No sabemos si Albert Rivera, en el colmo de la ignorancia o del despiste, lo considerará una muestra de ese liberalismo "centrista" y "progresista" con el que ha querido etiquetar a su partido; pero el hecho cierto es que uno de los acuerdos que Ciudadanos suscribió en su día con el PSOE, de cara a la fallida investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, fue derogar del Código Penal el articulo 315.3 que castiga con penas de prisión de entre un año y nueve meses hasta tres años a aquellas personas que "actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
A nadie debería sorprender que Pablo Iglesias haya reivindicado como suya esta pretensión liberticida que trata de otorgar impunidad a la violencia sindical; ni tampoco que Podemos la haya presentado este martes como Proposición de Ley al Pleno del Congreso, donde ha salido adelante gracias al apoyo del PSOE y de los separatistas. Lo que resulta escandaloso es que una formación como Ciudadanos se haya abstenido ante esta proposición de ley que trata de dejar impune la violación del derecho al trabajo y que trata el derecho a la huelga como si fuera poco menos que una obligación.
Recordemos que el artículo que se pretende derogar fue introducido en el Código Penal en tiempos de Felipe González, donde también se castiga –y con la misma severidad- a quien empleara las coacciones para "impedir o limitar el derecho a la huelga". Resulta, por tanto una rotunda falsedad afirmar, tal y como ha hecho el diputado podemita Alberto Rodríguez, que dicho articulo supone "un ataque a la libertad sindical y a un derecho constitucional", cuando lo cierto es que ese articulo viene precisamente a castigar la coacción sindical y la consideración del derecho a la huelga como si de una obligación se tratase.
No menos descaradamente falaz ha sido el socialista Rafael Simancas al asegurar que "los piquetes no son comandos violentos" y que "cuando se persigue a un piquete no violento se busca deslegitimar la acción sindical, y debilitar a los sindicatos es debilitar la democracia y los fundamentos que la sustentan". Lo cierto es que ningún artículo del Código Penal –empezando por el que nuestra izquierda, cada vez más radicalizada, quiere derogar- penaliza los "piquetes no violentos" que se limitan a informar a los trabajadores de la huelga. Lo que se penaliza es la coacción, la violencia contra los trabajadores que no quieren secundarla.
Con todo no menor es la desfachatez de Ciudadanos al justificar su bochornosa abstención a esta totalitaria pretensión de otorgar impunidad al matonismo sindical: A saber, que en la porposición de ley se incluye "el sobreseimiento de los casos en proceso o la revisión de las condenas". ¿Se ha de entender que de no tener este añadido Ciudadanos todavía defendería la impunidad para los piquetes violentos? Pues que sepan en Ciudadanos tanto que la retroactividad de los cambios legislativos sí es aplicable cuando benefician al acusado o condenado, como, sobre todo, que el amparo a este salvajismo sindical, con independencia de que tenga o no carácter retroactivo, nada tiene que ver con el liberalismo, por muy "centrista" y "progresista" que se considere. De hecho, no es admisible ni siquiera para la socialdemocracia que representa el PP o la que representó en su día Felipe González.