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Los inspectores de Hacienda quieren pagar a confidentes y actuar de incógnito

Presentan un proyecto de estatuto para la Agencia Tributaria en el que se recogen ambas medidas.

LM/Agencias
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El presidente de la asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José Luis Groba, ha aprovechado el XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado que arranca este juevs en Sevilla para volver a presentar una propuesta de estatuto para la Agencia Tributaria.

Entre las diferentes medidas que incluye el documento destacan dos: que puedan actuar sin conocimiento del obligado tributario y el pago a confidentes por denunciar presuntos fraudes fiscales. De este modo, los inspectores se convertirían en una especie de policía fiscal secreta, pudiendo vigilar y actuar de incógnito para perseguir a los contribuyentes, sin que estos sepan que están siendo investigados. "Se debería regular claramente un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa, evitando actuaciones por incitación al delito, o vulneración de algún derecho fundamental", según señala el proyecto.

Igualmente, los inspectores reclaman poder pagar a confidentes a cargo del presupuesto público por la denuncia de presuntas irregularidades tributarias. "La medida consiste en que la Agencia Tributaria puede disponer de fondos para pagar informaciones confidenciales de cuyo conocimiento se deriven el afloramiento o recuperación de cuota defraudadas, similar al que ya se dispone para el pargo de operaciones relacionadas con la persecución del contrabando", añade el texto.

Por otro lado, abogan porque la Agencia Tributaria se convierta en el recaudador único de las diferentes administraciones y que asuma la coordinación de la política tributaria del Estado en su conjunto. De aprobarse esta iniciativa, la coordinación entre administraciones también se vería reforzada con la unificación de organismos que existen en distintos ámbitos, como por ejemplo el defensor del contribuyente, y se completaría con un régimen jurídico propio en materia de personal. La puesta en marcha de un órgano de recaudación único pretende integrar la información sobre las deudas a cobrar y el patrimonio de los contribuyentes disponible en las distintas administraciones, con el objetivo de poner en marcha un sistema "muchísimo más barato, ágil y cómodo".

En materia de autonomía financiera, la asociación apuesta por utilizar de manera eficiente la posibilidad de aumentar el presupuesto de la Agencia en función de los ingresos derivados de sus actos de liquidación, lo que hubiera permitido contratar 3.000 funcionarios más que hubieran recaudado 1.122 millones de euros anuales.

Otra propuesta consiste en la creación de una oficina nacional antifraude para expedientes complejos y nuevas formas de recaudación y un organismo multidisciplinar con inspectores de hacienda, funcionarios del Ministerio Fiscal y una "policía fiscal" de nueva creación. Para la asociación, la delincuencia fiscal debería tratarse junto a otros fraudes ligados a ella, como la corrupción, el blanqueo de capitales o el contrabando.

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