El procés está dando lugar a episodios muy extraños. Alcaldes que no saben si obedecerán o no a los tribunales, parlamentarios que se llevan la impresora de casa al Congreso, partidos que no tienen claro si hay que obedecer al Tribunal Constitucional o a las leyes que el TC ha declarado nulas... Hay un cierto enloquecimiento colectivo en esta deriva que los nacionalistas catalanes aseguran que terminará en la votación del próximo 1 de octubre.
Pero siempre se puede dar un paso más. Y eso es lo que hicieron esta semana la consejera de Trabajo, Dolors Bassa, y el secretario de su departamento, Josep Ginesta, en la presentación del estudio "Los fondos de la Seguridad Social en Cataluña. Evolución financiera y principales indicadores que inciden en la viabilidad de las pensiones en Cataluña". El objetivo era lanzar la idea de que el sistema público de pensiones de la futura Cataluña independiente sería más "sostenible" que el actual de la Seguridad Social. Bassa y Ginesta incluso admitían que en estos momentos en su región había un déficit en esta cuestión, pero aseguraban que el agujero se cerraría en 2018. Según sus cifras, el déficit de la Seguridad Social en Cataluña el año pasado ascendió a 1.308 millones de euros, el 7,2% del total de España (que es de 18.096 millones) un porcentaje muy inferior al peso de la población catalana, del 16%.
A primera vista parecería algo más o menos normal. Más cifras en la guerra de la opinión pública que la Generalidad mantiene para intentar ganar apoyos ante el 1-O. En este caso, el objetivo sería tranquilizar a los pensionistas, con unas cifras que indican que el futuro estado independiente sería capaz de seguir pagando las prestaciones. El problema es que todas las conclusiones están basadas en una cifra falsa que no cuenta sólo las prestaciones de jubilación y que mezcla conceptos diferentes que ninguno de los ciudadanos que haya leído los titulares de las noticias pensará que están dentro de la ecuación.
Las 'cuentas'
Toda la presentación de la Generalidad gira en torno a los siguientes dos gráficos:
Todo parece más o menos normal. En la primera tabla aparecen las cifras del sistema de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de Fogasa territorializadas para Cataluña. Es decir, qué parte de los ingresos y gastos de estos organismos se recauda y se abona en la región. ¿Saldo final?: 1.308 millones de euros.
Luego, se coge esa cifra y se compara con el déficit total de la Seguridad Social: 1.308 M / 18.096 M, un 7,2% del total, cuando la población de la región supone el 16% del conjunto de la población española.
La Generalidad utiliza aquí un truco con una excusa técnica. En el reparto de déficit que España le envía a Bruselas y que se divide entre las cuatro grandes áreas de la administración (Central, Autonómica, Local y Seguridad Social) es cierto que en esta última rúbrica se agrupan las cuentas del Sistema de la Seguridad Social, del SEPE y de Fogasa. Pero claro, salir a la opinión pública y hablar de un déficit de pensiones de 1.308 millones, cuando eso incluye 2.154 millones de superávit del Servicio Público de Empleo, que está relacionado con cotizaciones por desempleo y subsidio del paro (y que, además, no está muy claro de dónde sale, porque se imputa casi el 90% del superávit total del SEPE a nivel nacional sólo a Cataluña)... pues un poco engañoso sí parece.
¿Cuál es entonces el verdadero déficit de la Seguridad Social, en lo que tiene que ver con las pensiones, en Cataluña? Pues aquí podemos entrar en otra discusión eterna. No hay una regla universalmente aceptada para imputar todos los gastos. Imaginemos a un pensionista que cotizó en Cataluña toda su vida laboral y se fue a retirar a su pueblo de Córdoba: ¿quién le debe pagar a este trabajador? ¿Se haría cargo del mismo la Generalidad en caso de independencia? ¿Cómo se reparten los gastos financieros y los gastos centrales del organismo? Es imposible dar una respuesta única. Pero lo que sí es posible es decir que los 1.308 millones son, como mínimo, una distorsión de la realidad.
Como puede comprobarse, en el mismo cuadro de la Generalidad catalana aparece una cifra más cercana a la que saldría de un debate honesto. Son esos 2.864 millones de déficit de la parte contributiva que la propia entidad reconoce. Es una cifra elevada y que no se equilibrará de aquí a final de 2018. También es cierto que no incluye ni gastos generales, ni prestaciones no contributivas ni otro tipo de conceptos. De hecho, el Ministerio, por boca del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, cifraba en más de 4.900 millones el déficit de las pensiones en Cataluña, es decir, casi la cuarta parte de los más de 20.000 millones que arrastra la Seguridad Social a nivel nacional. Y así, el debate racional es imposible: mientras unos dicen el 7% del total para un 16% de población, los otros ponen sobre la mesa un 25% para ese mismo 16%. Tampoco es extraño que en esta cuestión, como en muchas otras relacionadas con el referéndum, se produzcan este tipo de manipulaciones, medias verdades o engaños casi infantiles.
Hace unos meses, Convivencia Cívica Catalana (CCC) presentaba su informe Las Pensiones en las autonomías en el que intentaba recopilar la información más relevante sobre la situación de la Seguridad Social en las diferentes regiones en 2015, último ejercicio para el que disponemos de datos definitivos. De nuevo, no es una cifra cerrada, ni mucho menos, pero sí puede ser un primer paso para el debate. El gráfico fundamental del estudio es el siguiente:
Como vemos, Cataluña es la región que presenta un saldo deficitario más elevado en términos absolutos si sólo tomamos en cuenta cotizaciones sociales y pensiones contributivas. También es verdad que es una de las regiones más pobladas, por lo que puede que en términos relativos sus números rojos sean menores que los de regiones muy envejecidas como Asturias o Galicia (de hecho, lo son). En cualquier caso, lo que tenemos es:
- Hay cinco regiones con saldo positivo (Madrid, Baleares, Canarias, Melilla y Ceuta). Su acumulado es de 2.392 millones
- Las otras catorce tiene un saldo negativo acumulado de 20.030 millones
- El neto del conjunto del país es de 17.638 millones
- Los 3.193 de Cataluña suponen el 18,1% si tomamos el saldo neto total
¿Qué quiere decir esto? En una situación normal, sin todo el ruido asociado al 1-O, no significaría demasiado. La Seguridad Social española es deficitaria: no puede pagar las pensiones con lo que recauda con las cotizaciones. Y lo mismo ocurre a nivel regional en todos los casos salvo en esos cinco que apuntamos arriba. Esto implica que para pagar las prestaciones cada mes tiene que recurrir a inyecciones de dinero desde los Presupuestos o al mercado de deuda (durante unos años hemos tirado de la famosa hucha de las pensiones, pero ese recurso ya está prácticamente agotado).
A partir de ahí, la situación en Cataluña no es especialmente más grave que en el resto. Sí, el déficit es elevado, superior a su peso en la población, pero también es verdad que es una comunidad con un mercado laboral en una situación algo mejor a la media nacional (tanto en términos de salarios medios como si miramos la tasa de participación). ¿Podría pagar una Generalidad independiente las pensiones? Pues dependería de si decide recortar otras partidas, de si el nuevo país sufre o no fuga de empresas y trabajadores, de si tiene acceso a los mercados internacionales de crédito… Son muchas preguntas y no todas tienen una respuesta clara. De nuevo, hay mucho margen para el debate. Pero lo que sí es evidente es que, a día de hoy, en el año 2017, el agujero que esa hipotética Seguridad Social catalana con la que sueñan los independentistas sería mucho más grande que los 1.300 millones que han querido colar en las noticias esta semana.