Se pensará por algunos que lo mío con el Fondo Monetario Internacional es el resultado de un síndrome enfermizo inconfesable que, larvado, despierta con virulencia cada vez que la voz del órgano internacional se hace presente en los diversos medios.
Honestamente tengo que decir que nada de eso responde a la realidad. Tampoco, como algún mal intencionado ha sugerido, hay que buscar la causa en el hecho de que la dirección-gerencia del organismo sea ocupada, predominantemente, por franceses, país de gran esplendor en unos ámbitos pero muy carente en otros muchos.
La realidad es que, de los 73 años de vida del FMI, durante más de la mitad –42, no habiendo concluido su mandato la señora Legarde–, la dirección ha sido desempeñada por franceses, alguno de los cuales con problemas severos con la justicia, si bien en pocos casos éstos han forzado una dimisión.
En el inicio, y tratando de evitar problemas de acumulación de mandatos en los nacionales de un país, hubo un acuerdo, no escrito, que distinguía entre dos bloques, de modo que el director del FMI sería europeo y el del Banco Mundial, americano. Pero europeo, hasta donde yo alcanzo, no significa, necesariamente, francés; Europa son muchos y muy relevantes países.
De todos modos, nada de esto es la causa de mi consideración por el organismo internacional (FMI). Son sus vaticinios, su arrogancia, sus previsiones, además de tardías, de muy corta vigencia, en una sucesión de correcciones sobre correcciones que, a lo sumo, vienen a confirmar las ya hechas por los organismos propios del país, o por la misma Unión Europea.
En el reciente informe Artículo IV ni siquiera se cuida ya el lenguaje, quizá por alinearse con el aggiornamento del siglo XXI, según el cual los términos usados para describir cualquier realidad no necesitan significar lo que tales términos significan, sino que es el dicente quien les otorga el valor que erráticamente considera conveniente en cada caso.
Así, recomienda a los españoles y a su Gobierno qué deben hacer para garantizar la viabilidad futura de el sistema público de pensiones. Y, después de lo mucho hablado y escrito sobre el particular, aconseja: a) limitar la revalorización anual al 0,25 % –es decir, como está ahora–, b) retrasar la edad de jubilación –es decir, contravenir uno de los derechos de los cotizantes, ya establecido, además, en la última reforma laboral– y c) fomentar el ahorro de los particulares y su contratación de planes de pensiones privados.
Sólo han omitido la recomendación de recibir una cuantiosa herencia de un pariente en América que, complementando nuestra pensión, la haga más viable. Pero ¿por qué supone el FMI que el sistema hoy es viable? No se trata de discutir la viabilidad futura, sino la presente, de un sistema que, de suyo, es inviable.
Y, de una vez, que en sus informes opte por la alabanza o por la reprobación, no por las dos.