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EDITORIAL

La factura del populismo: menos hipotecas y más caras

En los últimos años, parece haberse instalado en la sociedad española el 'todo vale contra la banca'.

EDITORIAL
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Una injusticia no se combate con otra. La crisis financiera, los abusos y mala praxis que ha protagonizado buena parte del sector, la impunidad de la que han gozado sus gestores y, en última instancia, el rescate público de entidades quebradas, tanto en España como a nivel internacional, han hundido la imagen y reputación de la banca ante la sociedad, generando así una oportunidad de oro para la entrada del siempre pernicioso populismo, también en este ámbito, cuya demagogia constituye una seria amenaza para los actuales y futuros prestatarios.

La inseguridad jurídica, por desgracia, se ha instalado de lleno en el sistema hipotecario español, afectando, por ende, tanto al mercado de la vivienda como al fundamental derecho de la propiedad privada. La anulación general e indiscriminada de las cláusulas suelo que propició el Tribunal Supremo en su errónea y mal fundamentada sentencia de 2013 no solo ha puesto patas arriba al sector financiero, sino que ha terminado abriendo una seria y grave grieta por la que la certidumbre legal y las garantías jurídicas podrían acabar en el desagüe si nadie lo remedia antes.

La redefinición de "transparencia" y "abusividad" que aplicó el Supremo en su polémica sentencia abre la puerta de par en par a la devolución de todas y cada una de las cláusulas suelo que se firmaron en España, con independencia de si hubo o no mala comercialización por parte de la entidad, opacidad en la redacción del texto o conocimiento de su introducción y consecuencias por parte del hipotecado. El importe potencial a devolver podría superar los 5.000 millones de euros. Sin embargo, el problema no radica tanto en la cuantía como en las consecuencias que podría acarrear este particular atropello judicial a millones de españoles.

No en vano, al capítulo de las cláusulas suelo se suma, además, el de las hipotecas multidivisa, los gastos de formalización, la dación en pago o la vista gorda que, últimamente, numerosas administraciones está haciendo con el creciente problema de los okupas y el consiguiente perjuicio para los propietarios de esas viviendas. En los últimos años, parece haberse instalado en la sociedad española el 'todo vale contra la banca', gracias, entre otros factores, a la enorme irresponsabilidad que están demostrando políticos y jueces sobre esta cuestión.

No, no todo vale, y, de hecho, el triunfo de este enfoque acabará pasando una elevada factura al conjunto de la población. Para empezar, tanto la anulación de contratos legalmente constituidos como la devolución de las cláusulas suelo serán sufragadas por los accionistas de la banca -entre ellos, millones de particulares-, sus clientes -vía comisiones, los contribuyentes -en el caso de las entidades nacionalizadas- y, sobre todo, los futuros hipotecados, cuyo acceso a un préstamo de estas características se verá restringido y encarecido de forma sustancial mediante un mayor diferencial con respecto al Euríbor. Es decir, en el futuro habrá menos hipotecas y más caras.

Y ello sin contar que el Gobierno está negociando con otras formaciones de izquierda la reforma de la ley hipotecaria. Su intención es que los futuros deudores firmen, junto a la hipoteca, otro papel en el que admiten que han leído y entendido el contrato. Dicha medida no sólo es redundante, puesto que la firma de la hipoteca ya debería implicar la lectura, entendimiento y aceptación de la misma por parte del particular, sino que resultará del todo inútil. No en vano, si la firma de un contrato cuya validez y legalidad ha contado con el visto bueno de notarios y registradores de la propiedad puede ser anulado a posteriori de forma absolutamente arbitraria por uno u otro juez, ¿qué impedirá que suceda lo mismo con el nuevo documento precontractual que propone ahora el PP? Simplemente, nada. El sistema hipotecario está hoy bajo la amenaza del populismo político y judicial, tal y como han alertado los principales banqueros del país en los últimos días. Y eso, sin duda, tendrá consecuencias.

España es un país de propietarios, ya que cerca del 80% de las familias poseen una vivienda, gracias, en gran medida, al buen funcionamiento que ha demostrado el mercado hipotecario español durante décadas. Si ahora se pervierten sus garantías procesales y jurídicas, la concesión de este tipo de préstamos se endurecerá, dificultando con ello el acceso a una vivienda en propiedad a millones de españoles. Ni una cosa ni otra: las irregularidades bancarias deben ser duramente sancionadas, los gestores irresponsables deben ser castigados penalmente y los bancos -y cajas- no deben ser rescatados con dinero público, pero el hecho de que todo lo anterior se haya hecho mal no justifica de ningún modo lesivas e injustas decisiones políticas y judiciales contra la banca. Cuando la seguridad jurídica salta por la ventana, la riqueza, el desarrollo y el progreso salen por la puerta.

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