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Rato, Acebes y otros 32 exdirectivos de Bankia irán a juicio por su salida a Bolsa

La Audiencia Nacional concluye la instrucción del caso Bankia. Acusa a los procesados de falsedad en las cuentas y fraude a los inversores.

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Rato, Acebes y otros 32 exdirectivos de Bankia irán a juicio por su salida a Bolsa
Rodrigo Rato | EFE

Según las conclusiones de Fernando Andreu, el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional –el mismo de las tarjetas black–, se cometieron dos delitos en la salida a Bolsa de Bankia. El magistrado ha transformado las diligencias en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral contra las 34 personas físicas y jurídicas imputadas por falsedad en las cuentas anuales en 2010 y 2011 y/o fraude de inversores al incluir datos falsos en el folleto informativo con el que encaró la cotización esta entidad financiera.

Rodrigo Rato, como expresidente de Bankia; Francisco Verdú, exconsejero delegado; los consejeros José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ángel Acebes –el exministro de Interior de Aznar expresó ante la AN su disconformidad porque entró en el consejo de BFA después de la salida a Bolsa y salió antes del rescate– y otros tantos vocales; además de la propia Bankia y su filial BFA (Banco Financiero y de Ahorros) conformarán el banquillo de los acusados en este procedimiento judicial que suma 913 tomos en seis piezas separadas.

En cuanto a los miembros de aquellos organismos encargados del control de Bankia, el juez solo procede contra el auditor externo contratado por Deloitte Francisco Celma, que firmó dos informes favorables sobre estados financieros del holding durante los meses de la salida a Bolsa. Aunque Deloitte auditoría como persona jurídica ve archivada la causa en su contra –solo permanece como responsable civil para indemnizar de forma solidaria a los inversores– porque, como refleja Fernando Andreu, Celma dispuso de total autonomía.

Ni la CNMV ni el Banco de España

El magistrado ha archivado en bloque tres vertientes: la de dos consejeros de Bankia que no intervinieron en las reuniones del Consejo de Administración donde se adoptaron los acuerdos objeto de la presente causa y dos relativas al control. La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y el Banco de España, cuya imputación había solicitado la acusación popular Confederación Intersindical de Crédito de Andrés Herzog, quedan fuera de la causa. Sucede lo propio con el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez MAFO y el exvicepresidente Javier Aríztegui.

Ambos recibieron correos electrónicos informales alertando de las graves consecuencias que se derivarían de la salida a Bolsa de Bankia, que necesitó un rescate posterior de 22.4 millones de euros. No obstante, Andreu no entiende cómo la CIC pidió la imputación de los máximos cargos cuando fueron el Consejo Rector de la CNMV y la Comisión Ejecutiva en el Banco de España los que adoptaron las decisiones controvertidas.

La CNMV debía adoptar las medidas legalmente establecidas para proteger a los inversores y, según Fernando Andreu, no parece razonable que se le exija la constatación por sus propios medios de que los estados financieros incluidos en el folleto y avalados por el auditor representasen la imagen fiel de la entidad. Respecto al Banco de España, el juez reitera que no fue decisión suya la salida a Bolsa, aunque no se opusiera a ella, y que no ha participado en la ficción de aparentar solvencia donde no la había.

Falsear la imagen de Bankia

Fernando Andreu aclara que persigue el falseamiento de estados financieros. No penaliza el hecho de autorizar que la sociedad gestione una Oferta Pública de Suscripción de Acciones para salir a Bolsa, extremo que "podría ser objeto de exigencia de responsabilidad en otro foro, pero carece de relevancia penal". Tal y como establece el instructor de la Audiencia, "en este procedimiento no se investiga si la decisión de salida al parquet de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus –la persona que trasladó los correos a MAFO–, errónea".

A lo largo de 253 folios, el magistrado resume los cinco años de investigación donde han comparecido 48 imputados y 40 testigos, se han solicitado datos a 30 entidades y se han personado 44 acusaciones particulares y populares.

En base a los informes periciales recabados, el juez determina que los estados financieros individuales y consolidados de BFA a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2011, así como las cuentas anuales de Bankia de 2011, no reflejaban la imagen fiel de la situación económica de la entidad. Por lo tanto, "aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades que administraban con el consiguiente perjuicio para los que después suscribieron acciones de la mercantil cotizada y para el Estado".

Los miembros el Consejo de Administración, como administradores de hecho de Bankia, tenían un especial deber de certificar la situación económica de la entidad y "debían adoptar cuantas cautelas y medidas de prevención fueran necesarias". Por el contrario, falsearon el folleto informativo y "se llegó a producir un perjuicio para los nuevos accionistas –que se estimó en 15.000 millones de euros–, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser falsos".

A partir de ahora el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones disponen de un mes para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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