El número de personas condenadas por delitos de usurpación de ha multiplicado por siete entre 2008 y 2015. Hemos pasado de 488 a 3.278 sentencias condenatorias al año desde que estalló la crisis. El boom de la okupación es tal que, de acuerdo con el último informe del Instituto Cerdá, ya hay 87.000 inmuebles usurpados en España.
El pasado martes 30 de mayo, Santiago de Compostela se convirtió en el epicentro del movimiento okupa. Desde abril de 2014, un colectivo organizado había tomado ilegalmente el domicilio ubicado en el número 11 de la calle Algalia, en pleno casco histórico de la capital gallega. La actuación policial que procedió a desalojar el inmueble terminó en una auténtica batalla campal.
El Sindicato Unificado de Policía señala que la operación de desalojo se saldó con seis policías heridos. Frente a ellos, más de cincuenta manifestantes que se reunieron para boicotear el trabajo de los uniformados y protestar contra el fin de la okupación del inmueble. De hecho, fue necesaria la intervención de los bomberos, ya que los grupos pro-usurpación llegaron a incendiar varios contenedores de basura.
La reacción de Compostela Aberta
Compostela Aberta, el partido que ostenta el gobierno de la ciudad gallega, ha emitido un polémico comunicado en el critica "todo tipo de violencias" y pide "una reflexión de todas las personas, colectivos y fuerzas implicadas", argumentando que "este tipo de acciones solo vale par alimentar el discurso represivo".
El comunicado de la confluencia 'podemita' afirma que el inmueble okupado "no presentaba ningún problema de convivencia o de seguridad" y añade que los usurpadores "dotaban de actividad cultural a un edificio histórico y emblemático de la Zona Vieja. Por eso, lamentamos el uso desproporcionado de la fuerza en vez de la búsqueda de soluciones negociadas".
Desde Compostela Aberta van más allá y apuntan que "intervenciones desmedidas de la policía nacional fomentan y generan la aparición de problemas de convivencia donde no los había. Desde Compostela Aberta siempre defenderemos las manifestaciones culturales de iniciativa popular, incluidas las que optan por funcionar al margen de las instituciones".
Sanción… a los propietarios
Pero el gobierno local, vinculado a Podemos a través de En Marea, ha dado un paso más. Y es que, además del comunicado emitido por Compostela Aberta, el Ayuntamiento ha comunicado a los propietarios del inmueble que les abrirá un expediente "porque el tapiado de puertas y ventanas con bloques de hormigón incumple las normas urbanísticas del casco histórico".
El consistorio ha enviado ya a varios técnicos municipales al edificio, con el objetivo de revisar el tapiado que ha levantado la propiedad. Desde el equipo de gobierno municipal alegan que los dueños del inmueble "no contaban con una licencia de obra para levantar el tapiado". Por su parte,la delegación de gobierno ha señalado que el tapiado está amparado por el mandato judicial que dio pie al desalojo. Además, ha insistido en que lo ocurrido en el inmueble no es competencia del Ayuntamiento.