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Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco son las regiones más envejecidas de España

Tienen, junto a Castilla y León, un promedio de edad superior a los 45 años y más de un 20% de la población con más de 65.

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Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que proporciona trimestralmente el INE ofrecen una valiosa información. Su análisis, sin embargo, se centra en muchas ocasiones en la evolución del empleo o del paro, dejando de lado una parte de la población que merece una especial atención y que no es otra que la inactiva. La población inactiva se define como la mayor de 16 años que aún no se ha incorporado al mercado laboral por estar estudiando, que ya lo ha abandonado por haberse jubilado o que queda fuera por diversos motivos, tales como obligaciones familiares, enfermedad o efecto desánimo al considerar que no va a poder encontrar un empleo.

La población activa crece desde el año 2000

Desde el año 2000, el mercado laboral español se ha caracterizado por un notable incremento de la tasa de actividad. La proporción de la población mayor de 16 años que trabaja o que, estando desempleada, busca un trabajo ha subido en cerca de 10 puntos (8,95 puntos entre 2000 y 2016), tan sólo por detrás de Israel o Hungría dentro de la OCDE. En este mismo periodo, la tasa ha crecido en 4,4 puntos en Japón e incluso ha descendido en 4,6 puntos en EEUU.

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La principal causa del incremento de la actividad es la incorporación de la mujer al mercado laboral, ya que su tasa ha crecido en 17 puntos, superior a Italia o al Reino Unido, con 9 y 4 puntos, respectivamente.

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En cuanto al motivo de la inactividad, los datos de la EPA también indican que la población que se dedica a las labores del hogar ha descendido desde algo más de cinco millones en 2002 a poco menos de cuatro en 2017, mientras que el colectivo de jubilados, que hace 15 años era inferior al de las tareas domésticas, hoy supera los 6 millones.

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En este cambio de composición, la incorporación de la mujer al mercado laboral implica que mientras en 2002 la mitad de las mujeres inactivas se dedicaba a tareas domésticas, en 2017 es poco más de una de cada tres.

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El otro cambio más destacable ha sido el de las clases pasivas, que reciben algún tipo de pensión, puesto que ya supone la mitad de la población inactiva total, nueve puntos más que hace 15 años.

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Vinculado con los motivos de la inactividad, la EPA también nos indica las razones por las que la población inactiva no busca un empleo. El 23% ya está jubilado -para cuadrar con la población pensionista habría que sumar la que sufre una enfermedad y probablemente una parte de la que con más de 75 no encuentra empleo-, un 12% no puede trabajar pues tiene algún familiar a su cargo y un 16% realiza algún tipo de formación. Por otra parte, un 2% no busca trabajo por efecto desánimo.

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Sin embargo, según los parámetros que emplea la OCDE, el efecto desánimo afectaría al 3% de la población, con datos de 2015, de modo que España se situaría en la parte alta de la tabla, por encima del 2% de Reino Unido y el 1% de la media de la OCDE, Alemania, Francia o EEUU.

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El problema del envejecimiento demográfico

Por otro lado, si bien la tasa de actividad se ha incrementado en los últimos años, desde el 52% en 1977 hasta el 60% en 2013, el envejecimiento de la población va a provocar un descenso progresivo, hasta situarse en el 54% en 2029, según las estimaciones del INE. Así pues, el incremento de la actividad laboral que causó, en gran medida, la creciente incorporación de la mujer al trabajo se contrarrestará en el futuro con un mayor peso de la población jubilada.

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Geográficamente, este proceso estructural de envejecimiento, no afecta por igual a todas las regiones. En concreto, las situadas en el oeste tienen en 2016 una tasa de actividad inferior a la nacional, y las del noroeste tendrían, además, una tasa en 2029 inferior a la de 50 años antes. Este proceso de pérdida relativa de población activa sería especialmente grave en las autonomías del cantábrico.

En 2029, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco tendrían activa a menos de la mitad de su población en edad de trabajar -las tasa estimadas son del 46%, 43%, 47% y 47% respectivamente-, lo cual supone cerca de un 10% menos con respecto a la tasa existente en 1977.

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Estas cuatro comunidades del cantábrico más Castilla y León tienen un promedio de edad superior a los 45 años -mientras la media nacional es de 43 años- y, como mínimo, un 20% de la población con más de 65 años -mientras la media nacional es el 18%-. Estas comunidades son, pues, las más vulnerables al previsible envejecimiento de la población.

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Un futuro preocupante

En perspectiva, la población mayor de 65 años está incrementando su peso desde el 12% que registraba en 1987 al 19% de la población total en la actualidad. Esta tasa es casi idéntica a la de los menores de 20 años, cuando hace tres décadas era menos de la mitad.

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Si se agrupan estos dos tipos de población dependiente, bajo la hipótesis de que la población menor de 20 no trabaja -apenas lo hace un 1%-, se observa que, en los últimos 30 años, la población dependiente de mayor edad ha crecido un 80% si bien la población más joven desciende un 21%, por lo que el total crece un 8%, mientras que la población ocupada ha crecido un 58%.

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La tasa de dependencia agregada, por tanto, ha pasado de 1,4 dependientes por cada ocupado en 1987 a menos de 1 en 2017. Es decir, los que trabajan deben "sostener" hoy a una menor proporción de población que hace 30 años.

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Las causas de dicha evolución son diversas, entre las que destacan el crecimiento del empleo o el descenso de la natalidad, provocado a su vez, al menos en parte, por la citada incorporación de la mujer al mercado laboral.

En cuanto a las consecuencias, éstas son también múltiples. Por ejemplo, el cambio en la composición del consumo. Entre 1995 y 2015, el crecimiento deflactado -descontanto inflación- del gasto de los hogares españoles en educación infantil, primaria y universidad ha sido un 40% inferior al del total del consumo, mientras que el gasto en enseñanza secundaria en ese periodo ha descendido. Estos cambios han permitido destinar más gasto a nuevos hábitos de consumo y, en su caso, a un mayor ahorro.

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Los efectos en el corto plazo son, pues, de unas mayores posibilidades de consumo y ahorro. Sin embargo, en el medio plazo, y si se cumplen las previsiones, las perspectivas son de una menor población activa y, por tanto, de una decreciente tasa de empleo. En estos momentos, la evolución de la pirámide poblacional favorece un mejor y mayor estándar de vida y debería estar propiciando un mayor ahorro.

A futuro, por el contrario, esta ventaja se va a convertir en un grave problema si la natalidad no repunta o surge un nuevo ciclo migratorio positivo. Por ello, las familias españolas deberían, en la medida de sus posibilidades, retener un capital en forma de ahorro.

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