"Hacienda somos todos", rezaba una campaña publicitaria de la Agencia Tributaria. El objetivo de aquel esfuerzo era reducir la evasión fiscal en nuestro país y maximizar los ingresos de las arcas públicas. Pero el paso del tiempo no ha impedido que sigamos hablando sobre el peso que tiene el fraude fiscal en nuestra economía.
A esta cuestión va dedicado uno de los últimos informes elaborado por REAF-REGAF, el órgano del Consejo General de Economistas que se encarga de coordinar labores referidas a la asesoría fiscal. Según el documento en cuestión, podríamos decir que "el fraude fiscal somos (casi) todos". Y es que, según afirma la introducción misma del estudio, "la economía sumergida y el fraude fiscal no se circunscriben a casos de especial relevancia y significación, sino que conviven y se entrecruzan con actividades habituales cotidianas, en formas de las que no siempre somos conscientes".
Pero entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fraude fiscal? Según REAF-REGAF, una parte importante son las "actividades ilegales", como "la venta de drogas, los robos, la prostitución, el juego sin licencia, el tráfico de armas, el contrabando…". No obstante, también entran en esta categoría diversas "actividades legales", que el informe divide en tres bloques.
- El primero es el de la "elusión de impuestos y/o cotizaciones sociales": aquí entran "ingresos no declarados de autónomos, sueldos y salarios no declarados, derivados de actividades legales, descuentos de empleados, retribuciones en especie, intercambio de bienes y servicios de actividades legales, bricolaje o tareas del hogar"…
- El segundo es el del "incumplimiento de obligaciones laborales": con prácticas que no respeten las normas sobre salarios mínimos, jornada laboral, normas de seguridad laboral…
- El tercero es el del "incumplimiento de otras obligaciones administrativas": como el "incumplimiento de normas de calidad, características, homologación, registro…"
El documento de REAF-REGAF explica que hay importantes divergencias a la hora de medir todos los aspectos que configuran el tamaño de los movimientos económicos "en B". Así, si echamos la vista atrás y repasamos documentos referidos a la España de 1970, vemos que las estimaciones más bajas hablaban de una economía sumergida limitada al 3% del PIB, mientras que las más optimistas apuntan a un 17,6% del PIB. Esa brecha se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, los estudios para el año 2000 que cita el informe hablan de un intervalo mucho más limitado, comprendido entre el 15,9 y el 26,3% del PIB.
¿A cuánto asciende la economía sumergida?
Según los trabajos de Friedrich Schneider que cita el informe, el año 2013 se habría cerrado con una economía sumergida del 18,6% del PIB, que habría resultado en una pérdida recaudatoria de 39.167 millones de euros. Más abultados son los cálculos de Richard Murphy, que asumía una economía sumergida del 22,5% del PIB para el año 2009, con el consecuente agujero recaudatorio de 72.709 millones de euros. Conviene hacer, por tanto, un análisis pormenorizado de los datos recogidos en unos y otros informes, para ofrecer estimaciones más realistas.
Hecho ese trabajo de corrección, REAF-REGAF termina concluyendo que las estimaciones más fiables y actualizadas deben llevarnos a asumir que el tamaño de la economía sumergida es del 16% del PIB. Además, según el informe, el tipo fiscal que cabría aplicar a estas actividades debería situarse en el entorno del 25 por ciento. Esto permitiría aflorar alrededor de 26.000 millones de euros.
De acuerdo con el estudio, "poco bien se hace a Hacienda con afirmaciones de que el fraude fiscal es de 80.000 o 100.000 millones". Esta afirmación es un dardo en toda regla a los cálculos divulgados por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda al que suelen citar los dirigentes de Podemos para hablar de estas cuestiones. Según REAF-REGAF, "estas estimaciones no son sólo imprecisas, sino claramente excesivas. Los datos y estudios de contraste apuntan razonablemente a cifras muy inferiores". Y es que, mientras Podemos y sus afines dibujan un fraude fiscal centrado en las élites y cercano a los 100.000 millones, la realidad arroja una práctica extendida entre todas las capas de la población y limitada a los 26.000 millones, casi cuatro veces menos.