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EDITORIAL

El escándalo del cupo vasco

Por evitar otras elecciones se silenció el coste que iba a tener para los españoles un Ejecutivo dependiente, de nuevo, de los nacionalistas.

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Mucho se habló, tras las elecciones generales de junio, del coste económico que tendría para los españoles la celebración de unas terceras elecciones incluso cuando los sondeos ya empezaban a pronosticar al PP y a Ciudadanos –tal y como siguen haciendo– una holgada mayoría absoluta en caso de celebrarse. Poco se tuvo en consideración, sin embargo, el coste que iba a tener para los españoles que el Ejecutivo de Rajoy tuviera que depender de los nacionalistas para poder gobernar. Y lo cierto es que, dados los resultados de las pasadas elecciones, el Gobierno no sólo se expone a ver tumbadas muchas de sus iniciativas legislativas –ya le ha sucedido en más de una ocasión–, sino a tener que pagar un alto precio a los nacionalistas vascos y canarios para sacar adelante algo tan básico como los Presupuestos Generales del Estado.

El caso del PNV es especialmente sangrante por cuanto la comunidad autónoma vasca –al igual que la navarra– ya parte de una situación de privilegio, por cuanto no participa del sistema de financiación por el que se rigen todas las demás comunidades autónomas, adscritas al régimen general. A diferencias de estas últimas, las provincias vascas son las encargadas de recaudar los impuestos que pagan los contribuyentes residentes en la región, y, posteriormente, abona cada año al Gobierno central el coste estimado –más bien, negociado– de las competencias que desempeña el Estado en el País Vasco –Defensa, Asuntos Exteriores e infraestructuras como puertos y aeropuertos– a través del famoso cupo.

El respaldo del PNV a los Presupuestos de 2017 no sólo va a suponer que el Gobierno autonómico pase a pagar un 40% menos por dicho cupo, sino que el Gobierno central le devuelva 1.400 millones que los nacionalistas reclamaban en el litigio sobre el cupo entre los años 2007 y 2017. En total, el acuerdo sobre las liquidaciones de años anteriores y la nueva ley quinquenal supondrá para el Gobierno central una factura que superará los 4.000 millones de euros.

Por si esto fuera poco, el acuerdo con el PNV incluye un capítulo de cuestiones políticas, que los nacionalistas describen como propias de la denominada agenda vasca, que ni ellos ni los representantes del PP han querido detallar y que bien podrían estar relacionadas con la política penitenciaria, en concreto con el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco.

Si inadmisible es la falta de transparencia en este último punto, más bochornosa es la carta de naturaleza que otorgan los grandes partidos nacionales al trato privilegiado que reciben el País Vasco y Navarra, ante lo que hasta Ciudadanos ya guarda un elocuente y decepcionante silencio. Si tan favorable es esta práctica hacendista, que se extienda a todas las comunidades autónomas; y si no, que no la tenga ninguna. Lo que no es de recibo son las asimetrias y los privilegios que violan –y cada vez con mayor descaro– la igualdad de todos los españoles ante la ley.

Si hay una corrupción institucionalizada es precisamente la que afecta al demencial e ineficiente sistema de financiación autonómico. ¿De qué igualdad y de qué justicia cabe hablar cuando se trata de un sistema autonómico cuya financiación depende de lo holgada o escasa que sea la mayoría del que partido que maneja el Gobierno nacional? El concierto económico, tal y como está planteado, es un desafuero que penaliza a los Gobiernos autonómicos comprometidos con el proyecto nacional mientras que premia a quienes fomentan el nacionalismo disgregador.

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