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Gobierno y PSOE acuerdan prohibir por ley cortar la luz a los más vulnerables

La decisión coge con el pie cambiado a Podemos que había organizado marchas en toda España contra la llamada pobreza energética.

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La decisión coge con el pie cambiado a Podemos que había organizado marchas en toda España contra la llamada pobreza energética.
Álvaro Nadal, anuncia el acuerdo | EFE

El Gobierno y el PSOE han firmado este miércoles un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector eléctrico y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares "extremadamente vulnerables", a la vez que han cerrado el nuevo modelo de financiación del bono social.

Tras semanas de negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha presentado junto al portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, un acuerdo del que Ciudadanos, que no ha estado en la firma, se ha atribuido el mérito de haber forzado a incluir sus "exigencias".

El acuerdo se plasmará en un real decreto ley que el Gobierno espera aprobar en alguno de los dos Consejos de Ministros que quedan antes de que termine el año, aunque todo el desarrollo reglamentario se prolongará unos tres meses, por lo que no podrá comenzar a aplicarse hasta abril del año que viene. En ese desarrollo se deberá definir qué es consumidor "extremadamente vulnerable", un punto en el que jugarán un papel clave los servicios sociales locales y autonómicos.

También ha y que recordar que las compañías eléctricas ya aplicaban este tipo de medidas con el bono social, siendo especialmente sensibles a las familias con menos recursos. Hasta ahora, Para beneficiarse del bono social hay que cumplir algunos de los siguientes requisitos: hogares con menos de tres kilovatios de potencia contratada, pensionistas con prestaciones económicas mínimas, familias con todos sus miembros en paro o familias numerosas. Este último colectivo es el que debería excluirse, en principio, del bono social porque puede acogerse al mismo con independencia de los ingresos familiares obtenidos. En cualquier caso, agentes importantes del sector como el presidente de Endesa, Borja Prado, ya expresaron el pasado mes de abril la necesidad de que el gobierno aborde el rediseño del bono social, que ofrece descuentos del 25% sobre el total del recibo de la factura eléctrica. En estos momentos, 2,4 millones de consumidores se benefician de esa rebaja en España, lo que supuso 180 millones de euros en el año 2015.

Por otro lado, también será clave el papel de las Comunidades Autónomas en ese objetivo de introducir la prohibición de los cortes de luz en el artículo 42.J de la ley del sector eléctrico.

Asimismo, se abordará incluir criterios de renta en el bono social –un descuento del 25 % en la factura de determinados colectivos– y que con los fondos de esta herramienta se pueda hacer frente a una parte de las facturas impagadas por esos consumidores más vulnerables y que ahora corren a cargo de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

El acuerdo también sirve, a través de ese real decreto, para arreglar el tema de la financiación del bono social –que cuesta unos 200 millones al año– tras la sentencia del Supremo, que tumbó el modelo anterior.

El nuevo repartirá el coste de esta herramienta entre todas las comercializadoras eléctricas, lo que supone ampliar el número de empresas que deben pagarlo aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes –Endesa, Iberdrola y Gas Natural– por sus cuotas de mercado.

Nadal ha recordado hoy que existen 2,6 millones de hogares (7 millones de personas) que reciben el bono social, y un porcentaje menor calificado de "extremadamente vulnerable", atendido por los servicios sociales. No hay cifras cerradas –sin conocer los criterios exactos con los que se definirán estos consumidores– sobre el número de personas al que podría proteger esta medida, así como su coste aproximado.

Hernando ha afirmado que el acuerdo de hoy supone una reforma estructural importante y es bueno "para las familias más vulnerables, ya que ataca la pobreza energética". Aunque Ciudadanos no ha asistido a la firma del acuerdo, el grupo se ha atribuido el mérito de haber forzado el acuerdo al incluir sus "exigencias" y ha reprochado al Gobierno que haya tardado ocho años en atender un problema surgido con la crisis y que siga apoyándose en "el bipartidismo rancio".

Desde Podemos, el responsable de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, llamó a los ciudadanos a participar en las movilizaciones convocados hoy para pedir medidas contra la pobreza energética como respuesta al pacto "chanchullo" alcanzado entre PP y PSOE que "da la espalda al Parlamento".

Desde el sector eléctrico insisten en señalar su disposición a colaborar en la lucha contra la pobreza energética –las eléctricas cuenta con multitud de convenios de colaboración en este tema– pero subrayan que la política social no es algo que deba recaer sobre las empresas. Cerca de 30 organizaciones se manifestaron hoy en ciudades de toda España contra las "tarifas abusivas" de las compañías eléctricas y los cortes de luz a las familias sin recursos. En esas marchas, cientos de personas han pedido la prohibición de los cortes de luz a las familias sin recursos y la creación de una "tarifa social" destinada a los más desfavorecidos.

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