Malos tiempos para el delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid. Hace escasos meses, el político comunista fue imputado por prevaricación, malversación y delito societario. Ahora, la delegación de gobierno acude al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) e interpone un recurso con el que pretende frenar las "trampas" presupuestarias del consistorio.
La denuncia pretende inmovilizar distintas disposiciones adoptadas por el Pleno municipal a lo largo del verano. Los acuerdos en cuestión fueron adoptados el 28 de junio y el 20 de julio del presente año. En total, se trata de modificaciones presupuestarias valoradas en 160,9 millones de euros. Como adelantó Libre Mercado, el Ministerio de Hacienda tiene claro que la intención de Sánchez Mato era cambiar gasto de unas partidas a otras para evitar una aplicación efectiva de la Regla de Gasto.
Según el recurso, a la que ha tenido acceso este diario, "todos estos acuerdos son impugnables al ser todos ellos contrarios al artículo 25.1.a de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por constituir una vulneración indirecta de los acuerdos de no disponibilidad adoptados por el Ayuntamiento de Madrid".
A lo largo del verano, el gobierno se puso en contacto con el equipo de gobierno de Manuela Carmena, pidiendo al consistorio que revocase los acuerdos del 28 de junio y el 20 de julio. Los requerimientos, remitidos al Ayuntamiento de Madrid los días 25 de julio y 7 de agosto, fueron rechazados por el equipo de Ahora Madrid.
Esto ha motivado el recurso que ahora interpone la delegación de gobierno ante el TSJM. El Ejecutivo "solicita expresamente una medida cautelar de suspensión de las disposiciones impugnadas" y recuerda que los acuerdos de congelación de gasto no pueden modificarse directamente pero tampoco indirectamente, aumentando los desembolsos en otras partidas.
Un recurso contundente
Apelando a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la delegación de gobierno recuerda que su artículo 25.1.a señala que "no cabe incrementar el gasto con respecto a los capítulos y secciones del presupuesto" que quedan inmovilizados mediante los acuerdos de no disponibilidad de crédito.
Para el gobierno, el plan de Sánchez Mato es claro: busca "aprobar créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se refieren a capítulos y secciones del presupuesto bloqueadas por el acuerdo de no disponibilidad, lo que aumenta el gasto de las mismas y vulnera el artículo 25.1.a de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".
El recurso remitido al TSJM rescata las declaraciones del político comunista en el pleno del 17 de julio, en el que habló de "permitir la financiación atacada por los acuerdos de no disponibilidad" y solucionar "el recorte que le hubiera gustado imponernos al señor Montoro". En este sentido, la delegación del gobierno apunta que "cuando por parte del Ministerio de Hacienda se sostiene que el Ayuntamiento de Madrid está vulnerando las restricciones de gasto, no está sino reproduciendo la propia opinión del delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, que claramente admitió que las pretendidas inversiones financieramente sostenibles son el instrumento que sirve para sortear los acuerdos de no disponibilidad y disponer de partidas bloqueadas".
Por último, el Ejecutivo recuerda en su denuncia que, en el caso de que esta conducta quede impune, "cualquier entidad pública española (nacional, regional o local) carecería de incentivo alguno para sujetarse a la Regla de Gasto, comprobando cuán fácil le ha sido ala Ayuntamiento de Madrid eludirse de la misma, máxime cuando 2018 es víspera de año electoral en municipios y comunidades autónomas".