Mi inquietud y sensación de peligro, ya presente, pero sobre todo futuro, deriva de lo que, con benevolencia, llamaría yo confusión entre lo público y lo privado. Ambos sectores están llamados a vivir juntos; es más, están llamados a cooperar y a colaborar en múltiples tareas esenciales para el mayor bienestar de la población.
Lo que no es admisible es que un sector asuma los fines del otro, ni siquiera que uno de ellos adopte como propios los métodos e instrumentos que sólo al otro corresponden. La delimitación de unos y otros fines era ya nítida en el pensamiento de Adam Smith, y quedaría plasmada en su obra Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776.
Pero no sólo el pensamiento clásico tenía claramente acotados los campos para la acción del sector público y del privado, sino que a comienzos del siglo XX el propio Keynes, en frase sencilla pero afortunada, delimitaría lo que es propio del sector público y, por exclusión, lo que lo es del sector privado. Diez años antes de su Teoría general, es decir en 1926, diría:
El Estado no tiene que hacer las cosas que los individuos están haciendo ya, y hacerlas algo mejor o algo peor; sino hacer aquellas cosas que en el momento presente no se están haciendo.
Sin embargo, hoy, keynesianos y no keynesianos parecen interesados en que el Estado haga cosas que harían mejor los particulares, y también que éstos hagan lo propio del sector público, sembrando así de minas (valga el símil) el territorio sobre el que se situará la actividad política, económica y social.
La misión del sector privado es emplear bien los recursos en una economía libre, pues, siendo escasos, existe la responsabilidad de utilizarlos con eficiencia máxima, derivándose, en el mejor de los casos, el beneficio legítimo de la actividad. Otra cosa es qué hacer con el beneficio una vez satisfechas las cargas impositivas, y ello dependerá de la conciencia social del empresario y del sentido moral o ético que guíe su conducta.
Redistribuir rentas y hacer caridad no es propio de las entidades mercantiles, sí de las personas que en ellas comprometen sus recursos. Por ello, no parece propio de las empresas eléctricas financiar el llamado bono social con cargo a sus propios recursos; y eso, con independencia de lo que puedan establecer las leyes.
No se me ocurriría decir que quien no tenga recursos para pagar la electricidad no la energía. Lo que sí digo es que, reconocida la escasez de una familia o persona, es el Estado, en la función social encomendada, quien tiene que hacerse cargo de la financiación de esa necesidad.
Confundir esos dos planos conduce a aceptar que quien no tenga vivienda ocupe, coactivamente, la propiedad ajena, pues justo es que tenga techo donde vivir. Reconocido el derecho, es la Administración Pública quien debe proporcionar la vivienda, y no la propiedad ajena invadida.