Desde el año 2015, a pesar del abultado superávit que heredó de Ana Botella, el gobierno de Ahora Madrid no ha dejado de aumentar el gasto municipal. Esto ha terminado derivando en un incumplimiento de la Regla de Gasto, que no fue respetada por el consistorio en los presupuestos de 2015, lo que dio pie a un "toque" por parte del ministerio de Hacienda.
En noviembre de 2016, el gobierno de Ahora Madrid se vio obligado a recortar el gasto en 17,2 millones de euros para enmendar el incumplimiento de la Regla de Gasto en el ejercicio de 2015. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, llevaba más de un año cargando contra la Regla de Gasto, pero acabó cediendo ante el Ministerio de Hacienda y aprobando los ajustes presupuestarios que exige la norma.
Pero aquel episodio fue solamente el comienzo. Y es que, mientras se resolvía el incidente de 2015, el Ayuntamiento de Madrid había presentado un disparatado Plan Económico-Financiero para 2016 y 2017 que, en conjunto, sumando ambos ejercicios, incumplía la Regla de Gasto en 589 millones de euros. El Ministerio de Hacienda volvió a dirigirse a Sánchez Mato y le advirtió por carta del desfase, exigiendo una rectificación.
Sánchez Mato, que cuenta con el hermano de Alberto Garzón como asesor de cabecera, volvió a enviar al Ministerio de Hacienda un nuevo Plan Económico-Financiero. Sin embargo, los técnicos del departamento que dirige Cristóbal Montoro tienen claro que el nuevo documento "no implementa las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales".
Se abre la veda: las medidas coercitivas, más cerca
Ya en noviembre, Hacienda señaló que el primer Plan Económico-Financiero "prevé una ruptura del techo de gasto" y resulta "incompatible con los objetivos de estabilidad asignados a España". El nuevo documento, que en palabras del Gobierno Carmena apenas "amplía la información del anterior", no subsana estos errores y, por tanto, abre la puerta a la aplicación de medidas coercitivas.
Así lo contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su artículo 25. El protocolo en cuestión se activa cuando concurre uno de los tres siguientes escenarios: "falta de presentación", "falta de aprobación" o "incumplimiento" del Plan Económico Financiero. En este caso, sería la "falta de aprobación" la que generaría la intervención del Ayuntamiento por parte del ministerio.
En primer lugar, la Ley contempla que se puede exigir al consistorio que "apruebe la no disponibilidad de créditos para el cumplimiento". Esto implica recortar gasto en otras partidas y consignarlo al cumplimiento de la Regla de Gasto. La norma contempla un plazo de quince días para esta reacción por parte del gobierno municipal.
En segundo lugar, la norma contempla la constitución de un depósito en el Banco de España que, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, exigiría el depósito de 125 millones de euros, equivalentes al 2,8% de los ingresos no financieros. Además, también se abriría la puerta a la creación de una comisión de expertos diseñada por el ministerio. Estos "hombres de negro" propondrían medidas de ajuste que serían de obligado cumplimiento para el gobierno de Carmena.
A punto de entrar en el escenario coercitivo
Ahora mismo, el Ayuntamiento está a punto de entrar en el escenario de medidas coercitivas que contempla el artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque para que sea oficial habrá que esperar a marzo, cuando se haya liquidado por completo el presupuesto de 2016 y la Junta de Gobierno haya aprobado el cierre de unas cuentas que incumplen claramente la Regla de Gasto.
En 2016 se estima que el incumplimiento rondará los 300 millones, cantidad similar al desvío que se observa en los planes presupuestarios para 2017. Por tanto, el gobierno de Ahora Madrid recibirá del ministerio una notificación que instará a la Administración Carmena a "aprobar la no disponibilidad de créditos para el cumplimiento", es decir, un recorte de 300 millones.
Además, Hacienda podría exigir el depósito de 125 millones en el Banco de España y también se podría nombrar a la comisión de expertos que pasaría a tomar medidas de ajuste de manera directa, con mando en plaza. En el caso de que el gobierno de Ahora Madrid siguiese negándose a implementar estas disposiciones, pasaríamos al artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que contempla las medidas de cumplimiento forzoso.
En virtud de dicho artículo, se podría requerir a Manuela Carmena que dictase la aprobación de los ajustes señalados desde el ministerio de Hacienda. Sería la última oportunidad con la que contaría el consistorio, ya que la no aplicación del ajuste exigido terminaría resultando en la disolución de los órganos de la corporación local incumplidora.
¿Un recortazo de última hora?
Rita Maestre, portavoz del gobierno municipal, ha declarado que "hay que esperar a que se liquiden las cuentas de 2016 para saber si el Ayuntamiento incumple o no la Regla de Gasto. No hay datos hasta que no se produzca la liquidación de las cuentas de ese año". Con estas declaraciones, se abre la puerta a un recortazo de última hora que, lejos de los focos, reduzca el gasto para evitar que Hacienda tome medidas drásticas.
Mientras tanto, Ahora Madrid ya ha lanzado una "carta a la ciudadanía" en la que carga contra el ministerio y acusa al departamento que dirige Cristóbal Montoro de pretender "intervenir Madrid para imponer recortes". El documento en cuestión también señala que los techos de gasto vigentes son "absurdos".
Por su parte, Purificación Causapié, portavoz del PSOE y principal aliada del gobierno de Manuela Carmena, declaró a los medios que su formación política "tiene que valorar los motivos que ha dado el Ministerio de Hacienda" y advirtió que su formación "no va a aprobar presupuestos con recortes".