A finales de febrero, el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, anunció que el gobierno de Manuela Carmena estaba trabajando en una instrucción que tiene como objetivo "frenar la proliferación de planes especiales que permiten el cambio de uso residencial a turístico en las viviendas del distrito Centro".
Según Calvo, es necesario "frenar la saturación turística, que puede llevar a la transformación del centro en una ciudad parque temático, como Roma o Barcelona". Los datos no parecen darle la razón, pues la ratio de camas por habitante es tres veces menor en Madrid que en la capital italiana o la Ciudad Condal, pero Carmena y su equipo parecen decididos a continuar con su particular guerra al turismo.
De esta forma, el consistorio sigue los pasos de Ada Colau, que instauró en 2015 una moratoria hotelera y, desde entonces, se ha negado a conceder licencias para la apertura de nuevos negocios de alojamiento. Pero Ahora Madrid no ha dado este paso sin antes consultarlo con el PSOE. Y es que el pacto suscrito entre ambos partidos para sacar adelante los presupuestos de 2017 incluía una cláusula que instaba a "controlar la concesión de licencias de viviendas turísticas y hoteles" en diversos barrios ubicados en el corazón de la Villa y Corte, como Sol o Cortes.
Cs introduce una moción de urgencia
Ya entonces, cuando salió a la luz el acuerdo entre ambas formaciones, el grupo popular alzó la voz y su concejal José Luis Martínez Almeida puso en duda la legalidad de aprobar algo así. Sin embargo, la reacción más contundente ha llegado por parte de Ciudadanos. La formación naranja se prepara para presentar una moción de urgencia en el Pleno del Ayuntamiento con la que aspira a lograr la retirada de esta polémica instrucción.
Según ha denunciado Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el consistorio, la norma con la que Carmena quiere impedir la apertura de hoteles"es ilegal, ya que una instrucción no puede cambiar un Plan General de Ordenación Urbana, en línea con el Principio de Reserva de Ley que detalla la Constitución Española".
Villacís ha explicado que la instrucción supone un golpe al desarrollo del sector turístico, pero también ha subrayado que su aprobación puede afectar a otro tipo de negocios, desde supermercados a gimnasios pasando por aparcamientos, talleres mecánicos… En resumen, un veto que, en opinión de C's, "puede frenar la actividad económica en Madrid", motivo por el cual Villacís no descarta iniciar medidas legales en caso de que el Pleno tumbe su moción.