La reforma laboral de 2012, la medida más importante y exitosa que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de combatir la crisis económica, está en serio peligro, con todo lo que ello supone para el futuro crecimiento de España y, muy especialmente, la imprescindible creación de empleo. El PSOE, apoyado por Podemos y otros partidos de la oposición, se ha propuesto dinamitar la escasa e insuficiente flexibilidad laboral que introdujo dicha normativa, sin importar las nefastas consecuencias que tendría su derogación, con el consiguiente regreso automático al deficiente y ruinoso modelo laboral previo.
Los datos son muy tozudos. Cuando se aprobó la reforma, oposición y sindicatos denunciaron que no ayudaría a crear empleo ni a reducir el paro, a diferencia del positivo diagnóstico que realizó Libertad Digital. El tiempo, sin embargo, se ha encargado, una vez más, de dar y quitar razones. La entrada en vigor de la reforma logró, en primer lugar, frenar de forma muy sustancial la devastadora destrucción de empleo en la que estaba inmersa la economía nacional como consecuencia de la recesión. Pero lo más importantes es que, en cuanto el PIB empezó a repuntar, España generó nuevos puestos de trabajo de inmediato, cuando antes necesitaba alcanzar un crecimiento superior al 2% anual para que el mercado de trabajo comenzase a reaccionar.
Desde entonces, la ocupación ha aumentado en cerca de 1,5 millones de personas y el número de parados ha caído en unos 2 millones, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Así pues, el país ha logrado recuperar la mitad del empleo destruido durante la crisis, lo cual todavía no es suficiente, pero sí muy relevante. Y esta positiva evolución ha sido posible, en gran medida, gracias a la citada reforma que ahora pretenden anular algunos partidos, con los socialistas a la cabeza. De hecho, según los expertos en la materia, si este cambio normativo se hubiera producido en 2008 y no en 2012, se habría evitado la pérdida de otros 2 millones de empleos, con lo que la tasa de paro sería hoy 8 puntos inferior a la existente, próxima al 12%.
Derogar la reforma laboral, por el contrario, implicaría regresar al fracasado modelo anterior, el mismo que ha condenado a los españoles a sufrir una tasa de desempleo media del 17% desde los años 80, con y sin crisis económica de por medio, y un índice de precariedad de más del 30%, superior al que se registra actualmente. Aprobar semejante dislate sería, pues, una enorme irresponsabilidad política, pero, sobre todo, una gravísima inmoralidad, ya que condenaría al paro estructural a millones de familias, cuyas posibilidades de encontrar trabajo se esfumarían.
Así pues, España no sólo necesita mantener la reforma laboral, sino profundizar en la imprescindible senda de la flexibilidad para poder acelerar la reducción del paro hasta niveles sostenibles y mínimamente aceptables, tal y como sucede en la mayoría de países europeos. Hay que defender y avanzar en lo que funciona, no regresar a lo que ha demostrado ser un estrepitoso fracaso durante décadas. El Gobierno del PP tiene herramientas legales más que suficientes para evitar la derogación de su reforma, es cuestión de voluntad política. Si Rajoy tiene, como dice, "líneas rojas" que no está dispuesto a traspasar, ésta debería ser una de las primeras y más importantes. Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo. Por desgracia, los españoles se han habituado a las mentiras e incumplimientos del presidente. Esperemos que la reforma laboral nunca llegue a formar parte de esa larga lista de decepciones.