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El PSOE contra el CETA

El PSOE está obligado a exponer de modo razonado y exhaustivo los motivos objetivos que le han empujado a ese súbito cambiar de posición. Si es que existen, claro.

José García Domínguez
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"El comercio, al igual que la religión, es algo de lo que todo el mundo habla, pero muy pocos entienden: el propio término es ambiguo y en su acepción común no se explica con suficiencia". Lo escribió Daniel Defoe allá por 1728. Y desde aquel entonces no han cambiado demasiado las cosas. De ahí la confusión general a propósito de la naturaleza última de ese tratado con Canadá, el CETA, ahora repudiado por el PSOE. En tal cuestión, la del librecambio, las cosas resultarían mucho más sencillas para todos si se pudiera afirmar sin temor a error que los contrarios a ese principio constituyen una recua de ignorantes económicos. Pero resulta que no se puede decir. Y no se puede decir porque en absoluto resulta evidente que el aserto se ajuste a la verdad. Si la economía fuese lo mismo que la gestión empresarial, no habría problema. Nadie perdería nunca tras la apertura de los mercados nacionales a la competencia exterior. Pero la economía no es lo mismo que la administración de empresas: la economía tiene en cuenta otros muchos costes distintos a los que se reflejan en los libros de contabilidad mercantil. Así, la otra cara, la fea, del libre comercio suele ser la redistribución de las rentas entre las personas que viven de los sectores afectados por él. El libre comercio puede ser bueno y puede ser malo. En todos los casos, depende de dónde y a quién se aplique.

El Reino Unido se convirtió en la primera potencia mundial del siglo XIX gracias al librecambio. Al tiempo, Estados Unidos, al igual que Japón o Alemania, dejó de ser un país pobre, atrasado y agrícola merced a rechazar el libre comercio, adoptando por contra un feroz proteccionismo durante la mayor parte de su historia como país independiente. ¿Quién tenía razón? Todos tenían razón. Inglaterra abrazó la política comercial que le convenía. Y Estados Unidos hizo lo mismo. Los dos acertaron al aplicar principios filosóficos radicalmente contrapuestos en sus intercambios con terceros. En la Península Ibérica, Portugal siempre fue librecambista y España proteccionista. ¿Se puede decir que históricamente le fue mucho mejor a Portugal? Nadie, sospecho, se atrevería a afirmarlo. No obstante, lo primero que conviene saber a propósito del CETA es que no se trata de un acuerdo que verse sobre la libertad de comercio. Canadá y la Unión Europea no necesitan establecer la libertad de comercio en sus relaciones mutuas por la sencilla razón de que son las dos áreas económicas más liberalizadas del mundo. Los aranceles europeos y los canadienses ya están entre los más bajos del planeta. Por tanto, ese no es el problema. El objetivo del CETA no es bajar los aranceles, sino eliminar las llamadas barreras no arancelarias, una miríada de leyes y reglamentos nacionales de muy variada naturaleza y que, en última instancia, suponen una manifestación, si se quiere residual, de la soberanía del Estado-nación.

La segunda cosa que conviene saber sobre el CETA es que lo en verdad sustantivo e importante de su articulado todavía no ha sido aprobado. Se trata de dos asuntos nada poéticos. Por un lado, ciertos recortes arancelarios agrícolas (la agricultura siempre es la excepción en la laxitud arancelaria) aplicados a la producción canadiense que afectan a los intereses de los campesinos de la región de Valonia. Por otro, la creación de unos tribunales privados de arbitraje en los que las multinacionales podrían pleitear contra los Estados. Por último, en fin, también procede acusar recibo de que el CETA , a efectos prácticos, es exactamente lo mismo que el mucho más famoso TTIP. Cualquier multinacional norteamericana que disponga de una sucursal activa en Canadá, y todas las poseen, podría litigar contra las regulaciones nacionales de cualquier Estado europeo ante esos tribunales arbitrales que prevé el articulado provisional del CETA. ¿Y todo eso es bueno o malo para los intereses muy concretos de España? A priori, no se puede decir. De ahí que, amén de proclamar su rotunda oposición a la firma, el PSOE esté obligado a exponer de modo razonado y exhaustivo los motivos objetivos que le han empujado a ese súbito cambiar de posición. Si es que existen, claro.

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