En la guerra que asuela al PP, parecía que nadie se atrevería con Montoro. Y hete aquí que la Fiscalía Anticorrupción se querella contra Equipo Económico, el despacho que fundó el ministro de Hacienda y que cuenta con más exaltos cargos de ese mismo ministerio que parientes tiene Carmena colocados en el Ayuntamiento de Madrid. Naturalmente, Montoro dirá que él no tiene nada que ver con ese despacho, aunque al frente esté su hermano. Pero, con independencia de la enjundia del asunto, bastante escasa, y de que Montoro esté judicialmente a salvo, está claro que alguien se ha atrevido a tratar de empitonar al todopoderoso ministro. Son tantos los pececillos a los que ha estado tocando los cataplines que es difícil saber quién podría estar detrás. Podría incluso ser el propio Rajoy, que quiera reencontrase con sus desplumados electores sosteniendo la cabeza de quien los ha estado desplumando.
La publicación de las listas de morosos, una de las ideas del odiado personaje, es una agresión al Estado de Derecho. Se trata de personas que no están de acuerdo con las liquidaciones giradas por Hacienda y que creen, con mayor o menor razón, que no deben el dinero que se les reclama. Todavía hoy, no sabemos por cuánto tiempo, la última decisión de lo que está uno obligado a pagar al Fisco la tiene un juez. Lo que pretende Montoro con tan oprobiosa publicidad es desanimar a quien esté pensando en recurrir una liquidación con la que no está de acuerdo. Esto constituye una intolerable restricción del derecho a recurrir los actos de la Administración. A Montoro no le basta pleitear gratis, ni que tengamos que avalar o ingresar las sumas que nos reclama, ni se conforma con obligarnos a capuzarnos en el lentísimo sistema judicial español, gastar la hijuela en nuestra defensa y tener que llegar hasta la última instancia antes de que Montoro tenga que dar su brazo a torcer. Además, tiene que exponernos a escarnio público para que ni siquiera los que están dispuestos a arrostrar los muchos obstáculos ya existentes se atrevan a recurrir lo que Montoro dice que hay que pagar. Se ha vendido como valor superior de nuestra sociedad el de la solidaridad fiscal, que no es tal porque los impuestos no se pagan por solidaridad sino por obligación. Y una cosa es cumplir con la propia obligación y otra muy distinta es que Hacienda tenga que tener siempre razón cuando interpreta a su favor sus propias leyes, ésas que malredacta para que sean incomprensibles y admitan las más peregrinas interpretaciones, según convenga al malaje de Montoro.
No sé si ha abierto la veda. Ojalá. En cualquier caso, cuando caiga, ya sea mañana o pasado, en muchas casas correrá el champán. Yo, cuando menos, descorcharé una buena botella de sidra comprada con el dinero que Montoro haya tenido a bien no querer requisarme haciendo una excepción al principio de solidaridad fiscal.