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EDITORIAL

Hay que acabar con el Impuesto de Sucesiones

Sucesiones permite a las CCAA apropiarse de una parte del patrimonio de las familias aprovechándose del fallecimiento de uno de sus integrantes.

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Uno de los mayores ejemplos, sino el que más, del abusivo y complejo sistema fiscal que existe en España es, sin duda, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, más conocido como el impuesto a los muertos, ya que permite a las comunidades autónomas apropiarse de una parte sustancial del patrimonio de las familias aprovechándose del fallecimiento de uno de sus integrantes. El mantenimiento de este tributo no solo constituye un latrocinio intolerable y vergonzoso contra el conjunto de la población, con independencia de su situación social o económica, sino que supone una simple y pura injusticia, impropia de un Estado de Derecho que sea merecedor de tal nombre.

En primer lugar, porque vulnera el artículo 31 de la Constitución, cuyo punto 1 señala que el sistema tributario nunca puede ser "confiscatorio". Y, precisamente, éste y no otro, es el único objetivo de dicho tributo. A saber, confiscar una parte de la herencia, mayor o menor, en función del grado de consanguinidad de los herederos, porque sí y sin más razón que ésa. Además, viola uno de los principios básicos de la Hacienda Pública, el relativo a la doble tributación, puesto que el dinero y los bienes legados ya han pagado los debidos impuestos al ser adquiridos o generados por su titular. Sucesiones y Donaciones implica, pues, pagar de nuevo sobre algo que ya ha tributado.

En segundo término, porque es profundamente injusto e inmoral que, tras toda una vida de trabajo, esfuerzo y ahorro para acumular un patrimonio y poder dejar algo a tus hijos, sobrinos, familiares, amigos o a quien desee su legítimo propietario, venga el político de turno a quitarte lo que es tuyo, y de nadie más, para despilfarrarlo en beneficio propio, que no es otro que la compra -directa o indirecta- de votos mediante el aumento del gasto público. De hecho, la voracidad y el abuso de algunas autonomías llega a tal punto que miles de familias se ven obligadas a renunciar cada año a sus herencias ante la imposibilidad de abonar la citada mordida fiscal.

En tercer término, porque se trata de un impuesto muy perjudicial y enormemente contraproducente. No en vano, su finalidad no es otra que reducir y desincentivar el ahorro y, por tanto, la acumulación de capital, base sobre la que se asienta el crecimiento y el desarrollo económico. Además, dada la injusticia que supone su aplicación, lo único que incentiva realmente es la fuga de capitales mediante el traslado de la residencia fiscal y el fraude tributario.

Por si fuera poco, se trata de un impuesto absolutamente inútil, dada su limitada y reducida capacidad recaudatoria, pero cuyo mantenimiento genera un ingente daño a numerosas familias. Apenas supone el 1,3% de los recursos totales de las comunidades autónomas y los datos, curiosamente, demuestran que las regiones que han apostado por su práctica eliminación recaudan más que aquellas que aplican tipos elevados. Así pues, se mire por donde se mire, no se sostiene el maniqueo argumento que esgrimen algunos gobiernos regionales de que Sucesiones y Donaciones solo lo pagan los ricos y sirve para financiar servicios públicos básicos, como Educación y Sanidad. Simplemente, es mentira. La desvergüenza de los políticos para justificar sus desmanes no tiene límites. Este impuesto lo pagan todos y su recaudación es mínima y, por tanto, desdeñable.

La razón de su mantenimiento no es otra que la de hacer daño per se, lo cual da buena cuenta del expolio y la expropiación fiscal que, por desgracia, sufren muchos españoles. Que la presidenta de Andalucía o el de Asturias, con el apoyo de otros barones socialistas, pretendan ahora extender esta injusticia a todo el país para evitar que sus contribuyentes puedan huir es un insulto, una provocación y un dislate. Y la mayor prueba de ello son las inéditas y esperanzadoras protestas que han protagonizado los contribuyentes andaluces y asturianos en los últimos días para exigir su eliminación, hartos del robo indiscriminado al que les someten sus Administraciones.

En Sucesiones y Donaciones no hay nada que "armonizar", ni al alza ni a la baja, salvo su completa eliminación. Ya no es cuestión de rebajar más o menos el impuesto, hay que borrarlo del sistema fiscal español de forma íntegra y para siempre, sin excepciones.

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