Dinero para aplacar al independentismo. Una respuesta que siempre ha estado ahí. Desde hace cuarenta años, con el nacimiento del Estado de las Autonomías, las cuestiones políticas siempre han estado entrelazadas con las económicas. Se habla mucho de patrias, naciones, sentimientos o lenguas... Pero al mismo tiempo flota en el ambiente la sensación de que si hay un acuerdo en temas de dinero, el resto se arreglará solo.
De hecho, se puede decir que todo comenzó con el Concierto Económico Vasco y el Convenio Económico Navarro, dos formatos que diferenciaban entre autonomías de régimen foral y de régimen común. Una distinción que nunca ha dejado de ser polémica. Las dos regiones forales apelan a sus derechos históricos y a la historia. En el resto de España se mira la concesión como un privilegio. Y desde el nacionalismo catalán se observa con indisimulada envidia: en su momento, Jordi Pujol rechazó el modelo, pero desde hace una década está en el primer lugar de la lista de exigencias del secesionismo (no se sabe si como excusa o para que sirva de ejemplo de la intransigencia de la que acusan al Gobierno central).
En esta recta final hacia el 1-O, el papel de poli bueno le ha tocado dentro del Gobierno a Luis de Guindos. Y por eso el ministro de Economía ha sido el que ha sacado, no ha negado o ha propiciado el debate sobre la cuestión del cupo catalán: es decir, la posibilidad de ofrecer a los nacionalistas un acuerdo en la financiación similar al vasco a cambio de que se olviden de este referéndum y de los que podrían venir en el futuro... aunque nunca queda claro hasta cuándo llegaría la tregua, porque el nacionalismo ya ha demostrado que cada cesión la interpreta como un primer paso para pedir algo más, nunca como un punto de llegada.
Más allá de la discusión de las últimas horas sobre lo que ha dicho o no ha dicho De Guindos, lo relevante es lo que implicaría el cupo catalán. Porque es una posibilidad muy real. Hay que renegociar la financiación autonómica y, quien más quien menos, de forma explícita o con indirectas, todos los partidos insinúan que "algo habrá que dar" al nacionalismo. Por eso en TV3 preguntan y repreguntan al ministro de Economía sobre el tema. Pero los interrogantes son otros: ¿se puede ampliar el esquema vasco a Cataluña? ¿Qué dirían el resto de regiones? ¿Y los vascos, siempre tan celosos de su peculiaridad?
Las dos caras del cupo
El problema, en este como en otros temas, es lo que se esconde detrás de las palabras. En este caso, "cupo catalán o pacto fiscal". ¿Qué significa en concreto? La respuesta parece fácil, un acuerdo de financiación similar al del País Vasco. Pero no es tan sencillo, porque también aquí hay dos caras y dos posibles significados: porque una cosa es la teoría (el convenio) y otra la práctica (el cupo).
Como explicábamos hace unos meses en Libre Mercado, cuando se cerró el último proceso de negociación entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco sobre el cupo, la teoría dice que el Convenio Económico Vasco es un sistema de financiación en el que las instituciones vascas recaudan los impuestos y luego pagan al Gobierno central por las competencias no transferidas (Defensa, Asuntos Exteriores...). De hecho, dentro del esquema teórico de este acuerdo habaría incluso margen para la famosa solidaridad entre regiones (es decir, para que el País Vasco pusiera su parte en la bolsa común que luego se reparte para financiar a las autonomías más pobres).
Este esquema -cada autonomía recauda y paga al Estado por los servicios que éste presta en su territorio- podría ser aplicado en todas las regiones: es el siempre traído y llevado modelo de corresponsabilidad fiscal. Se llame cupo o con otro nombre, el principio que subyace es que cada Administración se pague sus servicios e imponga a sus ciudadanos los impuestos necesarios para estos menesteres. Podría haber cambios menores (que el Estado siga recaudando algunos tributos) pero dentro del mismo principio general. De hecho, es un planteamiento que no está tan lejos del que puso sobre la mesa la comisión de expertos que el Gobierno convocó para que redactara un informe sobre el nuevo modelo de financiación económica. Al final, lo que los sabios de Montoro proponían es más competencias tributarias para los gobiernos regionales (por ejemplo, con un tramo de IVA autonómico pactado entre todos), un sistema más simple (con un único fondo de compensación y con reglas más claras sobre cuánto aporta cada una), manteniendo el principio de ordinalidad (es decir, las regiones más ricas, que pagan más impuestos también serían las que recibirían más transferencias del sistema) y la integración de las regiones forales al sistema de solidaridad interregional. Quizás no sea el Concierto vasco, pero tampoco habría tantas diferencias. Daría mucha más financiación a los ejecutivos autonómicos y también más autonomía para decidir cómo recaudar y cómo gastar.
