De las muchas promesas electorales incumplidas por el Gobierno de Rajoy, pocas tan urgentes y necesarias como aquella destinada a llevar a cabo una "profunda reforma" de nuestro, más que insostenible, demencial modelo autonómico. De aquel compromiso de eliminar competencias, simplificar la gestión, coordinar los servicios y reducir el número de políticos nadie se acuerda, como tampoco de aquella Ley de Estabilidad Presupuestaria que exigía la vigilancia, la sanción e incluso la intervención de toda Administración regional que no cumpliera los topes de déficit.
Ya podrán el FMI o la propia Comisión Europea reclamar al Gobierno de España que aplique dichos mecanismos de intervención, tal y como de forma reiterada vienen haciendo desde 2013, que la única reacción de Rajoy y Montoro desde entonces ha sido la de establecer cada vez menos exigentes topes de déficit a la autonomías más díscolas, a las que también ha regado con miles de millones de financiación extraordinaria provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica.
Lo peor es que ahora Montoro parece que se dispone a aplicar quitas a la deuda de nuestras manirrotas comunidades autónomas, no sabemos si para contribuir al espejismo de que, por fin, ajustan sus gastos a sus ingresos o para forzar a las autonomías menos gravosas para el contribuyente a que eleven sus impuestos a cambio de este caramelo envenenado.
Soy el primero en advertir que la encomiable competencia fiscal entre autonomías se torna en una auténtica tomadura de pelo si las Administraciones regionales no tienen prohibido por ley el déficit público, tal y como sucede con los ayuntamientos. Sin embargo, la solución no debe pasar por la mal llamada armonización fiscal, ni por la no menos criticable mutualización de deuda, sino por un modelo en el que cada palo aguante su vela.
¿Qué autonomía es esta en el que el gasto autonómico no se sostiene únicamente en los impuestos autonómicos? ¿Qué descentralización es esta que permite al gobernante autonómico gastar cuanto le plazca y pasar la factura a los que le sucederán o, mediante quitas de deuda, a la Administración central? ¿Qué grado de despilfarro e irresponsabilidad queremos que alcancen las CCAA en un país en el que las Administraciones regionales ya acaparan más dinero del contribuyente que entidades similares en cualquier otro de toda la OCDE?
Las autonomías, que han ganado terreno en España mancillando el buen nombre de la descentralización administrativa, se han convertido desde casi sus inicios en el cáncer de nuestra democracia, en el principal obstáculo para nuestra recuperación económica y para nuestra vertebración nacional. Sin embargo, está visto que son los niños mimados del sistema y, como ellos, juegan a la autonomía, incluso a la independencia, con el dinero de los demás.