Los salarios aún no han recuperado los niveles previos al estallido de la crisis. Según los datos de la Encuesta anual de coste laboral, los sueldos en términos reales, descontando el incremento del IPC en 2016, todavía se sitúan un 2,5% por debajo del nivel de 2008.
Si se observan en detalle las actividades relacionadas con el sector público, la caída salarial ha sido menor en la educación y en la administración pública y superior en la sanidad.
Dentro de estas tres ramas de actividad, los salarios en la Administración, que incluye el trabajo en oficinas de Defensa o Seguridad Social y que es mayoritariamente público, baja un 1,6% en términos reales, inferior, por tanto, al descenso medio que ha experimentado el conjunto de la economía, excluido el sector primario. En cuanto a la educación, donde el peso del empleo público es del 61%, la caída registrada es del 1,5%. Por último, en la sanidad y los servicios sociales, donde el peso del empleo público es del 48%, la reducción media ha sido del 6,7% durante la crisis.
Estos recortes en los salarios públicos están muy alejados de la cifras que manejan los sindicatos de funcionarios, que denuncian pérdidas de entre el 14% y el 20% de poder adquisitivo.
De hecho, los salarios de la rama Administración Pública no sólo han descendido menos, sino que son relativamente superiores al resto: 28.000 euros anuales, descontando el IPC, en comparación con los 25.000 en sanidad y los 22.000 en educación, incluyendo siempre los trabajadores del sector privado. El salario medio en esta última actividad es el único que se sitúa por debajo del promedio de la economía (23.000 euros).
Como hemos visto anteriormente, el empleo público representa el 97% de la actividad de la Administración y es mayoritario en la educación, pero se sitúan por debajo del sector privado en la sanidad. Estas circunstancias determinan que la principal actividad dentro del empleo público sea la administrativa (casi la mitad, un 46%), seguido del de la educación y sanidad (cerca de una cuarta parte cada una, con un 28% y un 26%, respectivamente), y ello pese a que el empleo total administrativo ha descendido un 3% desde 2008, cuando en educación y sanidad ha crecido un 6% y un 21%, respectivamente.
El empleo público, tras crecer entre 2008 y 2011, desciende desde entonces por el administrativo, la educación y la sanidad, aunque desde 2011 el empleo en estas dos ramas crece gracias al sector privado.
Por nivel de administración, desde 2008 continúa la descentralización de las contrataciones desde el Gobierno central, cuyo peso pasa del 19% al 17%, a las autonómicas, con un incremento desde el 54% al 57%. La evolución relativa ha sido menos negativa en la etapa de destrucción de empleo público: desde el nivel máximo alcanzado en 2011, la reducción de plantillas en la Administración Central ha sido del 16%, más del doble que en las CCAA.
Otro aspecto interesante del empleo público es su elevada temporalidad. En el inicio de la crisis, dicha tasa llegó a converger con la del sector privado, hasta el punto de alcanzar el 25% en 2010), mientras que en la actualidad se sitúa en el 23%, tras haber repuntado cuatro puntos porcentuales en la actual fase de recuperación.
Además, la duración media de los contratos con una duración de menos de tres años en el sector público ha descendido de 11 a 10 meses desde 2008.
En resumen, desde 2008, los salarios en las actividades relacionadas con el sector público han descendido en términos reales al igual que ha sucedido en el conjunto de la economía española, pero no más que en otros ámbitos. De hecho, en la rama de Administración, donde el empleo público es casi total, el descenso salarial es muy inferior a la media nacional.
Por otro lado, la evolución del empleo público ofrece algunas tendencias a destacar, como son el cada vez menor peso del sector público en la sanidad o en la educación, su progresiva descentralización hacia las CCAA y su elevada y creciente temporalidad.
A fin de cuentas, el diferencial en la temporalidad de España respecto del resto de la eurozona es incluso superior en esas actividades que en la de total de la economía. En este caso, las Administraciones Púbicas no están dando el mejor ejemplo en uno de los principales problemas del mercado laboral español.
