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Operación contra la UGT asturiana por el saqueo de los fondos para la minería

Fernández Villa está siendo investigado por el "indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos", tanto públicos como privados.

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José Ángel Fernández Villa, en el centro, en la fiesta socialista de Rodiezmo | Archivo

Los dirigentes de UGT en Asturias se enriquecieron ilícitamente con el dinero de los trabajadores. La sólida sospecha no es nueva, puesto que la Guardia Civil detuvo el pasado febrero a seis miembros de la cúpula, entre ellos quien fuera su máximo dirigente entre 2000 y 2016 Justo Rodríguez Braga. Los indicios señalan ahora que esta presunta trama desvió fondos del Montepío de la Minería, una mutualidad o mutua –entidad sin ánimo de lucro constituida con aportaciones de los mutualistas, los mineros en este caso, para tener acceso a unos servicios conjuntos– supuestamente saqueada por los jefes.

De acuerdo con estas impresiones, la UCO –Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– ha desplegado la denominada Operación Hulla en Oviedo y Gijón. La investigación está liderada por la Fiscalía Anticorrupción y está dirigida por el Juzgado de Instrucción nº4 de la capital asturiana. Según fuentes consultadas, existen órdenes de detención contra al menos cuatro altos responsables de UGT.

El agujero por el que los dirigentes de UGT Asturias habrían desvalijado la mutualidad es el proyecto para la construcción de una residencia geriátrica financiada con fondos del Montepío de la Minería. Se trata de un espacio ubicado en el municipio de La Felechosa, que fue inaugurado en 2012. Según los investigadores, se habrían generado sobrecostes sin justificar por más de dos millones de euros en la obra. El juzgado competente investiga desde abril presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, apropiación indebida y delito contra la Hacienda Pública, "sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos".

La cúpula de UGT

Figura en las actuaciones como principal imputado José Ángel Fernández Villa, exsecretario general de la filial minera de UGT, SOMA, procesado en otra causa por una supuesta apropiación indebida de 434.000 euros de trabajadores. En 2012 aprovechó la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones deeuros que mantenía ocultos hasta ese momento en efectivo. Según la investigación, podrían proceder de pelotazos como el de la residencia en La Felechosa.

En el marco de esta operación se han practicado registros y requerimientos a diversos organismos públicos y privados en Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia. Además de Fernández Villa, están investigados su más directo colaborador, el exsecretario de Acción Sindical del SOMA-UGT y expresidente del Montepío, así como los familiares más directos de ambos y otras personas.

Según la Fiscalía Anticorrupción, "se investiga el indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos, tanto públicos, obtenidos por medio de una subvención concedida en el año 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al Montepío de la minería asturiana". Entre las personas investigadas se encuentran también quien fuera asesor fiscal del Montepío, el arquitecto y autor del proyecto para la construcción de la residencia de mayores y el constructor, administrador de la mercantil adjudicataria del contrato.

Tras una denuncia presentada en 2015 por la Fiscalía, la investigación apunta a que los responsables de UGT Asturias se han apropiado de forma continuada de los fondos públicos para la formación de trabajadores. Como en otros territorios de España, habrían utilizado un organismo propio, el Instituto de Formación y Estudios Sociales, para generar gastos ficticios que les permitían quedarse con las subvenciones.

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