El problema es que eso no es el cupo vasco. El cupo vasco es la traslación a la práctica de lo que dice el Convenio. Es decir, es la cantidad que se pacta de forma bilateral entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico cada cinco años. Y no, la realidad aquí tampoco se ajusta a lo que dice la teoría. La mayoría de los expertos cree que en realidad lo que acaba pagando el País Vasco con el cupo es mucho menos de lo que le correspondería si los cálculos no estuviesen contaminados por la negociación política. Sólo así se explica que en una de las regiones más ricas de España, sus habitantes sean receptores de ingresos netos (y por mucho) en el saldo final entre impuestos y gastos públicos (ver gráfico). Es el mundo al revés: en el País Vasco, con un sistema tributario en teoría progresivo, los ricos reciben más de lo que pagan.
Las cuentas
Dicho todo esto, la pregunta sería cuánto costaría dar a Cataluña un modelo similar al vasco. Y hay al menos tres o cuatro respuestas posibles.
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Si contamos el déficit de balanzas fiscales que la Generalidad publica cada año, estaríamos hablando de unos 16.000 millones de euros que desaparecerían de la bolsa del régimen común. Es la cifra que Expansión publicaba este viernes, citando un estudio de Ángel de la Fuente del año 2011 sobre el sistema de concierto vasco y su posible aplicación al resto de las autonomías.
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Es cierto que la cifra de la Generalidad no tiene demasiada credibilidad. Los cálculos están hechos con supuestos irreales, con los ingresos maquillados a la baja y los gastos al alza. Pero incluso un cálculo de balanzas fiscales más realista, como el que el Ministerio de Hacienda publica cada año, apunta hacia unos 9.000 - 10.000 millones. Eso es lo que aportaría Cataluña a la caja común y lo que se perdería si se equilibran gastos e ingresos, como quiere la Generalidad.
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Eso sí, hay que aclarar de nuevo que esto ni es un expolio ni un robo. De hecho, las balanzas fiscales dentro de Cataluña (lo que aportan y reciben de la Generalidad las cuatro provincias) dan un saldo negativo a Barcelona superior al de Cataluña respecto al resto de España. Siempre hay que tener en cuenta que las balanzas fiscales son un instrumento muy dado a la manipulación, en el que no existe un criterio único para imputar ingresos y gastos, que ningún otro país publica y que, si se calculan bien para el caso español, simplemente muestran que en las regiones de régimen común se cumple el principio fiscal básico de todos los países occidentales: los ricos pagan impuestos más elevados porque el sistema fiscal es progresivo.
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La siguiente posibilidad sería un sistema de corresponsabilidad fiscal con un fondo de "solidaridad interregional": es decir, una bolsa en la que cada región aportaría un porcentaje de su PIB y luego se repartiría para compensar a las comunidades con menos recursos o más necesidades de gasto. Aquí habría que decidir a cuánto ascendería ese fondo. ¿Al 3% del PIB, por ejemplo? Pues ese 3% del PIB catalán asciende a unos 6.400 millones de euros, no tan lejos de los 10.000 millones que aporta ahora según el cálculo de las balanzas.
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Por último, se podría pensar en igualar la situación real de cada catalán con la que tiene ahora mismo cada vasco según el principio de las balanzas fiscales en términos per cápita (ver cuadro inferior). En realidad, este resultado sería el más probable que saliera de una negociación política. ¿Es injusto? Sí, pero también lo es el cálculo actual del cupo. De esta manera, según el cálculo del Ministerio de Hacienda, cada vasco recibe (de media) en gasto público 1.547 euros más de lo que aporta en impuestos. A cambio, cada catalán pone 1.347 euros. Por lo tanto, para hacer un cupo catalán igual al vasco habría que igualar estas cifras, lo que supondría una diferencia de 2.894 euros por catalán. Según el INE, Cataluña tiene una población de 7.441.176 habitantes, por lo que la factura subiría a los 21.534 millones de euros. ¿Y quién pagaría esta factura? Pues el resto de regiones, que es como decir Madrid, la comunidad autónoma con el PIB per cápita más elevado de España y la que ya soporta dos terceras partes de las transferencias del régimen común... Eso sí, hasta que se agote la leche de la vaca madrileña, que puede aguantar mucho, pero no tiene una capacidad ilimitada. Si se instituyese un modelo como éste, España sería el único país del mundo en el que tres de sus cuatro regiones más ricas (País Vasco, Navarra y Cataluña) recibirían transferencias del resto.
