La última afrenta de la Generalidad ya tiene respuesta oficial por parte del Gobierno. El pasado miércoles, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, comunicó por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no va a remitir las certificaciones semanales de las cuentas regionales al Ministerio, tal y como se le había requerido por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 21 de julio para garantizar que el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) no se destina a actividades ilegales, como la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Ante tal situación de "ilegalidad", el Consejo de Ministros ha adoptado este viernes una serie de medidas para fortalecer el control del Estado sobre los pagos de la Generalidad y, de este modo, asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales y el cumplimiento de la ley. Tales decisiones entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se ha producido este sábado.
Estas nuevas medidas de control financiero, que serán explicadas por Montoro la semana que viene en el Congreso, se resumen en cinco puntos básicos:
1. En primer lugar, el Gobierno asumirá el pago directo de los servicios esenciales, lo cual incluye Sanidad, Educación, Servicios Sociales y nóminas de funcionarios. Su cuantía asciende a unos 1.400 millones de euros al mes. Cataluña deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales, con la firma de la Intervención General certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal.
Una vez recibida la información, el Estado no enviará nuevas transferencias de dinero a la Generalidad para pagar esos servicios, sino que abonará directamente tanto las facturas de los proveedores como las nóminas de los empleados públicos a partir del próximo octubre. Es decir, el Gobierno central pasará así a pagar buena parte de las nóminas y servicios públicos catalanes "durante el tiempo que dure la situación de excepcionalidad", según explicó el ministro durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros.
2. Por otro lado, el Gobierno requiere al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para que, en el plazo de 48 horas desde la publicación del citado acuerdo en el BOE, adopte y comunique a Hacienda un acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto restante de la Generalidad, es decir, sobre todas aquellas partidas no vinculadas con los servicios esenciales citados anteriormente.
Esto supone que la Generalidad no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios básicos, de cuyo abono ya se encargará el propio Gobierno central. Excepcionalmente, Hacienda, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial de este acuerdo de no disponibilidad siempre y cuando se justifique por razones de urgente y extraordinaria necesidad.
Si la Generalidad no cumple esta orden en el plazo de 48 horas, el Estado también asumirá el pago de estas partidas.Es decir, intervendrá todo el presupuesto de la Generalidad. Pese a ello, Montoro ha insistido en que estas medidas no afectarán en ningún caso a las competencias autonómicas de la Generalidad, tan sólo a la gestión y el desembolso de los pagos presupuestarios.
3. Además, este acuerdo, adoptado en el seno de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, se va a enviar a bancos y cajas con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero. De esta manera, si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. Además, a partir de la entrada en vigor de esta orden, cualquier pago de la Generalidad debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal.
4. Asimismo, a partir de su publicación en el BOE,todas las operaciones de endeudamiento de la Generalidad requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero.
5. Por último, todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la Generalidad o entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) para conseguir un mayor control de las mismas y garantizar su abono.
Según aclara Hacienda en un comunicado, "es verdad que estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalidad, pero no debemos olvidar que es al Estado al que le corresponde la dirección de la política económica del país, y que la estabilidad presupuestaria es un principio constitucional que el Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir".
Además, insiste que "no supone un control político" de la Generalidad, ya que el Gobierno en ningún momento suspende sus competencias. "Lo que sí supone es que el Gobierno del Estado pasa a asumir el control de la gestión de sus gastos, y lo hace en defensa de los servicios públicos, de la estabilidad presupuestaria y del interés general".
Rajoy habla con Sánchez y Rivera
Antes de la reunión del Consejo de Ministros, Mariano Rajoy telefoneaba a Pedro Sánchez y a Albert Rivera, dentro del canal de comunicación abierto con ambos en lo que a las medidas para frenar el 1-O se refiere. Fuentes de Ciudadanos aseguran que su respaldo al Ejecutivo en este asunto es "sin fisuras".
Casi al mismo tiempo que la reunión del Ejecutivo, la líder de Ciudadanos y de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ofrecía una rueda de prensa en el Parlamento autonómico en la que se dirigía a Oriol Junqueras para pedirle que "deje de meter la mano en el bolsillo de los catalanes para pagar ilegalidades".
Actuación de la Fiscalía
Montoro también ha enviado a la Fiscalía la decisión de la interventora de la Generalidad de acatar la orden del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de no informar de los gastos del Ejecutivo regional. "Lo que hemos hecho ha sido enviar a la Fiscalía esta situación", ha anunciado el ministro, quien ha recalcado la "obligación" de cualquier funcionario público de cumplir con la legalidad.
Montoro ha precisado que el envío a la Fiscalía de la actuación de la interventora general se ha realizado bajo "recomendación expresa" de la Abogacía General del Estado. Se he hecho, según ha dicho, "ante la actitud de alguien que no está ejerciendo sus responsabilidades con la justificación de que está obedeciendo a un superior".
Pero, ha insistido el ministro, ese superior "está colocado fuera de la legalidad no, lo siguiente" y ha recalcado que "cualquier funcionario que recibe una orden de un superior, a sabiendas de que esa orden supone la comisión de una legalidad, está sujeto a las consecuencias que significan el incumplimiento de la Ley".