, lo cierto es que ésta es la interpretación que se ha generalizado y quien más quien menos ha aprovechado la circunstancia para exigir que se iguale el coste del despido en todos los casos.
En lo que no hay acuerdo es en como igualarlo, que al fin y al cabo es lo más importante. Porque Podemos quiere volver a los 45 días por año para todos, sin temporales, y el PSOE no está muy claro lo que pretende pero apunta a deshacer la reforma de 2012. Mientras, el Gobierno ya habla claramente de negociar en esto, después de años diciendo que no se tocaría. Ciudadanos señala su modelo de contrato único con indemnización creciente.
Tanto en el pacto que firmó con el PSOE como en el del PP incluyó un apartado al respecto (y el diseño era muy parecido en los dos documentos). Más que un contrato único, lo que se planteaba era un contrato temporal con indemnización creciente que a los dos años igualaba sus condiciones con las del indefinido. Parecía que la idea era que este formato acabase siendo la puerta de entrada por defecto al mercado laboral y que supusiera en la práctica una especie de contrato único, aunque no se llamase así de forma oficial.
España ya tiene uno de los costes de despido a los indefinidos más elevados de la UE. Los empresarios tiemblan ante la posibilidad de llevar la norma nuevamente a los 45 días. Además, el problema no sólo es de si se pagan 45-33-20 días por año, sino de inseguridad jurídica. Se suponía que la reforma laboral determinaría con precisión las causas de despido objetivo, el que paga a 20 días. Luego, los tribunales han ido re-interpretando la norma, de forma sorprendente en muchos casos y acabando con buena parte de sus previsibles efectos.
Al final, la suma de todo (sentencia TJUE – sentencias tribunales españoles – pactos C’s-PP-PSOE – exigencias de los sindicatos) parece apuntar a que habrá cambios en la regulación de los despidos y que estos irán en la línea del contrato único, aunque no se llamará así. ¿Quizás un contrato indefinido por defecto, con un coste de indemnización creciente (más bajo que el actual para fijos pero más alto que el de los temporales) y dos escalas para despido objetivo o improcedente? Hay que recordar que hay una comisión de expertos a los que el Gobierno convocó para que emitieran un dictamen al respecto. Se espera su informe para el primer trimestre de 2017. Y lo normal es que se acabe aprobando algo parecido a lo que ellos propongan.
Tranquilidad en el Ministerio
Mientras tanto, en el Ministerio se respira tranquilidad. Desde el equipo de Báñez no temen por el futuro de su criatura más querida. Saben que habrá cambios ("mejoras" lo llamó el otro día la ministra), pero fuentes de Empleo hablan de "pulir" la Ley y nunca de derogarla. Están convencidos de que la reforma es "muy valorada" por los expertos, dentro y fuera de España. Por eso, dicen que todo lo que se apruebe tendrá que ser "pactado" y piden que se deje trabajar a sindicatos y patronal, con los que aseguran que tienen un diálogo abierto.
De hecho, la proposición de Ley del PSOE y otras iniciativas más que se tramitan en el Congreso se contraponen al proceso a tres bandas entre el Gobierno y los agentes sociales. Y es cierto que si sale algo con sustancia de las negociaciones entre las centrales y la patronal con Empleo de árbitro, se antoja complicado que el Legislativo lo eche abajo.
No sólo eso. Hay otros factores que contribuyen a la calma del Gobierno. Para empezar, que nunca antes se ha derogado una reforma laboral. Una cosa es hacer ruido y otra presentar una nueva ley que sustituya a la antigua en su totalidad y que consiga los 175 votos para salir adelante en el Congreso. No parece sencillo que la reforma de 2012 salga intacta de 2017. Incluso podría decirse que incluso sus defensores ya asumen que algo habrá que cambiar. Pero parece más complicado todavía que todo acabe volviendo a la situación de 2011, como pide la oposición.